Hoy se celebra la apertura del año judicial. Y junto con la solemnidad institucional del acto, es momento de elevar la vista, aparcar las diferencias y reflexionar sobre los retos y reformas que ineludiblemente afronta nuestra Justicia y el mundo del Derecho.
Por todos es reconocido que cada vez resulta más imprescindible y apremiante una gran reforma de la Justicia española pues ésta, en muchos casos, sigue operando en pleno siglo XXI herramientas que fueron diseñadas en el XIX. Es, sin lugar a dudas, la última gran reforma por abordar y sería ingenuo pensar que semejante reto puede ser acometido sin el concurso de todos aquellos que trabajamos por la Justicia.
La Justicia debe caminar acompasada con la sociedad a la que sirve pues, de no hacerlo, corre el riesgo de no ser capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos o de perder la imprescindible confianza de los mismos. Nuestro proceso penal, exhausto tras 135 años de vida y 75 de reformas, se muestra como un anacronismo si lo comparamos con los modelos vigentes en los países de nuestro entorno. La España que está apoyando con firmeza la creación de la Fiscalía Europea difícilmente podrá beneficiarse de sus ventajas si antes no adapta su propio modo de actuar interno. Y no se trata de un debate nuevo o una reforma en la que sólo crea este Gobierno. Algunos partidos, como PSOE y C’s, acordaron el pasado año proponer «una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y cree la figura del juez de garantías» y hace unos años, en la apertura del año judicial de 2008, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamaba una reforma en este sentido.
En Europa, la Justicia es hoy uno de los campos en los que más se está avanzando en términos de integración. Quienes apostamos de manera decidida por la Unión como proyecto irreversible de construcción de una Europa de libertad, seguridad y justicia, hacemos nuestra la frase de Robert Schuman según la cual, Europa se hará gracias a realizaciones concretas. En el año judicial que hoy se inicia, tendremos la responsabilidad de avanzar en trasposiciones de directivas cruciales como las relativas a la protección de datos (más conciencia global sobre la privacidad), a la resolución alternativa de litigios sobre consumo (mayor cultura de acuerdo frente al conflicto), a la regulación hipotecaria (con más garantías frente al abuso) o a la Orden Europea de Investigación para agilizar las investigaciones penales dentro de la UE.
Porque el crimen sobrevuela fronteras y la clave para combatirlo, junto a la ley y el Estado de Derecho, radica en la integración de fuerzas y la colaboración, pues los aislacionismos son la semilla de todas las recesiones: económicas, políticas, sociales y, por supuesto, democráticas. Por el contrario la unión hace la fuerza.
Hoy tenemos ante nosotros tres grandes campos de reforma. El primero es recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Para ello debemos abordar la limitación de los aforamientos, la prohibición de los indultos a los condenados por corrupción y la agilización de los procesos, pues todos coincidimos en que la Justicia, para serlo plenamente, también debe llegar pronto. Esto supone también ahondar en la percepción ciudadana de la independencia judicial, con un nuevo modelo de elección de vocales de Consejo General del Poder Judicial, la eliminación de la designación autonómica de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia o la regulación del tránsito profesional entre la Justicia y la política.
El segundo reto consiste en perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico adaptándolo a las realidades del presente mediante el impulso de leyes contra la lacra de la violencia de género, la salvaguarda de los menores, los delitos cometidos a través de las redes sociales o la protección de los animales. También con nuevos instrumentos jurídicos de lucha contra la corrupción, reforzando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procedentes del delito, intensificando la lucha contra el blanqueo de capitales y garantizando que se devuelva hasta el último euro robado.
Por último, el tercer gran reto que engloba a los anteriores es la transformación digital. Aunque ya hoy se están realizando más de veinte mil comunicaciones cada hora a través de LexNet, los instrumentos con los que trabajan los profesionales del derecho son más propios del siglo XX que del XXI. Avancemos en esta transformación, no exenta de dificultades, mediante la colaboración entre todos los agentes implicados y comprometidos con el objetivo de incorporar la Justicia a la sociedad digital. Esto requiere, ineludiblemente, más recursos y por ello el presupuesto de Justicia lleva tres años incrementándose de manera agregada.
Todo ello sin olvidar que la Justicia es también palanca de crecimiento y un potente estímulo para las decisiones de inversión y el emprendimiento, principales fuentes de creación de empleo. Si España lidera hoy el crecimiento entre los países desarrollados es porque, con sus reformas, transmite seguridad jurídica, certidumbre y estabilidad. Mantengamos esta senda reformista, sigamos ofreciendo un marco jurídico atractivo y fiable para la actividad económica, porque hay margen de mejora y nuevos espacios a explorar. Por ejemplo, un derecho concursal que proporcione un sistema normativo claro, ordenado e inteligible para las empresas, o la revisión de normas como las reguladoras de nuestro derecho de obligaciones y contratos o el mercantil, también gestadas en el siglo XIX y claramente superadas por la era de la globalización y la revolución tecnológica que hoy vivimos. Nada hay más estable, seguro y estimulante para la economía que una sociedad protegida por sus leyes y unos ciudadanos que desarrollan sus proyectos personales y profesionales sabiendo que sus derechos y libertades están a salvo. Eso tiene un valor incalculable y es la mejor garantía de nuestro progreso y prosperidad.
Son, por tanto, muchos los retos que afrontamos en este nuevo año judicial. Su envergadura y complejidad sólo son igualables a la necesidad de abordarlos. Dejemos a un lado las diferencias que llevan al enfrentamiento y apostemos por la colaboración, el trabajo conjunto y la vocación de lograr acuerdos a fin de alcanzar hechos que mejoren la Justicia y el mundo del Derecho. Todos: Gobierno, partidos políticos, servidores públicos y profesionales del sector debemos trabajar conjuntamente sin excepciones. Hagámoslo.
Rafael Catalá, ministro de Justicia.