Hacia un nuevo México

Acompañando, el pasado 1 de diciembre, a S.M. el Rey en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, al que todos llaman AMLO, como nuevo presidente de México, pude comprobar, una vez más, el respeto y la simpatía que suscita Felipe VI. Y también presenciar un relevo presidencial que reclamaba ser, en palabras del nuevo presidente, un cambio de régimen político.

La victoria de AMLO es abrumadora. Con el 53 por ciento de los votos, más de treinta millones en todos los sectores sociales, ganando en todos los Estados menos en uno y con el control de ambas cámaras del Congreso, tiene sobrado capital político para aplicar su agenda. Y desde su toma de posesión ha desplegado una infatigable actividad, presentado el presupuesto y recorrido el país, bien consciente de que esta oportunidad histórica no puede fracasar.

Pero también Peña Nieto tuvo unos inicios prometedores y llevó a cabo importantes reformas. ¿Qué razones explican, seis años después, tan abrumadora victoria de su rival? Los mexicanos me dieron la misma respuesta: no se podía seguir así, habíamos llegado a un límite.

La corrupción y la violencia fueron las dos razones de haber alcanzado un punto de no retorno. No se trata solo de la generada por empresas y poderes públicos, pues esta se había extendido al ámbito privado y en palabras de la autora María Amparo Casar, había «alcanzado el nivel de norma social». Según sus datos, a un hogar medio de México la corrupción le cuesta un 14 por ciento de sus ingresos, y el 33 por ciento a un hogar que percibe el salario mínimo, lo que hace de la corrupción «un impuesto regresivo».

En cuanto a la violencia, esta es abrumadora. Según cifras oficiales, en 2017 hubo una media de más de setenta homicidios dolosos al día. Junto a estos dos factores hay que añadir, como causas que reclamaban el cambio, el débil crecimiento económico y los elevados niveles de desigualdad.

AMLO intervino en dos ocasiones en el día de su toma de posesión, de su protesta, como dicen en México. En el Congreso, y en la plaza del Zócalo ante las comunidades indígenas y miles de sus seguidores. En sus dos intervenciones anunció un programa de reformas con tres grandes prioridades que reflejaban las causas de su victoria: la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad y contra la desigualdad.

Planteó gran cantidad de proyectos concretos, como un nuevo cuerpo de seguridad, parecido a nuestra Guardia Civil, para reducir la criminalidad, un programa de austeridad que incluye reducción de sueldos en la Administración, la venta de activos del Estado y construcción de grandes infraestructuras como el llamado «tren maya».

AMLO no olvidó el fenómeno migratorio, bien presente en los miles de centroamericanos que habían atravesado el país rumbo a la frontera norte, al anunciar que buena parte de esos proyectos se desarrollarían en el sur para ofrecer así puestos de trabajo a los emigrantes, y la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Integral con Guatemala, El Salvador y Honduras para que la emigración no sea forzada por la falta de trabajo, el miedo y la inseguridad.

El nuevo presidente ha puesto en evidencia su voluntad de ejercer un fuerte liderazgo personal, acompañado de consultas populares, como la muy controvertida sobre el destino del nuevo aeropuerto en construcción de la capital. Al mismo tiempo, todos los analistas consideran que México necesita fortalecer sus instituciones. Compatibilizar ese triángulo de un liderazgo personal fuerte, el recurso a consultas populares y el fortalecimiento de las instituciones será uno de los retos a los que tendrá que hacer frente en su presidencia.

Otro será cómo dotarse de recursos para llevar a cabo su ambicioso programa. AMLO ya ha anunciado que no aumentará impuestos ni el endeudamiento público, porque cree que tendrá suficiente con los programas de ahorro, venta de activos y recursos obtenidos en la lucha contra la corrupción. Algo que no parece tan evidente. En cualquier caso, se va a necesitar el apoyo decidido de la inversión privada para complementar los recursos del Estado. Ello, a su vez, requiere de un clima de seguridad jurídica que garantice al capital reglas claras y respetadas.

Ante el cambio en México, que coincide con el cuarenta aniversario de nuestra Constitución, es bueno señalar que en 2019 se cumplen ochenta años de la llegada al país del exilio republicano, como pude recordar en mi visita al Ateneo, institución creada por esos españoles que, ellos sí, merecían ser llamados exiliados. Hoy este sigue adelante por la determinación de sus socios, los pocos supervivientes de esa época junto a sus hijos y nietos, que se esfuerzan en preservar ese legado. Fue particularmente emocionante escuchar sus testimonios y ver los documentos y libros de la época. Por ello hay que saludar que el nuevo presidente de México mantenga vivo ese compromiso de solidaridad con los emigrantes de los países de su frontera sur. Y expresar la voluntad de España de acompañarle en el éxito de esta nueva etapa de México.

Josep Borrell es ministro de Asuntos Exteriores.

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