Hartazgo y conformismo del pueblo soberano

El inesperado o singular resultado obtenido en las dos elecciones autonómicas celebradas el pasado día veinticinco de marzo debieran conducir a un ejercicio de reflexión sobre el comportamiento de la ciudadanía ante la demanda de los políticos.

En primer lugar, que se hubiera producido un índice de abstención de voto tan elevado pone de relieve una actitud de cansancio ciudadano que se superpone a la importancia y responsabilidad de la participación del pueblo soberano en la conformación de los órganos de gobierno que han de representarlo y administrarlo.

Este deplorable dato viene a confirmar, por otra parte y una vez más, la desconfianza progresiva que la sociedad viene teniendo respecto de la clase política en general y que se refleja en las encuestas de población que, constantemente, vienen situando el problema de los políticos que la representan como uno de los más preocupantes para la ciudadanía.

Pero, al margen de ese desinterés por el tema político que no debiera dejar insensibles a quienes tienen la responsabilidad de conducir la administración de los asuntos públicos, lo verdaderamente preocupante es que ante situaciones de manifiesto y patente mal gobierno, sin embargo, la capacidad de reacción social se revele tan insensible que vuelva a posibilitar el mantenimiento de un partido político que no sólo lleva un excesivo tiempo en el poder sino que, además, ha protagonizado una actuación pública que, en muchos aspectos, se revela no sólo ineficaz sino, en algunos de ellos, manifiestamente reprobable.

Con independencia de que la alternancia en democracia viene a ser un saludable ejercicio que facilita el contraste de políticas y estimula la actuación de quienes se dedican a la cosa pública, cuando la acción de gobierno llevada a cabo por el partido que vino ostentando hasta el momento presente el poder —y que con toda probabilidad lo va a seguir ostentando— estuvo marcada en importantes y muy sensibles sectores de la Administración Pública de marcado signo social por un manifiesto nepotismo sembrado de graves irregularidades en la gestión que alcanzó a tener secuelas judiciales en las que se hallan involucrados altos cargos de dicha Administración, alguno de los cuales se halla actualmente en prisión, no se atisba explicación lógica alguna que justifique la reacción ciudadana en el proceso electoral llevado a cabo el pasado veinticinco de marzo. Y es conveniente señalar que, si bien los casos más graves detectados podrían merecer la catalogación de conductas aisladas, sin embargo, lo que se advierte con bastante claridad es una línea de conducta política muy propia de quien detenta el poder durante tanto tiempo seguido.

Se podrán buscar explicaciones a este comportamiento electoral que marginen la actuación del partido político hasta ahora en el poder y traten de encontrarlas en el comportamiento del principal partido de la oposición que, tal vez, no logró estar a la altura de las circunstancias, pero no dejaran de ser argumentos faltos de consistencia que tratan de ocultar, en definitiva, una realidad muy preocupante, cual es la del adormecimiento de un pueblo que se inhibe ante el desarrollo de una política orientada fundamentalmente al clientelismo electoral y carente de unos sólidos principios que la doten de eficacia y de utilidad para el conjunto de la ciudadanía.
No merece la menor crítica ni reproche alguno el hecho de que una determinada región española, manifiestamente extensa, se vengan decantando con continuidad por una política de izquierdas perfectamente respetable, pero lo que resulta, en verdad, preocupante es que se vaya a otorgar, en definitiva y nuevamente, la confianza política a un partido que ha demostrado, cuando menos en su última etapa de una prolongadísima trayectoria de gobierno, una actuación pública muy cuestionada que, en los últimos tiempos, ha llegado a alcanzar, en aspectos tan sensibles desde una perspectiva social como es el de la tramitación de los expedientes de regulación de empleo o el de la administración de los fondos destinados a los trabajadores en paro, repercusiones penales que están pendientes de importantes y transcendentes resoluciones judiciales cuya extensión subjetiva no es dable, en este momento, concretar.

Es cierto que no se pueden ni deben generalizar determinados comportamientos o conductas individuales, pero no lo es menos que en el plano puramente político se impone asumir la responsabilidad por las actuaciones seguidas por quienes conforman el entramado administrativo de un determinado gobierno y es aquí donde se advierte una manifiesta insensibilidad popular que resulta muy rechazable y que viene a reflejar un nivel de maduración política en la ciudadanía claramente mejorable.

Si los resultados constatables de la actuación de un partido político en el poder evidencian, al margen de las secuelas penales ya enunciadas, un paro laboral que se sitúa en el 30%, muy superior, por tanto, al casi 24% constatado a nivel nacional, con una repercusión en el desempleo juvenil de alrededor de un 50% y, en otro aspecto, se detectan graves y manifiestos deterioros en los ámbitos educativo y sanitario, realmente, no se encuentra explicación razonable que justifique esa reacción popular que va a otorgar en definitiva su confianza al mismo partido político que ha venido ejerciendo el gobierno hasta el momento de las elecciones.

Se podrá objetar y con razón que ese partido realmente perdió las elecciones y que su principal contrincante en el proceso electoral no fue capaz de alcanzar la mayoría absoluta que le abriera las puertas al gobierno de la Autonomía, pero esto no viene sino a corroborar la manifiesta inercia ciudadana respecto al ejercicio de la soberanía popular que le incumbe.

Ni que decir tiene que la voluntad expresada de esa soberanía popular merece todo el respeto que una democracia y un Estado de Derecho imponen, pero esto no impide que, en ejercicio de la libertad individual, se pueda expresar la perplejidad ante una respuesta ciudadana que no se revela coherente con el estado de cosas existente en el colectivo social al que afecta un concreto proceso electoral que, parece, debiera haber merecido una respuesta distinta en consonancia con el grado de madurez democrática presumible en una sociedad que, tras un período de larga dictadura, lleva ya más de treinta años en el ejercicio libre del derecho de voto.

Hay otro aspecto en el doble proceso electoral celebrado el pasado día veinticinco de marzo que no debe quedar obviado y respecto del que, sencillamente, tal vez sería oportuno y conveniente decir que en política los personalismos y el afán de exclusión de los afines no suelen conducir a resultados beneficiosos para la ciudadanía a la que todo político debe servir y en cuyo buen gobierno debe cifrar su actuación, pensando siempre en el interés colectivo y no en rivalidades personales que a nada bueno conducen.

Estas breves reflexiones sobre los más recientes procesos electorales autonómicos habidos en España no tratan, en modo alguno, de cuestionar la evidenciada voluntad popular manifestada en cada uno de ellos sino, pura y simplemente, poner de relieve, de una parte, el cansancio social ante la llamada de los políticos —y a estos corresponde analizar las causas o razones del mismo— y, de otra parte, la ausencia de una ponderada valoración del ejercicio de gobierno público, lo que resulta altamente preocupante en una sociedad que lleva ya más de treinta años de democracia.

Bengino Varela Autrán, jurista. Exmagistrado del Tribunal Supremo. Miembro del Foro Sociedad Civil.

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