¿Hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina?

En marzo de 1998 un grupo de biempensantes suscribió un escrito titulado «Por una salida dialogada del conflicto vasco», en el cual, entre otras lindezas se leía lo siguiente: «Las soluciones policiales como única vía de pacificación proporcionan a la ciudadanía falsas expectativas y ofrecen como resultado un saldo negativo […] Como ciudadanos solicitamos a nuestro Gobierno que busque soluciones que vayan más allá de las estrictamente legales, apostando por la vía del diálogo y la negociación sin condiciones».

Entre quienes suscribían la petición estaba Manuela Carmena.

Es fácil imaginar lo que hubiera pasado si los sucesivos Gobiernos, en lugar de mantenerse firmes, se hubieran plegado a las peticiones de «los abajo firmantes».

Pero el «diálogo» (¡qué bien suena!) ahí sigue, como bálsamo de Fierabrás que todo lo atempera y lo cura. En efecto, casi veinte años después y a propósito del proceso ilegal y sedicioso de los separatistas catalanes, Miguel Iceta y Pedro Sánchez han suscrito un documento en el cual –y como aperitivo– se asegura que en Cataluña se vive «un proceso de secesión agudizado progresivamente por la falta de diálogo entre los Gobiernos de España y de la Generalitat…».

Y luego siguen con la misma matraca «dialogante»:

«Para superar el enfrentamiento es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que debe culminar en una reforma federal […] Nuestro sentido institucional nos lleva a emplazar a todas las fuerzas políticas a superar la actual falta de diálogo y manifestar públicamente un proyecto serio que consiste en realizar una oferta política para que, en beneficio de todos los catalanes y catalanas, el choque de trenes del próximo 1 de octubre no se produzca».

Y uno se pregunta: ¿sobre qué asuntos quieren dialogar estos dos sedicentes socialistas, con unos líderes nacionalistas cuyo único objetivo es la secesión?

¿Qué oferta política les hacen?

Pues «la oferta» que Sánchez viene pergeñando de la mano de Iceta es «una reforma federal de la Constitución española que nos una de nuevo a todos».

¿Y qué reforma es esa? La federal, pero tras su «resurrección» Sánchez la ha ampliado, metiéndose en las procelosas aguas de la plurinacionalidad, dentro de un boceto en el cual todo parece «sospechoso y descabellado», para usar las palabras de Javier Redondo («El Mundo», 15-VII-2017). Detrás late una insoportable equidistancia entre la supuesta «recentralización» de Rajoy y el separatismo montaraz y sedicioso.

En efecto, el dúo Iceta-Sánchez ha ido esta vez mucho más allá que aquella meliflua declaración de Granada y se han metido en el barrizal del monolingüismo (en Cataluña quedaría su lengua «propia» como única lengua oficial y obligatoria) y el sinsentido de la «España plurinacional», lo cual exigiría cambios constitucionales de calado. Por ejemplo, en el Título Preliminar, Artículo 1: «La Soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado»; el Artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española». O el Artículo 3: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen del deber de conocerla y el derecho a usarla».

Pero quienes defienden estas reformas radicales nunca se dignan a hablar del complejo procedimiento para llevarlas a puerto, aunque para ello baste con leer el artículo 168 de la Constitución:

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Mucha madera para abordar un plan tan ambicioso sin el apoyo de ningún otro partido constitucionalista.

Sánchez quiere mostrar que frente a la política de resistencia de Rajoy él tiene un plan «dialogante» para Cataluña. Y lo presenta como un antídoto frente al referéndum del 1 de octubre. Naturalmente, nadie espera que el frente secesionista se lo tome en serio, pero lo que en el fondo pretende es que la opinión pública reparta la culpa del disparate catalán entre los secesionistas y el Gobierno. De alguna forma, Sánchez equipara el incumplimiento de la ley con una supuesta falta de voluntad de diálogo por parte del Gobierno, lo cual es una vileza moral y política.

Lo único que en verdad desea Sánchez es crear, a base de estas descabelladas propuestas –llenas, además, de regalos económicos y políticos para la Generalitat–, una plataforma electoral para que su amigo Iceta se presente a las próximas elecciones autonómicas con esta «original» apuesta, pretendiendo con ello parar la caída electoral en picado que viene sufriendo el PSC… y una vez más sin hacer caso de la vieja conseja campesina según la cual «para salir de un hoyo, lo primero es dejar de cavar».

Y a todo esto, ¿cuándo va a consultar Sánchez a sus sacrosantas bases acerca de la conveniencia o no de subirse a este caballo sin bridas y sin estribos? Lo prometió cuando hizo su campaña electoral, pero me temo que jamás pensó en cumplir esa promesa.

Josquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid.

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