Hacia un nuevo contrato social

La evolución de las sociedades humanas siempre ha ido de la mano de las nuevas tecnologías y hoy sabemos a ciencia cierta que aquellas mas libres y creativas en dicho ámbito han venido siendo las mas civilizadas y prósperas.

Sin embargo, y pesar de su importancia, la tecnología sólo recientemente se ha convertido en una palabra de moda. En el pasado apenas si formó parte del análisis y teorías económicas y sociales. La famosa Ilustración que tan doctamente trató de entender, explicar y divulgar la evolución del mundo –sobre todo el europeo– no perdió el tiempo, al menos sus principales apóstoles, en analizar la evolución tecnológica ni sus impactos en el desarrollo de las sociedades. Por eso sus análisis históricos presentan tantos fallos, incluida su errónea –por inconsistente– interpretación de la caída de Roma, gracias a la cual y en contra de sus suposiciones, se abrieron de par en par las puertas en la Edad Media a la primera revolución tecnológica e industrial y con ella al posterior esplendor europeo.

Con el despliegue de la 5ª ola tecnológica, la de las TIC, dejó de ser concebible un discurso ilustrado al margen de las nuevas tecnologías. Y es esta nueva perspectiva intelectual la que obliga a un fructífero diálogo filosófico, social, político y jurídico con el último estado del arte tecnológico digital.

Hace más de una década que me atreví a sacar a la luz una tesis que enuncié así: «Por primera vez en su historia España tiene su reloj tecnológico en hora». Desde entonces ha sido empíricamente corroborada e incluso cuenta con seguidores tan sobresalientes como el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete.

Vemos el porqué de esta vigente aseveración:

Desde comienzos del expansivo mercado de la telefonía móvil y merced a una política –impulsada por el sector industrial– que incentivó la competencia en el despliegue de redes, España lideró la cobertura radioeléctrica hasta el punto de que si un paracaidista provisto de un teléfono móvil cayera por azar en España la probabilidad de conectarse a una red sería la más alta del mundo. Y en la nueva tecnología, G5, también estamos en primera fila.

La fibra óptica, epítome material de las metafóricas autopistas de la información, ha sido desplegada en España a una velocidad extraordinaria: hoy disfrutamos de unas redes de muy alta velocidad que superan a las de Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, no solo por separado: también a todos juntos.

El parque español de Smart phones, sumamente extenso, viene siendo desde hace años el más actualizado de Europa; mientras que somos destacados líderes en Whatsapps.

El prestigioso informe anual de la Comisión Europea, Digital Economy and Society Index, sitúa a España no sólo por encima de la media; ocupamos el primer lugar por uso de las tecnologías digitales en las administraciones públicas y estamos en los primeros puestos en conectividad y usuarios de Internet. Nuestras PyME, por cierto, están también razonablemente situadas.

Estamos muy mal en capacitación digital, como consecuencia de nuestras pésimas políticas: educativa y laboral.

La lengua española disputa al Inglés -ya que el Chino es una lengua doméstica- el dominio de las redes: Facebook, Linkedin, Twitter, Wikipedia, etc con sus casi seiscientos millones de usuarios.

En la justamente deprimida España de nuestros días, es muy saludable poder dar cuenta de aquello –cada vez menos– que nos sigue vinculando con el Primer Mundo, mientras estamos en manos de un gobierno que hace todo lo posible por conducirnos a toda prisa al Tercero.

Los avances tecnológicos y la velocidad a la que se suceden definen cada vez más el futuro de las naciones, de tal modo que su éxito depende de la mejor adaptación posible de la sociedad -en sentido amplio– con los procesos de cambio continuo que abren oportunidades y desafíos por doquier.

En el presente, los desafíos más inmediatos y ya a la vista se presentan en el mundo de Internet de la mano del big data, la privacidad, el valor de los datos personales, la contribución de los algoritmos a la modelización de las decisiones y la inteligencia artificial como nuevo atributo de las cosas, cada vez más en boga.

Frente a la situación descrita, las sociedades y los gobiernos pueden adoptar dos posturas: esperar a ver qué pasa o anticiparse a los acontecimientos, comprenderlos, valorarlos y conducirlos, para –hasta donde se pueda– participar de los mejores resultados posibles mediante: un conocimiento vasto y profundo de los cambios tecnológicos, una reflexión ética sobre los mismos, una regulación adecuada de las nuevas actividades y, sobre todo, la generación de información pedagógica para conformar una cultura de nuevos valores que dote a la sociedad de respuestas frente a los emergentes derechos y obligaciones , mientras advierte de sus riesgos y oportunidades.

Salvadas las distancias, si la escolástica española creó el derecho de gentes al hilo del descubrimiento –de base tecnológica y empresarial– de América, no hay ninguna razón para que España no sea, de nuevo, pionera hoy en la comprensión de los grandes cambios sociales provocados por el último estado del arte tecnológico digital conformado por los algoritmos y la inteligencia artificial que están abriendo las puertas al nuevo paradigma de nuestro tiempo: la ciudadanía digital.

La regulación del uso social de los algoritmos y la inteligencia artificial no debe quedar solo en manos de los políticos. La sociedad civil debe hacer valer sus conocimientos –mucho más amplios, profundos y desprejuiciados que los asociados a la política– sobre tan críticos asuntos para enriquecer y legitimar la acción del Gobierno.

Asumiendo el descrito desafío, el Foro de la Sociedad Civil y el Instituto de Empresa han unido sus acreditadas capacidades intelectuales y profesionales, para al cabo de más de un año de trabajo conjunto sacar a la luz un documento: Ciudanía Inteligente: Hacia un nuevo contrato social en la era de la Inteligencia Artificial, que resulta: muy oportuno y pionero, útil, serio, cosmopolita -su versión inglesa circula en las redes científicas de EEUU–, y sobre todo una sólida guía para una responsable acción gubernamental.

El nuevo contrato social que exigen las nuevas tecnologías no puede depender en exclusiva de la iniciativa institucional o del desarrollo de un marco legislativo estable, puesto que la dinámica extremadamente volátil de la propia evolución tecnológica hace muy difícil la existencia de estabilidad normativa. Nadie mejor que la sociedad civil para demarcar el perímetro de la intimidad de los ciudadanos y cómo queremos que nuestros datos sean utilizados.

Jesús Banegas es presidente de Foro Sociedad Civil.

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