La Conferencia de Donantes para Haití que se reúne hoy en Madrid será decisiva para el futuro de ese país y pondrá a prueba la capacidad de la cooperación internacional para enfrentar los problemas de los Estados denominados "frágiles". A la vez, el nuevo Gobierno haitiano tiene la oportunidad de definir sus prioridades y Naciones Unidas de probar la efectividad de su misión. Ante un país desestructurado, pobre, desigual y en el que surgen nuevas formas de violencia política y criminal, el tiempo corre más rápido que las negociaciones entre esos tres actores.
El mayor desafío es dar respuestas a la sociedad haitiana que espera desesperadamente una mejora visible y en el corto plazo en dos campos: seguridad y empleo. Haití es el país más corrupto del mundo, y el nivel de inseguridad y violencia ha alcanzado inclusive a las fuerzas de la Misión de Naciones Unidas (Minustah), con la muerte de dos cascos azules hace pocos días.
La elección del presidente René Préval el 7 de febrero de 2006 ha supuesto cierta estabilidad. En diciembre habrá elecciones municipales y se completará la Asamblea General. Préval gobierna en coalición, y si bien tiene respaldo de la población y la comunidad internacional se trata de una gobernabilidad sostenida sobre bases muy débiles. Este Gobierno precisa fortalecerse, y para ello tiene que mostrar logros. La comunidad internacional puede ayudar de forma directa, involucrando a la oposición, a grupos pro-Arístide que ahora dividen al país, y no sólo apoyando el partido o alianza en poder. También contribuyendo con ayuda en proyectos de corto y medio plazo que generen empleo intensivo de forma inmediata.
La inseguridad perdura y continúan los secuestros, asesinatos y violencia. Esto le quitará legitimidad muy pronto al Gobierno. El surgimiento de bandas armadas políticas y criminales que incorporan crecientemente a gente joven sin trabajo ni opciones es una de las cuestiones más graves. El país tiene 8,5 millones de habitantes, y cuatro de cada diez son menores de catorce años. Las estadísticas demuestran avances hacia un entorno más seguro pero la situación en muchas zonas de Haití indica lo contrario.
El número y capacidad de las armas es alarmante: las bandas armadas usan entre 6.000 y 13.000 de diversos calibres. Eso sólo representa una fracción de las 210.000 armas estimadas en el país. El fenómeno de la accesibilidad a las armas es mayor y se ha acelerado en los dos últimos años. La ONU tiene un programa para dar algo de dinero a cambio de las armas que se le entreguen y participación en el programa de reinserción, pero un puñado de dólares no otorga la seguridad, y el medio de vida, que da una ametralladora frente al desempleo y la desconfianza social. De ahí que el número de armas entregadas sea muy bajo.
En los dos años de gobierno interino y de misión de la ONU no se ha respondido coherentemente a la violencia creciente. La criminalidad ha ido extendiéndose entre organizaciones con fondo y motivo políticos, tales como grupos pro-Arístide que desean su vuelta al igual que entre bandas armadas que han aprovechado el vacío de poder para prosperar. La violencia se ha arraigado, no sólo por reivindicaciones políticas ignoradas sino también por actividades criminales que crecen ante la ausencia del Estado y la falta de desarrollo socioeconómico. Sin educación y empleo para una población muy joven, las bandas armadas son casi la única salida.
Estas bandas ocupan un espacio social y económico en los barrios, y están muy presentes en la vida diaria: proporcionan ciertos servicios para necesidades a las cuales el Estado ausente no responde, como, por ejemplo, protección, y llegan hasta aplicar cierto tipo de justicia dentro del barrio. Esos casos demuestran que se han estructurado especies de microsociedades dentro de los barrios de chabolas. Este fenómeno de organizaciones no estatales armadas sustituyendo al Estado ha prosperado en otros espacios, como Palestina, Líbano e Irak. Una vez establecida la tendencia es difícil volver atrás.
La misión de Naciones Unidas tiene desde 2004 la responsabilidad de establecer un entorno seguro y estable, lo que incluye asistir al Gobierno con programas de desarme, desmovilización y reconciliación y reestablecer el Estado de derecho. Por otro lado, Minustah tiene el mandato de asistir al Gobierno en el proceso político y promover y proteger derechos humanos.
La situación de conflicto armado peculiar de Haití se caracteriza por la ausencia de acuerdo de paz entre partidos armados y el Gobierno, ausencia de bandas identificadas con reivindicaciones claras (políticas, territoriales, entre otras), variedades de actores violentos, y politización y división de los grupos. Minustah ha tenido que cambiar su enfoque y ahora orienta su esfuerzo en una estrategia de reducción de la violencia basada en el acercamiento a las comunidades, la prevención de conflictos locales desde centros situados en lugares conflictivos para facilitar la mediación y dar alternativas.
La seguridad es fundamental para todos los actores sociales y políticos en Haití, y clave para su recuperación. La Conferencia de Donantes debería, entre otras cosas, financiar o aumentar la financiación de programas que permitan: promover la coordinación entre Minustah y la policía haitiana para vigilar y controlar las fronteras y el tráfico de armas, y para contar con un registro de armamento; ampliar programas y actividades de prevención, reconciliación, reflexión comunitaria sobre las raíces de la violencia y la crisis del país, y capacitación de líderes y comunidades en resolución de conflicto; realizar actividades de prevención y reconciliación con contrapartes locales que sean aceptadas en los barrios conflictivos.
En definitiva, es preciso vincular programas de desarme, prevención de la violencia, reinserción y reconciliación con la creación de oportunidades de empleo en proyectos que provea la cooperación internacional y gestione el Gobierno, sectores privados y comunidades locales. La otra opción es el retorno a la crisis y caos social.
Mariano Aguirre, director de paz y seguridad en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), y Amélie Gauthier, investigadora sobre Haití en la misma institución.