Hacienda no es para tanto

Cristóbal Montoro cerró su primera temporada como ministro de Hacienda (las segundas siempre son las mejores) avisando del impacto económico de una promesa socialista: la de equiparar las parejas de hecho con el matrimonio. El día anterior Rouco había abandonado el terreno de las almas para advertir que si los gais podían casarse se produciría una quiebra de la Seguridad Social, que fue lo más cerca que estuvimos de ver a Cristo preguntando por la inflación antes de los panes y los peces. Montoro añadió que si las ventajas económicas eran para todos crecería el gasto público, y por tanto aumentaría el paro. Había algo más en esa teoría complejísima, pero el ministro pasó de largo: consiste en que el problema de la caja no es que vivamos mucho, como dijo Lagarde, sino que vivamos sin cotizar. En una economía ideal un hombre se jubila saltando por la ventana. No le vas a pagar la pensión a un muerto, aunque Fraga en su momento los llevase a votar aún no sé si presencialmente.

Hubo algo más, esto ya anecdótico: en 2003 Montoro se felicitó de que las familias se endeudasen con la vivienda porque era una “muy buena noticia”. Y antes había tenido que prescindir de su número dos, el secretario de Estado Enrique Giménez-Reyna, porque su hermana era Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera. Gescartera fue una obra magnífica en tiempo de paz producto de la mente de Antonio Camacho, un treinteañero que se vestía como el Bigotes, también moralmente, y de la protección del Gobierno. Estafó 120 millones de euros a huérfanos de la Guardia Civil, monjas, ciegos y, en el colmo de la degradación, perdidos todos los valores, a Los Del Río: casi no salimos de aquella. A Pilar Giménez-Reyna se le encontró en su diario la nota: “Gran deuda con Hacienda no será problema. Con H se puede negociar y es el activo más importante”. Cayeron todos menos Montoro, incluida la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, de la que se sospechó cómplice de las artimañas de Gescartera para evitar los controles del organismo que presidía. Valiente, inspectora antifraude, volvió a ascender con Montoro a número dos de la oficina cuando se limpió el departamento en 2012, entre a ellos Víctor de la Morena, responsable de investigar el caso Gürtel. Podría seguirse con nombres, conexiones familiares y nombramientos; España es un país fácil cuando se lee hacia atrás.

El ministro creó al salir del Gobierno una empresa de asesoría fiscal para los más necesitados, Montoro y Asociados, que al olisquear de nuevo el poder (que no la política, pues la compaginó con un escaño en Bruselas) vendió rebautizada de forma exótica como Equipo Económico. Allí siguen sus amigos y exsocios menos los que decidió llevarse al Ministerio de vuelta; es tal la confusión que alguna mañana hay señores que llevan dos horas trabajando en un despacho y se les dice que ya no es ahí, que tienen que ir a la otra punta de Madrid. La segunda temporada de Montoro, que desarrolla una trama de la primera (la empresa que fundó está bajo investigación por hacerse con un contrato sin concurso) ha tenido la crisis como protagonista. Organizó una amnistía para los que tuviesen millones en Suiza y el primero que apareció solo tuvo que llamar al ascensor: el tesorero de su partido. Con la información fiscal de los españoles ha ido presentándose con la guadaña a las puertas a quienes le molestaban o no le bailaban el agua, como futbolistas, actores, partidos y periodistas, y contra otros, como Pujol o Monedero, ha saltado para disolver las investigaciones en una gigantesca ofensiva política. Cualquier día pierde el oremus y le hace una paralela a Los del Río.

En estos últimos tres años de precauciones extremas y sospechas la Agencia Tributaria ha tenido dos momentos de debilidad. El primero sucedió cuando pasó por delante la Monarquía; el segundo cuando pasó por delante el PP. Ese llevarse las manos a la cabeza con todos se convirtió de repente en una muy rigurosa defensa de planteamientos legales según los cuales se pueden admitir facturas falsas como deducibles si son de una infanta, y defender, en el caso del PP, que las donaciones ilegales no tributan siempre que se dediquen a pagar actividades propias de los partidos. Una frase la última que o bien se dirige a niños de cinco años con un verano de menos o asume que entre las actividades propias de un partido político está la de fabricarse una economía sumergida con la que pagar obras y sobresueldos a espaldas de Hacienda, o sea, a espaldas de ellos mismos.

Es todo tan delirante que cuesta ponerlo en orden: lo que la Agencia Tributaria acaba de defender con uñas y dientes a través de García-Valdecasas es que no tiene por qué decirle al juez, a la Fiscalía Anticorrupción y a cuatro magistrados de la Audiencia Nacional algo que ya había hecho antes en otros casos, que es calcular la cantidad defraudada por el PP a la propia Agencia y presentarla en el juzgado. Y el juez le recuerda a Hacienda que la ley obliga a “todas las personas y entidades públicas y privadas” a colaborar con los jueces cuando lo reclamen, y no solo eso: “Hacienda debe servir con objetividad los intereses generales”. Para que la Agencia Tributaria sepa algo tan fundamental hemos tenido que levantar a un juez de la cama y ponerlo a escribir una providencia. No solo eso: el esfuerzo saboteado por la Agencia Tributaria está dirigido a que la Agencia Tributaria cobre. Algo tan descabellado para la Agencia Tributaria, reacia a recaudar dinero, que ha dicho que además del PP hay organizaciones como Cáritas que tampoco tienen que pagar impuestos si reciben dinero ilegal, cosa que es verdad. De ahí el eterno debate entre los miembros de la CEOE cuando llega la Navidad: si entregar 200.000 euros al partido del Gobierno o construir un pozo en Burundi.

Todo esto no quiere decir que Montoro sea un mal ministro. Es un buen ministro, no tanto de Hacienda como del PP.

Manuel Jabois

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