Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre el espectro radioeléctrico y aún más vamos a oír al respecto, al menos hasta el 1 de enero de 2015, ya que en esa fecha las actuales frecuencias que utilizan las televisiones deberán ser desalojadas para su entrega a los operadores de telefonía de la, por ahora, ultimísima tecnología.
Dicho de esta forma breve parece que la operación no debería suponer mayores complicaciones en cuanto a la transición. No deja de ser una simple reordenación en la que se produce un traslado de las emisiones de TDT a nuevas frecuencias, y que, de hacerse de forma adecuada, solo requerirá que los usuarios hagan algunos reajustes en sus sistemas de recepción y en sus televisores.
Como casi siempre, los detalles vienen a enredar una operación en apariencia sencilla, y determinadas circunstancias, no precisamente de carácter técnico, convierten el proceso en complejo. El espectro radioeléctrico, bien de dominio público, es escaso para atender la demanda de los diversos actores.
Sin embargo, parece oportuno hacer un ejercicio de precisión conceptual para señalar que esta transición, y la operación de la LTE que vendrá, no debería ser un pretexto para ir un paso más allá, arrinconando de forma sistemática a los operadores de TDT en abierto, como si se pretendiese su expulsión del espectro para un uso casi exclusivo de las telcos.
No es difícil interpretar el fenómeno mundial de la adquisición de operadores de televisión de pago por gigantes de las telecomunicaciones con reflejo nacional en las operaciones de Telefónica/Canal+ o Vodafone/Ono. Las telcos están en una carrera de altísimas inversiones en redes y contenidos encaminadas a potenciar la penetración de sus ofertas de pago. Los representantes de estas operadoras vienen dejándolo claro desde hace tiempo en sus declaraciones.
Estas manifestaciones públicas permiten afirmar sin riesgo de caer en lo especulativo que la intención de las operadoras es basar el atractivo de su oferta de televisión de pago en la inclusión de contenidos Premium. En este propósito, el principal escollo es que muchos de esos contenidos son actualmente ofrecidos por las televisiones en abierto.
Porque esta es la realidad: la televisión en abierto sigue siendo el principal medio de información y entretenimiento. Cada español ve la televisión una media de casi cuatro horas diarias, y el 83,1 por ciento de ellos lo hacen a través de la TDT. La TDT en abierto es una parte esencial del ecosistema audiovisual y constituye un pilar básico para la industria europea de creación de contenidos, la libertad de elección, la diversidad cultural y la cohesión social, siendo la elección mayoritaria de los consumidores.
Debería ser, por tanto, una prioridad para el Gobierno mantener y preservar la oferta de televisión en abierto. Más aún cuando dispone de las herramientas necesarias para ello. Como se decía al principio, el espectro radioeléctrico es un bien escaso, pero no por ello insuficiente. Existe espacio para todos. Tan solo es necesario que se haga de él una gestión eficiente.
Hace pocos meses perdimos nueve canales de televisión. No deberíamos permitir que esa triste experiencia se repita y se hace imprescindible que la oferta actual se mantenga, que no se prive a los españoles de la oferta en abierto de la que ya disponen, pero, sobre todo, que no se condene al sector a un retraso tecnológico de nefastas consecuencias. La ecuación es muy sencilla: si los radiodifusores de TDT no disponen del espacio radioeléctrico necesario, será imposible e inútil desarrollar contenidos y tecnologías con cada vez mayores prestaciones y los equipos domésticos instalados no se utilizarán en todo su potencial.
Hay posibilidades técnicas para que todos los actores tengamos el espectro necesario para una operación satisfactoria y adecuada al estado del arte. Hay solución para ofertas concurrentes que permitan a los usuarios una elección libre, sin que se ponga en riesgo la constante innovación del sector audiovisual. Trabajar por ello significa no olvidar nunca que los bienes de dominio público son, al fin y al cabo, de sus legítimos propietarios, los ciudadanos.
Alejandro Echevarría y José Manuel Lara Bosch (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)