En la década de 2020, el mundo se enfrenta a desafíos sociales y climáticos que están provocando un enorme descontento en los ciudadanos. Además, la manipulación de la información con intereses políticos o de otra índole hace que muchas veces se mezclen los problemas de la desigualdad de la renta con otros, como la frustración de expectativas y la inestabilidad de una parte de los empleos. También se confunden los objetivos de una transición energética innovadora y sostenible con deseos loables, pero inalcanzables. La interacción entre los problemas reales y la manipulación está generando en los ciudadanos la percepción de que los Gobiernos no se preocupan por sus necesidades y son los culpables de sus frustraciones, y todo ello está poniendo en riesgo la gobernabilidad y debilitando las democracias. Son muchas las voces que alertan sobre esta situación.
El World Economic Forum, en su reunión anual celebrada el pasado mes de enero en Davos, se centró en estos problemas. Las discusiones enfatizaron el rechazo social hacia un modelo económico sustentado en empresas cuya única preocupación son los beneficios. Se insistió en que las empresas no solo deben aceptar su responsabilidad de rentabilidad para sus accionistas, sino que también deben velar por los intereses de los ciudadanos en general, y en particular, los grupos asociados con su actividad. El premio Nobel Joseph E. Stiglitz, en un artículo reciente señaló la importancia de la discusión de Davos para situar en el centro del debate público la necesidad de que las empresas atiendan los problemas de la presente década, y no solo la maximización del beneficio. Pero también insistió en que tal reconocimiento, siendo un paso necesario para el cambio de rumbo, no es suficiente. Se necesita más. Pero ¿qué más se necesita?
Para algunos, los mercados no están prestando los resultados que los ciudadanos necesitan, y concluyen, por tanto, que el mercado no sirve y es mejor abandonarlo. Otros señalan que los mercados han permitido el aumento masivo de los niveles de vida que disfrutamos hoy, así que conviene dejar que funcionen solos. Ambos grupos presentan puntos de vista correctos, pero también defectuosos. La Teoría Económica enseña que el mercado crea riqueza y bienestar en determinados entornos, pero que el mercado ni se preocupa por la distribución, ni resuelve los problemas asociados a las externalidades y bienes públicos. Y también enseña que la ausencia de competencia efectiva frena el bienestar de los consumidores y trabajadores y aumenta los beneficios empresariales. Por ejemplo, a pesar de que las fuerzas del mercado han creado una gran riqueza en los países industrializados y, más recientemente, en China, los mercados no han generado riqueza para amplias capas de población. Además, las empresas han actuado como motores para eliminar la competencia de los mercados y alentar la contaminación ambiental.
Parece, por tanto, que se necesitarán nuevas reglas para ordenar los resultados de las economías de mercado. Sin embargo, tan importante como el establecimiento de nuevas reglas es el compromiso de las empresas con ciertos estándares de comportamiento. No basta con el cumplimiento de las normas legales, las empresas tienen además que contribuir activamente a evitar los desórdenes y fallos de los mercados. Ello empujará a un nuevo capitalismo que atienda al bienestar y la prosperidad de todos los ciudadanos, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Tres frentes de actuación empresarial aparecen como prioritarios en la presente década: los problemas derivados de la escasa competencia de los mercados, la provisión adecuada de los bienes públicos y la corrección de las externalidades que destruirán el bienestar de las generaciones futuras que ahora carecen de voz y voto.
En primer lugar, es necesario atender a la falta de competencia de los mercados y la asimetría de poder entre consumidores y trabajadores, de un lado, y las empresas, de otro. El mercado competitivo genera asignaciones de recursos eficientes, pero el monopolístico no. Las tecnologías del siglo XXI requieren tamaño para aumentar la eficiencia y la productividad. Este incremento continuado en el tamaño de las empresas —al que es difícil renunciar— reduce la competencia y además aumenta la capacidad de las empresas de controlar el poder político e implantar normas que les favorezcan. Aunque el fortalecimiento y revisión de normas de competencia es una tarea pendiente, más importante aún es el compromiso empresarial con buenas prácticas de atención y respeto a los consumidores, trabajadores y toda la cadena de valor. Ello significa que deben responsabilizarse de que sus trabajadores tengan salarios justos y puestos de trabajo estables acordes con la productividad y con las necesidades de los procesos productivos. También significa cuidar de toda la cadena de proveedores y trabajar solo con proveedores que se adhieran a prácticas sociales y ambientalmente sostenibles.
En segundo lugar, a las empresas no les corresponde la provisión de los bienes públicos. Pueden hacer filantropía, pero la provisión de bienes públicos corresponde a los Gobiernos. No obstante, sí concierne a las empresas el compromiso de que los Gobiernos establezcan fórmulas sostenibles para proveer a la sociedad de bienes públicos, en particular sanidad, educación y protección social. La fórmula más tangible de demostrar tal compromiso es el pago de una cuantía adecuada de impuestos, es decir, de acuerdo con los beneficios efectivos obtenidos en cada país y no en función de los resultantes de imputaciones contables ad hoc. Las fórmulas de elusión fiscal, aunque sean legales, tienen que ser desterradas de las prácticas empresariales.
En tercer lugar, las empresas deben implicarse en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El límite de incremento que el consenso científico ha marcado como punto de no retorno son los dos grados centígrados. Las empresas deben aceptar compromisos específicos con la descarbonización de las economías promoviendo la transformación del modelo de producción y consumo hacia uno de bajas emisiones, y desarrollando las tecnologías que permitan liberar carbono de la atmósfera. De nuevo, esta responsabilidad debe alcanzar al perímetro de las empresas y al de toda su cadena de valor.
El Foro Económico Mundial 2020 ha insistido en la necesidad de conseguir un capitalismo más consciente, sostenible y cohesionado. El reconocimiento del problema es un primer paso. El compromiso de las empresas con ciertos estándares de comportamiento es un paso más. Pero no bastará con el compromiso, hará falta una cuantificación de los impactos de la actividad de las empresas sobre los elementos que configuran el bienestar de la sociedad. Las empresas, hasta ahora, han presentado sus balances y cuentas financieros a los inversores. Ahora, los inversores —en nombre de los consumidores, de los trabajadores y las futuras generaciones— también necesitan unos balances y unas cuentas, con métricas cada vez más estrictas, de los beneficios y costes sobre los ciudadanos que se derivan de su actividad. En definitiva, el nuevo capitalismo necesita reconocer que tiene que ofrecer un mejor equilibrio entre Gobierno, mercados y sociedad civil y demostrar que lo está haciendo.
Paulina Beato es técnica comercial, economista del Estado y catedrática de Análisis Económico.