Como colaborador de TV3, no me ha resultado fácil decidirme a escribir este artículo, pero creo que lo que está ocurriendo en la televisión pública de Cataluña al calor del proceso independentista ya pasa de castaño oscuro. Lo ocurrido en los últimos días en Cataluña con relación al dictamen de la Comisión de Venecia —un órgano consultivo del Consejo de Europa— sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) merece una consideración más detenida, porque no solo pone de manifiesto el agotamiento de materiales del movimiento independentista sino también la ofuscación de sus promotores.
En sus informativos, TV3 ha presentado el dictamen como un varapalo al Gobierno español cuya reforma de la LOTC supuestamente sitúa la democracia española “más cerca de países como Albania, Armenia, Moldavia y Ucrania” (sic). Y añaden: “Algunas fuentes aseguran que la Comisión (de Venecia) ha recibido presiones del Gobierno español para que rebajase el tono más crítico que tenía el borrador inicial”. ¿Algunas fuentes? ¿Es aceptable esa perífrasis tan imprecisa en un informativo de una televisión pública para lanzar una acusación tan grave a todo un Gobierno central, con la pretensión manifiesta de presentarlo ante la opinión pública como un Gobierno antidemocrático y con malas artes? ¿Acaso todo vale a fin de denostar la democracia española para justificar la secesión? La fuente ha resultado ser el diario digital Vilaweb, generosamente subvencionado por la Generalitat.
Políticos y comentaristas nacionalistas empiezan a repetir hasta la saciedad la comparación con esos países de democracias jóvenes y frágiles y el mantra de las inauditas presiones del Gobierno español a la Comisión de Venecia. Todo encaja adecuadamente con el discurso oficial del independentismo según el cual España es una democracia de baja intensidad. De nada sirve recordarles datos como el ranking mundial del Índice de Democracia que elabora The Economist y que en 2016 sitúa un año más a España en el grupo de “democracias plenas”, por encima de países como Estados Unidos, Italia, Japón, Bélgica o Francia, entre otros, catalogados por la publicación como “democracias defectuosas”.
El dictamen de la Comisión de Venecia en modo alguno cuestiona la legitimidad de la reforma de la LOTC ni su adecuación al sistema normativo europeo, sino que se limita a hacer ciertas recomendaciones al Estado español con el objetivo de mejorar su eficacia. Cualquier observador imparcial consideraría que el dictamen, que pone en valor la democracia constitucional y la sujeción de los poderes públicos al imperio de la ley, supone un rapapolvo a los dirigentes independentistas. De ahí que no deje de resultar sorprendente que el Govern y su aparato de propaganda se hayan aferrado a un dictamen tan alejado de sus planteamientos para continuar con su campaña secesionista.
Lo más grave ha sido el tratamiento informativo que le ha dado TV3, la televisión que pagamos con nuestros impuestos todos los catalanes. Sobre todo por haber dado pábulo a la información de un medio tan militante como Vilaweb sobre las supuestas presiones del Gobierno español a la Comisión de Venecia. Abochorna comprobar las pruebas en las que se basa el digital y que TV3 ha dado por buenas, para “demostrar” la existencia de esas presiones. Se trata de un documento cuya autoría Vilaweb atribuye porque sí al Estado español, en el que efectivamente aparecen una serie de propuestas para la corrección de un borrador inicial. El hecho de que tales correcciones maticen algunas expresiones críticas con la reforma de la LOTC del documento inicial es motivo más que suficiente para que Vilaweb atribuya este segundo documento al Estado español y para que TV3 lo difunda sin ni siquiera contrastar la información. ¡Bah! Se non è vero, è ben trovato. Y mientras no se descubra el pastel, que no pare la intoxicación.
Resulta que el Consejo de Europa ha emitido un rotundo comunicado en el que dice que tales informaciones “son falsas”, que el documento filtrado y publicado por Vilaweb y divulgado por TV3 “es un documento que incluye las propuestas de la subcomisión de justicia constitucional de la Comisión de Venecia al plenario y no propuestas del Gobierno español”. Asimismo, el comunicado aclara que en la reunión de la subcomisión en la que se prepararon esas propuestas “no participó ningún representante del Gobierno español” y que éste “no ha ejercido presión alguna” sobre la Comisión. Por supuesto, ni rastro de ese comunicado en TV3.
Ignacio Martín Blanco es periodista y politólogo.