Hay que corregir el proceso de paz en Afganistán

En febrero, el presidente afgano Ashraf Ghani ofreció a los talibanes negociar sin condiciones un acuerdo político. En apoyo del proceso, Estados Unidos también inició conversaciones directas con los talibanes, algo que estos venían demandando. Pero después los talibanes intensificaron su campaña de violencia y mataron a cientos de civiles, entre ellos diez candidatos a la reciente elección parlamentaria y partidarios suyos. También se negaron a hablar con el gobierno afgano.

Una inmensa mayoría de los afganos quiere un final negociado para el conflicto. Pero la estrategia actual para alcanzar un acuerdo político está fracasando, porque descuida instituciones afganas fundamentales, excluye del proceso a la ciudadanía y premia la campaña de violencia de los talibanes.

Si no se resuelven estas falencias, los intentos de dialogar con los talibanes pueden profundizar la fragilidad política de Afganistán y debilitar todavía más al estado. Los gobiernos afgano y estadounidense tienen que ser pragmáticos y adoptar una perspectiva a más largo plazo en su búsqueda de un acuerdo político, no concentrarse solamente en cuestiones inmediatas.

La estrategia actual alentó la violencia. Ni el gobierno afgano ni Estados Unidos insistieron en la suspensión de los ataques de los talibanes como condición mínima para un diálogo. Eso llevó a que cada ronda de negociación se convierta en una oportunidad para que los talibanes cometan más violencia en un intento de mejorar su posición negociadora.

Otro problema es el surgimiento de un estado paralelo, algo a lo que el gobierno afgano ha contribuido al otorgar privilegios diplomáticos a los líderes talibanes. En vez de ayudar a que los talibanes promuevan la paz en Afganistán, la inmunidad diplomática permitió a sus líderes interactuar con actores extranjeros para promover su causa y agenciarse legitimidad internacional, especialmente por medio de la oficina del grupo en Qatar.

Este estado paralelo tiene acceso a ingresos del narcotráfico y la extorsión, y obtuvo reconocimiento de facto de países de todo el mundo. Y Ghani, que mientras fue ministro de finanzas en 2002‑2004 se opuso firmemente a la creación de un sector público paralelo para la entrega de ayuda, ahora descuida la amenaza que plantea el estado paralelo talibán en Afganistán.

Pero ha habido avances. En 2002 nadie hubiera imaginado el grado de transformación del país desde entonces. Ha surgido una nueva generación, comprometida y educada, y la participación de las mujeres en la vida social y política ha aumentado considerablemente. La ciudadanía afgana ha mostrado una extraordinaria capacidad para resistirse al terrorismo en los niveles local y nacional.

Esto es evidente sobre todo en el difundido rechazo a la campaña de violencia e intimidación con la que los talibanes trataron de desalentar el voto en la reciente elección parlamentaria. Pero aunque la comunidad internacional en general, y Estados Unidos en particular, han apoyado el logro de avances en Afganistán, el gobierno afgano desaprovechó esta extraordinaria capacidad cívica, al no incluir a la ciudadanía o establecer un proceso consensuado como parte de su estrategia para una solución política.

Esto contrasta con el reciente acuerdo político entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC, que dio voz a la ciudadanía colombiana mediante un referendo celebrado en 2016; esto la convirtió en uno de los actores principales del proceso (aunque los votantes no aprobaron el acuerdo final en el primer intento).

Afganistán no está todavía en un estadio tan avanzado. Pero cualquier marco para un acuerdo político legítimo demandará aunque sea un mínimo de participación de la ciudadanía afgana, y todavía no hay una plataforma que le permita expresarse. Consultar a caudillos y políticos influyentes en Kabul no es sustituto del reconocimiento de los legítimos intereses e inquietudes de la ciudadanía, a la que décadas de violencia han provocado un inmenso padecimiento. Esta deficiencia es evidente en la reciente constitución por parte del gobierno afgano de un alto comité consultivo para la paz, que no incluye a representantes de los jóvenes o de la sociedad civil y cuyo mandato se superpone con el del ya creado Alto Consejo para la Paz.

La paz en Afganistán es posible. Pero es necesario que los gobiernos afgano y estadounidense sean realistas sobre el proceso y sobre el resultado. Una solución política para un conflicto prolongado demanda una consideración minuciosa y equilibrada de los intereses e inquietudes de todos los actores pertinentes. La ciudadanía tiene que participar en el resultado y apoyarlo, para lo cual es necesario que el acuerdo reduzca la violencia y, sobre todo, permita al estado mantener el orden civil.

Optar por la conveniencia política al servicio de expectativas irreales sólo pondrá en más peligro el futuro de Afganistán. Para tener éxito, el intento de alcanzar un acuerdo con los talibanes debe ir de la mano de iniciativas de construcción institucional a largo plazo y políticas de desarrollo, en formas que unan a la ciudadanía y fortalezcan al estado y a las instituciones fundamentales de las que depende la estabilidad futura.

Nematullah Bizhan, a former deputy minister for youth in Afghanistan, is a senior research associate at the Global Economic Governance Program at the University of Oxford, and a visiting fellow at the Development Policy Centre at Australia National University. Traducción: Esteban Flamini.

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