Haití: acreedor, no deudor

Si hemos de creer a los ministros de Finanzas del G-7, Haití se halla en camino de conseguir algo que ha merecido durante muchísimo tiempo: una plena condonación de su deuda externa.

En Puerto Príncipe, el economista haitiano Camille Chalmers ha observado la evolución de los acontecimientos con prudente entusiasmo. La cancelación de la deuda constituye un buen comienzo, como ha declarado a la cadena de televisión Al Yazira en inglés, pero “es hora de ir mucho más lejos. Hemos de hablar de indemnizaciones y de actos de restitución en relación con las desastrosas consecuencias de la deuda”.

En esta historia, la propia idea de que Haití es un país deudor debe ser desechada. Haití – argumenta Chalmers-es un país acreedor… y es Occidente quien va atrasado en los pagos.

Nuestra deuda con Haití proviene de tres fuentes principales: esclavitud, dictadura y cambio climático, cuestiones que no son meramente retóricas, sino que descansan sobre numerosas violaciones de normas y acuerdos jurídicos.

A continuación, con notable brevedad, se exponen los puntos principales del problema de Haití.

Cuando los haitianos consiguieron la independencia en 1804 habrían podido reclamar – con pleno derecho-indemnizaciones a las potencias que se habían beneficiado de tres siglos de mano de obra robada. Francia, sin embargo, estaba convencida de que eran los haitianos quienes habían robado las propiedades de los propietarios de esclavos al negarse a trabajar gratis.

Así fue como, en 1825, mientras los buques de guerra estaban apostados frente a la costa haitiana amenazando con volver a esclavizar la antigua colonia, el rey Carlos X de Francia impuso al país un pago de noventa millones de francos-oro: diez veces el monto de la renta anual de Haití en aquel entonces. Sin modo de poder negarse a ello, el joven país se vio encadenado a una deuda que tardaría 122 años en saldar.

En el 2003, el presidente Jean-Bertrand Aristide, que hacía frente a un embargo económico agobiante, anunció que Haití presentaría una demanda contra el Gobierno francés por este robo a mano armada acaecido mucho tiempo atrás. “Nuestras razones – según me contó el ex abogado de Aristide, Ira Kurzban-se fundamentaban en que el acuerdo en cuestión era nulo porque se basaba en la amenaza de un regreso a la esclavitud en una época en que la comunidad internacional juzgaba la esclavitud como un mal”.

El Gobierno francés reaccionó hasta el punto de enviar un mediador a Puerto Príncipe para que la cuestión no llegara a los tribunales. Al final, sin embargo, el problema planteado a Francia desapareció: mientras seguían su curso los preparativos del juicio, Aristide fue derrocado.

La demanda dejó de existir, pero en el sentir de muchos haitianos la demanda de indemnizaciones sigue en vigor.

De 1957 a 1986, Haití fue gobernada por la insolente cleptocracia del régimen de Duvalier. A diferencia del caso de la deuda de Francia, la acusación contra los Duvalier llegó a varios tribunales, que averiguaron que los fondos haitianos formaban de hecho una compleja red de cuentas bancarias suizas y lujosas propiedades.

En 1988 Kurzban ganó una demanda histórica contra Jean-Claude – Baby Doc-Duvalier, cuando la resolución judicial de un tribunal de distrito estadounidense en Miami declaró que el depuesto gobernante “se apropió indebidamente de una cantidad superior a 504 millones de dólares de dinero público”. Los haitianos, evidentemente, siguen esperando la restitución debida; la cantidad mencionada fue sólo el principio de sus pérdidas.

Y es que, a lo largo de más de dos décadas, los acreedores del país han reiterado que es menester que los haitianos liquiden la enorme deuda contraída por los Duvalier, cuyo monto se calcula en 844 millones de dólares y que en buena parte se debe a instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sólo en amortización de la deuda, los haitianos pagan decenas de millones de dólares al año. ¿Fue legal que los prestatarios extranjeros cobraran las deudas de los Duvalier siendo así que tan gran parte de ella nunca se gastó en Haití? Con gran probabilidad, no. Como me dijo Cephas Lumina, experto independiente de las Naciones Unidas sobre la deuda externa, “el de Haití es uno de los ejemplos más pertinentes de deuda execrable en el mundo. Sólo por esta razón la deuda debería cancelarse de modo incondicional”.

Pero, aunque Haití presencie efectivamente la total cancelación de la deuda (una gran incógnita), tal factor no suprime su derecho a ser compensado por deudas ilegales ya cobradas.

Defendidas por varios países en desarrollo en la cumbre de Copenhague, las razones que cabe aducir en relación con la deuda del clima son sencillas. Los países ricos que han fracasado tan espectacularmente a la hora de abordar la crisis del cambio climático que han originado tienen una deuda con los países en desarrollo que han intervenido escasamente en la causa de la crisis, pero en cambio han de hacer frente a sus efectos de forma desproporcionada. En resumen: el que contamina paga.

El caso de Haití plantea una demanda especialmente convincente. Su contribución al cambio climático ha sido insignificante; las emisiones per cápita de CO ² son sólo un 1% de las emisiones de Estados Unidos. Sin embargo, Haití es uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático. Según un índice de la cuestión, sólo Somalia es más vulnerable.

La vulnerabilidad de Haití a los efectos del cambio climático no se debe únicamente – ni siquiera principalmente-a la geografía. Aunque el país hace frente a tormentas cada vez más intensas, su frágil infraestructura es el factor que convierte los desafíos en desastres y los desastres en catástrofes. El reciente terremoto, aunque no esté vinculado a la cuestión del cambio climático, es un ejemplo perfecto de ello.

Y aquí llegamos al punto en que todos esos pagos ilegales de la deuda pueden suponer aún una carga más devastadora. Cada pago a un acreedor extranjero era dinero no gastado en una carretera, en una escuela, en una línea eléctrica.

Y esta misma deuda ilegítima facultaba al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a imponer condiciones onerosas por cada préstamo, exigiendo a Haití que liberalizara su economía y redujera aún más su sector público. El incumplimiento conllevó un duro embargo de la ayuda del 2001 al 2004, el toque de difuntos para el sector público haitiano.

En este momento es menester hacer frente a la historia de Haití, porque amenaza con repetirse. Los acreedores de Haití se valen actualmente de la necesidad desesperada de ayuda del país para intentar quintuplicar la manufactura de prendas de vestir, uno de los sectores de mayor potencial de explotación laboral del país. Los haitianos carecen de estatus en estas conversaciones porque son considerados receptores pasivos de ayuda y no participantes plenos y dignos en un proceso de indemnización y restitución.

Una estimación de las deudas que el mundo ha contraído con Haití modificaría radicalmente esta dinámica perniciosa. Y aquí es donde comienza la verdadera senda hacia una compensación como tal: mediante el reconocimiento del derecho de los haitianos a las indemnizaciones.

Naomi Klein, columnista de The Nation y The Guardian. Distribución: The New York Times Syndicate.