A finales del pasado mes de marzo se publicaron las cuentas del sector público correspondientes al cuarto trimestre de 2014, lo que ha permitido conocer con precisión el comportamiento de la Hacienda pública española durante el pasado ejercicio. Además, en estos últimos días se han conocido también los datos básicos del sector público en los restantes países de la Unión Europea, lo que ha añadido a lo anterior un valioso término de referencia. Pero el ambiente general se ha enrarecido a consecuencia de los diversos casos de corrupción política ya conocidos, generando un considerable escándalo público, un fuerte ruido mediático y una gran intranquilidad en los ciudadanos, lo que les dificulta una valoración realista del comportamiento de su Hacienda pública. Por eso, frente a una opinión muy desorientada por los hechos de estos días y tensionada por la proximidad de importantes procesos electorales, parece necesario analizar ese comportamiento y exponer los resultados efectivos del esfuerzo encomiable de los españoles durante los últimos tres años.
Resulta obligado comenzar por el déficit público, porque esa variable resume la auténtica situación de ingresos y gastos mejor que cualquier otra, incidiendo de forma importante sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, como ha podido comprobarse a lo largo de estos años. Pues bien, el déficit de las cuentas del sector público español ha pasado de un valor de 98.401 millones de euros (9,2% del PIB) en 2011, hasta 61.741 millones de euros (5,8% del PIB) en 2014. Una reducción, pues, de 36.660 millones entre 2011 y 2014.
Nuestro déficit público en relación al PIB ha sido en 2014 el segundo más elevado entre todos los países del euro, después de Chipre, lo que pone de manifiesto su excesivo volumen. Pero entre 2011 y 2014 se ha reducido en 3,4 puntos de porcentaje mientras que el PIB en términos monetarios disminuía también en un 1,6% en ese mismo periodo. Eso significa que la considerable reducción del déficit público español se ha producido dentro de una importante recesión económica, haciendo mucho más difícil y doloroso el esfuerzo necesario para lograrla. Por eso la Unión Europea ha encomiado la política de ajustes y reformas seguida por España en los tres últimos años considerándola como un ejemplo de bien hacer para otros países. El premio a tan duro sacrificio ha sido el crecimiento de nuestro PIB, que ha pasado de una reducción en términos reales del -0,6% en 2011 a crecer al +1,5% en 2014, con perspectivas para 2015 que hoy se aproximan al 3%. La ocupación, además, ha aumentado en 504.200 personas en los últimos doce meses.
El esfuerzo realizado no ha sido en vano, pues nos está conduciendo claramente a la salida de la crisis y a un aumento apreciable del empleo. Pero no ha estado exento de fuertes críticas por quienes lo han soportado, como suele ocurrir en estos casos. Una parte importante de nuestra población –la que paga habitualmente el IRPF– mantiene que ese esfuerzo ha recaído casi en su totalidad sobre sus espaldas, lo que les ha llevado a una clara y manifiesta desafección hacia la política gubernamental y hacia sus más directos responsables. Otros, concretamente los beneficiarios de las prestaciones sociales –sanidad, educación, desempleo, pensiones…– también piensan que son ellos quienes han soportado la mayor parte de ese esfuerzo y también han reaccionado airadamente contra la política fiscal y sus responsables. Nada no visto ya en otros países en circunstancias parecidas.
Sin embargo, los datos muestran una realidad bien distinta. El aumento de los ingresos públicos entre 2011y 2014 solo ha contribuido en un 25,8% (9.473 millones de euros) a los 36.660 millones de reducción del déficit. Es más, el esfuerzo fundamental en materia de ingresos ha recaído sobre toda la población y no solo sobre los que soportan el IRPF como ellos mismos creen, pues el aumento de los impuestos directos ha supuesto 9.192 millones de euros mientras que el de los impuestos al consumo ha sido de 11.918 millones, es decir, casi un 30% más de aumento que los directos. La simultánea caída de la recaudación por cotizaciones sociales (7.878 millones) y por los restantes ingresos (3.759 millones) explican el saldo final de aumento total de los impuestos en los 9.473 millones antes citados. No han sido, pues, los contribuyentes por el IRPF los que han soportado el mayor esfuerzo en la reducción del déficit. De haber sido así la crisis de la producción y del empleo habría resultado más profunda todavía, porque los impuestos directos afectan muy negativamente al deseo de trabajar, de ahorrar o de asumir riesgos económicos.
La disminución de los gastos públicos ha supuesto los restantes 27.187 millones de euros de reducción del déficit, nada menos que el 74,2% de esa reducción. El ajuste se ha producido, pues, mucho más por la vía de la reducción de los gastos que por la de aumentar los ingresos, lo que aparentemente daría la razón a los que protestan por los recortes en las prestaciones sociales. Sin embargo, no parece que haya sido así, aunque esas prestaciones hayan padecido algo por su más corto crecimiento en estos años. Sus cifras globales han aumentado 6.624 millones de euros entre 2011 y 2014, pasando de 164.182 millones a 170.806, pese a los grandes recortes efectuados en el gasto público. Si a ese aumento se une el de los intereses de la deuda y el de otras rentas pagadas por el sector público, que ha sido de 8.219 millones de euros en su conjunto, la pregunta que surge es la de cómo y dónde se han reducido los gastos públicos. La respuesta resulta sencilla: en el consumo público (8.080 millones de euros en sueldos y salarios, en su mayor parte debido a la reducción de más de 163.000 empleos en el conjunto de las Administraciones Públicas, y otros 9.306 millones en las compras de bienes y servicios); en las inversiones públicas (nada menos que 16.851 millones de euros); en las subvenciones a empresas (1.224 millones de euros) y en otras transferencias de diversas clases (6.980 millones de euros). Ha habido, pues, bastantes recortes en el gasto público, pero esos recortes no han afectado sensiblemente a las prestaciones sociales, en contra de lo que reiteradamente afirman los populistas de turno.
Con esa inteligente selección de gastos e ingresos públicos se ha logrado reducir sustancialmente el nivel del déficit público y también el peso de nuestras Administraciones Públicas en relación al PIB, situándolo en el 44,1%, lo que resulta muy positivo porque España ha logrado sus mayores tasas de desarrollo y sus mayores niveles de empleo cuando nuestro sector público se ha aproximado al nivel del 40% del PIB, lo que parece ocurrir también en otros países avanzados, donde un sector público más reducido permite crecimientos más elevados de la producción y del empleo. De hecho es lo que está ocurriendo ahora en nuestro país donde, a medida que el volumen relativo de nuestro sector público se reduce, nos aproximamos a crecimientos del 3% del PIB y a mayores volúmenes de empleo.
¿Qué nos queda por hacer ahora? Pues terminar con un déficit público que aún se sitúa en las proximidades de los 60.000 millones de euros para cumplir con nuestros compromisos internacionales, reforzar nuestra moneda, sanear totalmente la economía española e impulsar el crecimiento y el empleo. Hay plazo suficiente para ello a lo largo de este año y de los primeros de la próxima legislatura. Ese ajuste, gracias al ya realizado, se podrá efectuar, además, sin recortes en las inversiones públicas y con un crecimiento real del PIB, lo que disminuirá notablemente el esfuerzo necesario. Lo que no debería ocurrir en ningún caso es el abandono del objetivo de lucha contra el déficit público, como algunos pretenden. Sería volver a recorrer hacía atrás el camino por el que con tanto esfuerzo hemos transitado en estos años y, con seguridad, reabrir una crisis económica de la que afortunadamente estamos saliendo en estos momentos.
Manuel Lagares es Catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.