“No dejar a nadie atrás” es el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas, en su Agenda 2030, de llegar a los más pobres de los pobres, combatir la discriminación y las crecientes desigualdades en los países. Hoy, ese compromiso se centra más que nunca en Haití a través de un llamamiento urgente para asistir a las personas más vulnerables afectadas por el terremoto que azotó el suroeste del país el 14 de agosto. El sismo de magnitud 7.2 ha recordado el de 2010, que mató a 330,000 personas y dejó a miles más desplazadas.
La destrucción y las muertes que ha dejado este nuevo desastre vienen a apuntalar una serie de eventos que han ido agravando la vulnerabilidad de la población en los últimos años y meses. Al 22 de agosto, la cifra de muertes ascendía a más de 2,200 mientras unas 650,000 personas se encuentran en necesidad urgente de asistencia humanitaria. Las cifras siguen en aumento.
En los departamentos más afectados —Sur, Grand’Anse y Nippes— 24 instalaciones sanitarias y casi 137,000 viviendas han sido dañadas o destruidas dejando a miles de personas sin hogar. Las carreteras e infraestructuras críticas se han visto afectadas y en Sur, 94 de las 255 escuelas están completamente destruidas o dañadas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que al menos 540,000 niñas y niños han sido afectados. La escasa capacidad del sistema sanitario, en un contexto de pandemia por COVID-19 y de fuerte crecimiento de las necesidades, es uno de los mayores retos de la respuesta humanitaria.
Además, este terremoto ha sucedido mientras Haití enfrenta uno de sus peores brotes de violencia desde 1986, aunado a la inestabilidad política, el malestar social y los disturbios liderados por pandillas y grupos armados. En un país en el que casi 60% de sus 11.4 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, la violencia ha ido en aumento en los últimos años y ha empeorado las condiciones de vida.
Desde 2019, las violentas manifestaciones políticas han perturbado gravemente los mercados y los medios de vida en las zonas urbanas. La depreciación de la moneda y la alta inflación, así como la reducción de la producción de cereales y la baja disponibilidad en el mercado, han aumentado los precios de los productos básicos. Se estima que unos 4.4 millones de personas, casi 40% de la población, se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, dado que las oportunidades de trabajo se hicieron más escasas para los hogares pobres, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.
En julio de este año, la situación en Haití se volvió más tensa tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, lo cual provocó un nuevo aumento de los precios de los alimentos, disminuyó la disponibilidad de productos frescos en los mercados e impactó las cadenas de suministro.
Los violentos ataques de bandas criminales en junio dañaron o destruyeron viviendas y asentamientos que acogían a personas que habían abandonado sus hogares por el terremoto de 2010, y desplazaron a más de 19,000 personas. Algunas de ellas se encontraban alojadas en asentamientos formales o informales, y otras en casa de familiares o amigos que ahora han sido destruidas por el terremoto. Esto ha obligado a las personas desplazadas a montar tiendas improvisadas, construidas con madera y lona, para protegerse. Todavía se necesitan urgentemente 2.2 millones de dólares para apoyar el plan del gobierno para reubicar a 1,166 familias desplazadas.
En este contexto difícil, la comunidad humanitaria en el terreno sigue brindando asistencia a las poblaciones más necesitadas, pero las operaciones se han vuelto más complicadas y más peligrosas a raíz de la inseguridad que azota al país. Si bien se cuenta con las lecciones aprendidas del terremoto de 2010 y capacidades de respuesta nacionales, a la fecha el Plan de Respuesta Humanitaria para 2021 solo está financiado en 30%, lo cual limita el impacto de proyectos que buscan garantizar las necesidades básicas de los más vulnerables. Las más de 19,000 personas desplazadas de sus hogares desde finales de 2020 siguen necesitando urgentemente servicios básicos y protección.
En la antesala del periodo más agudo de la temporada de huracanes en el Atlántico, es muy preocupante ver que miles de las personas más vulnerables tienen un acceso escaso o nulo a servicios básicos, y muy pocos recursos para recuperarse de las crisis recurrentes y la desolación en un país donde es cada vez es más difícil vivir con las necesidades básicas cubiertas, con dignidad y en paz.
Para habilitar una respuesta rápida después del terremoto, el jefe humanitario de la ONU liberó ocho millones de dólares el día después del sismo a través del Fondo Central de las Naciones Unidas en Casos de Desastres.
Con más detalles disponibles ahora sobre el impacto del desastre y las necesidades en el terreno, la comunidad humanitaria estará lanzando en los próximos días un Llamamiento Urgente para financiar una respuesta enfocada en las personas más vulnerables.
El objetivo inmediato de la respuesta humanitaria es salvar vidas. Sin embargo, las necesidades en Haití están vinculadas a los déficits de desarrollo y la respuesta humanitaria por sí sola no es suficiente para reducir estas necesidades, la vulnerabilidad y el riesgo. Todos los actores deben seguir invirtiendo para abordar los déficits estructurales y las causas profundas que subyacen a las crisis recurrentes en este país.
Shelley Cheatham es jefa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA) para América Latina y el Caribe.