En estos días en que el resultado de la reciente Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático es objeto de numerosos análisis y valoraciones, resulta relevante subrayar algunos hechos que han quedado puestos de manifiesto más allá de toda controversia. La energía es el elemento trasversal más importante para definir el modelo de desarrollo económico de un país o región, y su gestión y administración resultan claves para su competitividad. Además, la energía tiene un carácter estratégico en el reequilibrio de los centros de poder global, del nuevo papel del G20 y de los grandes países emergentes. Paralelamente, la protección del clima requiere que nuestras economías se hagan más sostenibles y reduzcan su intensidad en carbono.
Los tres puntos anteriores nos llevan al siguiente corolario: si España y Europa no quieren perder peso como agentes económicos en el escenario global, necesitan asegurar a largo plazo energía sostenible, competitiva y con garantía de suministro. Analicemos con mayor detenimiento las estrategias que pueden ayudar a alcanzar ese triple objetivo, tomando en consideración los escenarios futuros disponibles.
Nuestro consumo energético creció más del 40% entre 1994 y 2006, y según estimaciones de la Unión Europea, el consumo de energía primaria crecerá en España un 20% adicional hasta 2030, y la contribución de las renovables aumentará espectacularmente, casi triplicándose, hasta llegar al 15%. En este mismo periodo, el peso de los hidrocarburos pasará del 69 al 63%, por lo que seguirá constituyendo en 2030 la parte principal de nuestra dieta energética, aproximadamente dos terceras partes del total de la energía consumida. El mensaje, por ello, resulta claro: a pesar de que España prácticamente no posee hidrocarburos, los combustibles fósiles son, y seguirán siendo durante un largo tiempo, la espina dorsal de nuestro consumo energético.
Ello no significa minusvalorar a las renovables, a la nuclear o al carbón sino constatar que tenemos que hacer esta realidad todo lo sostenible que el clima del planeta y el bienestar de las generaciones futuras necesitan. En este sentido, no debemos perder de vista el bienestar de las generaciones presentes. El hecho de que actualmente 1.500 millones de seres humanos en todo el planeta no tengan acceso a forma comercial alguna de energía es un gravísimo elemento de insostenibilidad.
Además de la escasez de recursos energéticos propios (el grado de autoabastecimiento de energía primaria en España se encuentra en el 22%, frente al 50% existente en la Unión Europea), nuestra condición de isla energética nos plantea un acusado desafío en términos de garantía de suministro. Ello significa que la seguridad de suministro debe constituir una Política de Estado de primer orden, incluyendo como líneas de acción prioritarias: el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de las energías renovables y otros recursos energéticos propios, la diversificación de fuentes energéticas y de países suministradores, y el incremento de la interconexión energética con los países de nuestro entorno.
En este sentido, resulta fundamental para España incorporar la dimensión mediterránea en la política energética europea, ya que la natural preocupación por el suministro de energía procedente de Rusia no debe hacer olvidar la relevancia de otros países productores del norte de Africa y del Medio Oriente.
El segundo aspecto del triple objetivo es el de la competitividad. En una economía tan abierta como la nuestra, la eficiencia del sistema energético es un aspecto clave de la capacidad de las empresas españolas para competir. España cuenta con un sistema energético potente, seguro y flexible, pero para asegurar a largo plazo su competitividad es importante evitar distorsiones provocadas por la subvención a determinadas fuentes de energía. Sin duda, el déficit de tarifa en la retribución del sistema eléctrico es uno de los grandes desafíos para la buena salud del sector energético en España. Es clave identificar qué incentivos deben realmente ser considerados costes del sistema imputables a la tarifa, y qué otros corresponden a políticas de Estado que deberían ser financiadas por los presupuestos públicos.
En lo que se refiere a las energías renovables, busquemos un óptimo equilibrio coste-beneficio, incorporando una dimensión europea al desarrollo del mercado y a la financiación de la curva de aprendizaje, asegurémonos de que tengan una retribución equilibrada y de que la mayor parte de su cadena de valor se quede en España.
Terminaré refiriéndome a la necesidad de garantizar la producción y consumo de energía de una forma sostenible. En esta materia no puede haber dudas ni matices: todos tenemos que luchar contra el gravísimo problema que representa el cambio climático. La posición de la Unión Europea al respecto se expresa en tres compromisos trascendentales que deben alcanzarse en 2020: disminuir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar el 20% de renovables en el consumo final de energía y ahorrar un 20% en el consumo de energía primaria.
Con este objetivo, y dado que los combustibles fósiles continuarán siendo la fuente principal de energía en las próximas décadas, resulta imprescindible mejorar el perfil de sostenibilidad de los mismos, incrementando la eficiencia en su consumo y proporcionando el máximo apoyo al desarrollo de tecnologías como la captura y almacenamiento del carbono (CAC). La Agencia Internacional de la Energía estima que la CAC proporcionará un 10% de las reducciones de emisiones previstas en los objetivos para 2030. España, con la colaboración de las empresas energéticas, debe hacer una firme apuesta en este ámbito que nos coloque en una posición de vanguardia similar a la que ocupamos en energías renovables.
Respecto a la sostenibilidad del sector del transporte, resulta necesario seguir incrementando la eficiencia de los vehículos convencionales y fomentar también la introducción de los coches eléctricos, así como dar un mayor impulso a la producción de biocarburantes de segunda generación. En conclusión, el objetivo es conseguir una participación equilibrada de las distintas fuentes energéticas en la cobertura de la demanda primaria y final, beneficiosa desde el punto de vista de la sostenibilidad, viable desde la perspectiva económica, y favorecedora de la competitividad y el empleo.
Para lograr ese objetivo, España ha realizado una apuesta de gran transcendencia en el desarrollo de las energías renovables, que han dado un salto formidable en los últimos años. Aunque nuestro país no tiene un tamaño suficiente para desarrollar un nuevo modelo energético por sí solo, sí puede y debe, en particular durante este semestre de presidencia comunitaria, contribuir decisivamente a un modelo de dimensión europea, compatible con el compromiso de acometer las transformaciones que requiere la sostenibilidad del planeta. Es sin duda, una exigencia ética y una clara apuesta de futuro, que debe ir acompañada de un impulso a la I+D+i, fundamental para conseguir los objetivos de seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.
Esto requiere revertir la tendencia consolidada en los últimos años a nivel europeo. La inversión para fomentar el uso racional de la energía en 2007 supuso el 2,7% del total de fondos dedicados a I+D en la Unión Europea, mientras que una década antes era el 4,2%. El Plan Estratégico de Tecnologías de la Energía debe devolver al I+D energético su carácter prioritario, y España ha de jugar un papel protagonista.
La protección del clima y las tensiones recientes de los mercados energéticos mundiales nos obligan a repensar los paradigmas vigentes, y la recién iniciada Presidencia de la Unión da a nuestro país una oportunidad extraordinaria de situar esa reflexión en un contexto europeo.
Estamos en un momento idóneo para abordar las mejoras de nuestro sistema energético de manera que proporcione a España, a largo plazo, la energía segura, competitiva y sostenible que necesita para proyectarse al futuro.
Antonio Brufau, presidente de Repsol.