A medida que avanza el 2014, por todas partes parece haber señales de una relación regulatoria que se deshilacha entre la Unión Europea y Estados Unidos. Las nuevas regulaciones estrictas de la Reserva Federal de Estados Unidos para los bancos extranjeros han incitado a la Comisión Europea a amenazar con represalias. Todo el progreso realizado en materia de reconciliar las reglas de Estados Unidos y la UE sobre derivados -una de las principales causas de la crisis financiera- se ha desbaratado. Y los planes de la UE y el Reino Unido para proteger los depósitos bancarios van camino a diferenciarse cada vez más en forma y sustancia entre sí y con respecto a la recientemente aprobada regla Volcker en Estados Unidos.
Sin embargo, la lección que la mayoría de los observadores extraen de estas disputas de un perfil cada vez más alto -que, incluso con una regulación financiera, la política del poder se impone al bien común- es incompleta. Después de todo, las disparidades regulatorias no son sólo el producto de intereses nacionales divergentes; con qué grado de eficacia se ejerce y se practica la diplomacia también juega un papel importante.
Por ejemplo, un estudio reciente destacaba la imposibilidad por parte de los líderes del G-20 de definir una hoja de ruta coherente y realizable para implementar la agenda de reformas financieras anunciada después de la crisis de 2008. Durante gran parte de la década pasada, los jefes de Estado les han venido reclamando a los reguladores que enfrentasen las cuestiones importantes, como los estándares de capital, junto con otras cuestiones como los derivados de venta libre y las reformas de las calificaciones de crédito. Pero, durante este período, los funcionarios actuaron más o menos según su criterio y así los problemas se abordaron en base a ciclos económicos y políticos diferentes.
Las disparidades radicales entre la cultura de creación de reglas de Estados Unidos y de la UE no hacen más que exacerbar el problema. A diferencia de Estados Unidos, donde agencias independientes lideran el proceso de creación de reglas según dictados parlamentarios, los actores legislativos en Bruselas y Estrasburgo -la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo- son quienes establecen las agendas regulatorias y escriben las reglas. Y, aunque agencias de la UE como el Banco Central Europeo estén asumiendo un porcentaje cada vez mayor de responsabilidad regulatoria, las divergencias en los procedimientos de toma de decisiones siguen afectando el nivel y la naturaleza de la coordinación transatlántica.
Para peor, las reformas de mercado y monetarias rara vez convergieron, y la creación de reglas pasó a depender en parte de las decisiones de agencias e instituciones dispares. Cumplir con los estándares de capital mejorados de Basilea III, por ejemplo, es algo que va más allá de las reglas; requiere la recapitalización de los bancos -un proceso que se está demorando más en Europa que en Estados Unidos, en parte porque la eurozona ha tenido que negociar mecanismos de financiación para bancos y gobiernos con problemas de caja. Ahora esas demoras plantean dudas en Estados Unidos sobre el compromiso de la UE con la reforma.
Todos estos problemas reflejan el simple hecho de que los responsables de las políticas carecen de las herramientas apropiadas para llevar a cabo una diplomacia regulatoria en un mundo de reforma de mercado dinámica. Los medios convencionales para hacerlo -reconocimiento mutuo y cumplimiento sustituto- fueron desarrollados en un contexto en el que los países se incentivarían mutuamente para elevar los estándares facilitándoles a los extranjeros el acceso a los mercados internos una vez que las regulaciones en sus países se asemejaran a las propias. Ninguno de estos mecanismos prevé una situación en la cual todos los países simultáneamente busquen mejorar sus sistemas financieros en una variedad de sectores.
Mientras tanto, el foro tradicional para las conversaciones de la UE y Estados Unidos, el Diálogo Regulador de los Mercados Financieros -que reúne a los reguladores con intervalos irregulares para discutir, una por una, las listas de regulaciones-, muchas veces es demasiado lento y elusivo.
La buena noticia es que los responsables de las políticas en Europa y Estados Unidos tienen opciones para eliminar los obstáculos estructurales. Deberían empezar por desarrollar un nuevo "kit de herramientas" para ayudar a los países no sólo a cumplir con los estándares existentes, sino también trabajar en conjunto para mejorar los estándares en un contexto de mercados rápidamente cambiantes. Ya sea que se implementen como parte de las conversaciones del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión o de manera informal, los programas de reconocimiento mutuo y cumplimiento sustituto deberían volverse más sólidos y, a la vez, ofrecer los mecanismos procesales para coordinar la creación de reglas y los procesos administrativos en tiempo real. Es más, los mecanismos de coordinación deberían ser -en la medida de lo posible- procesos basados en objetivos que se midan en base a los compromisos y las mejores prácticas internacionales.
Finalmente, dada la interface entre la supervisión financiera y las relaciones monetarias, debería restablecerse el Diálogo Regulador de los Mercados Financieros junto con las reuniones de autoridades del tesoro y banqueros centrales del G-20. En lugar de depender del Consejo de Estabilidad Financiera multi-regional para debatir sobre las diferencias y fijar el ritmo regulatorio, se debería alentar a los reguladores de la UE y Estados Unidos a presentar soluciones y reformas conjuntas para una mayor consideración internacional.
Evidentemente, reformar la arquitectura regulatoria transatlántica es sólo parte de lo que se puede en materia de diplomacia financiera, y los intereses nacionales siempre serán importantes. Pero, en un mundo de flujos de capital de billones de dólares y de apuestas cada vez más altas en un sistema financiero global sólido, hasta los progresos más modestos pueden marcar una gran diferencia. La existencia de mejores mecanismos de confección de reglas es un buen lugar para empezar.
Chris Brummer is Professor of Law at Georgetown University Law Center and Project Director of the Atlantic Council's Transatlantic Finance Initiative.