Hasta cuándo con esta Constitución

El anuncio de la reforma constitucional por el presidente del Gobierno y posteriores declaraciones en contrario -a ritmo de la yenka: adelante, detrás…- nos enfrentan, se haga o no y cuando sea, a la más descarnada actualidad de la cuestión territorial. Es ésta el problema nacional más grave que vivimos: no es un asunto circunstancial, del momento histórico presente, sino relativo al ser mismo de España, que se debate sobre sí, dolorosamente, cuando menos – y por simplificar – desde la Guerra de Sucesión. Trescientos años.

Se dirá que acaso la degradación moral -de la que la corrupción pública es el signo más notorio, por no hablar de ciertas políticas legislativas ideologizadas y disolventes- o la economía todavía deprimida, aunque aliviada por «brotes verdes» de la cosecha Rajoy, son peores. Son comunes al mundo occidental de nuestro tiempo; no así la zozobra sobre España y su futuro.

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Los españoles hemos sido adoctrinados desde 1978 sobre la curación del mal por obra del texto constitucional entonces aprobado y hoy vigente. El efecto narcótico de la prolongada sobredosis se extinguió cuando, ya muy entrada la fase conclamada de la crisis financiera, general y global de 2007/2008, los principales empresarios dirigieron una carta al Rey, en noviembre de 2010, para, entre otras verdades, denunciar el modelo constitucional de las autonomías por económicamente insostenible. Recordemos, sin embargo, que, al final de los años 80, la OCDE ya lo había considerado en razón de la multiplicación de administraciones -estatal, autonómicas, locales- de lo que dio tímida noticia la prensa española.

Mas no deja de ser triste que se haya despreciado el alcance del problema durante 30 y tantos años y que se haya puesto de relieve y creado un estado de opinión muy extendido por motivos materiales y no propiamente políticos: la tardía reacción no se ha debido al desvelo por España como patria. En esto, también la cuestión nos retrata como muy distintos del resto de los europeos, por ejemplo, de los británicos (no pertenencia a la Eurozona, oposición a la unión fiscal en 2011, victoria de UKIP en 2014) o franceses (referéndum de 2005, crecimiento muy relevante del FN), en los que late muy vivo el sentimiento nacional, que se compadece mal con la integración europea.

Es de ver, además, que España es la única nación de la Unión europea sujeta -sigue estándolo- a dos procesos federalizantes: el exterior, con la integración supranacional, y el interior (Estado de las autonomías). Sobra insistir sobre el resultado centrífugo acelerado de esta doble vía.

Lo cierto es que, con ocasión de la redacción y del referéndum de la Constitución, en 1978, Fraga -el político más inteligente y con mejor formación de las últimas cuatro décadas, guste o no a izquierdistas y centristas- expuso que el título VIII era congénitamente un problema y no una solución. Cuestión distinta es que su llegada a la Presidencia de la Xunta gallega estimulase en él inopinados entusiasmos, aunque sin perder el sentido nacional, expresado en iniciativas más intelectuales que prácticas (doctrina de la «Administración única»).

Las dificultades y alto riesgo que representaba el modelo autonómico dieron lugar a la LOAPA, en julio de 1982, pactada por el agónico Gobierno centrista y el PSOE. Quizá hubiera entonces convicción sobre su necesidad, pero el catalizador fue el estado de ánimo del Ejército, en este punto al menos, coincidente con el golpe del 23-F de 1981. Que Felipe González en el Congreso o Calvo-Sotelo en sus memorias lo desmintiesen no oculta la evidencia. Y estando en esas, el Tribunal Constitucional hizo trizas la LOAPA; renunciemos a saber si la sentencia de 1983 tuvo sólo fundamentos técnicos -no se puede reformar la Constitución, el bloque de constitucionalidad, sin reformar la Constitución- o si fue una decisión política indeseable. Tampoco, de haberse legitimado, hubieran solucionado definitivamente el problema los moderados términos de la LOAPA.

Y en el tiempo posterior, de transferencias cuasi sin tasa a las comunidades autónomas por gobiernos socialistas y del PP de largos mandatos, en muchos momentos sostenidos en alianzas parlamentarias con los partidos nacionalistas, y de dormición/indiferencia de la opinión pública, llegamos a 2004: el País Vasco sin pacificar, con reedición de la «tregua-trampa» según el Gobierno de Aznar, y el tripartito catalán (PSOE/PSC-ERC e IU) en la Generalitat. La cuestión territorial no había conocido estado peor, pero Aznar se muestra resuelto a no ser candidato, inaceptable decisión porque era a él a quien incumbía combatir aquel estallido al terminar su segundo mandato en 2004.

Más inexplicable, si cabe, es que el mismo Aznar se plantase en el Consejo de Estado en 2006, ya con Zapatero en el poder, para afirmar que el artículo 150.2 de la Constitución debía ser derogado. Dicha norma dispone que el Estado podrá transferir a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal, lo que constituye una contradicción en los términos y abona la impropia aplicación al defectivo modelo español de la doctrina de Friedrich sobre el federalismo como proceso; es decir, que el modelo es vocacional y consustancialmente una realidad siempre inacabada.

Compartiendo totalmente ese postulado del ex presidente, censuramos que desaprovechase la mayoría absoluta parlamentaria de la que disfrutó entre 2000 y 2004 para promover esa derogación y, en general, la reforma del título VIII de la Constitución.

Zapatero había solicitado al Consejo de Estado un informe -que lo emitió en febrero de 2006 sin otro posible valor que el de mero estudio- sobre la reforma del Senado y la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas, así como otras modificaciones constitucionales.

En julio de ese año, se aprobó la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto catalán con el irresponsable apoyo del Gobierno de Zapatero (que lo pactó con Mas), texto que traía causa del primer «tripartito». Recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, éste, con una mayoría de magistrados escasamente horrorizados ante la evolución de los acontecimientos, quiso pastelear y, en definitiva, se pronunció erróneamente en 2010 y sin proteger la «indisoluble unidad de la nación española» (art. 2 de la Constitución).

De ahí a la política independentista («soberanista») de Mas, en la Generalitat desde diciembre de 2010, y a la ilegal consulta de noviembre de 2014, hay una continuación natural, en la que se registran intercurrentemente la estupefaciente declaración del presidente Rajoy, poco después de su victoria por mayoría absoluta de noviembre de 2011, de que no pensaba reformar el modelo de Estado, su inacción ante la convocatoria catalana y varios y valiosos pronunciamientos unánimemente contrarios del Tribunal Constitucional a lo largo de 2014 y 2015, con una presidencia -y composición- afortunadamente distintas, pero sin facultades ejecutivas.

La insatisfacción nacionalista -pleonasmo-, en su perseverancia, llama de nuevo a Rajoy a manifestarse, con un año de retraso, en laica capilla electoral.

Así estamos. Visto todo lo anterior, ¿cabe viaje más errático? Y viaje, ¿a dónde?

La España de las autonomías, a la que se nos invitó como tierra de promisión, ni ha resuelto nada ni nada puede resolver con su actual configuración; además de crear artificialmente unas clases políticas autonómicas (y sus clientelas) que son focos de corrupción y de dispendio público incorregible, ha negado el «hecho diferencial» con la uniformidad («café para todos») y ha descentralizado acríticamente y en aceleración histórica patológica, para entrar en el trance disolutorio.

El interés nacional clama hace decenios por la reforma. Urge atenderlo, sea o no oportuno para la conveniencia circunstancial de partidos o personas. Y esperemos que no sea irremediablemente tarde.

José María Sánchez es catedrático y abogado.

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