Hay que iniciar el procedimiento del ‘impeachment’

Todos los seguidores de Spiderman reconocerán la frase “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Ahora debemos darle la vuelta: cuando la persona a la que se ha otorgado un gran poder demuestra que es incapaz de actuar con responsabilidad, debemos recuperar ese poder.

Eso significa empezar a recortar la capacidad del presidente Trump de hacer un daño irreparable al país y al mundo. Por eso recordé recientemente que la 25ª Enmienda habla de la capacidad de “ejercer los poderes y las obligaciones de su cargo” y pedí el inicio inmediato de las investigaciones para una posible destitución, el equivalente a las investigaciones preliminares en un caso penal.

Puede que este llamamiento sea poco realista y poco conveniente para mis ideas progresistas. El vicepresidente Mike Pence no es ninguna joya y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tampoco. Pero no hay tiempo que perder. Mientras el nuevo fiscal especial, el exdirector del FBI Robert Mueller, empieza a indagar la posible existencia de delitos y los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado investigan quién hizo qué para inclinar la elección de 2016 en favor de Trump, la Cámara debe empezar a estudiar los abusos de poder de la administración de Trump y sus claras violaciones del juramento prestado al tomar posesión.

Esta investigación, que puede desembocar o no en un proceso de destitución y en que Trump comparezca a juicio en el Senado (seguramente con el fiscal general, Jeff Sessions), no puede esperar a que se apruebe una ley (que Trump vetaría) para crear una comisión especial que examine la capacidad mental del presidente para ejercer el gobierno de acuerdo con la Constitución. La situación exige actuar con urgencia.

Esa urgencia quedó clara cuando Trump presumió de compartir información reservada, proporcionada a Estados Unidos por Israel, no con nuestros aliados, sino con Rusia. Todavía más, cuando se supo que, el día anterior, el presidente había despedido de pronto al director del FBI, James Comey, por negarse a prometer que su investigación sobre la aparente connivencia entre la campaña de Trump y Rusia no le apuntaría personalmente a él. Y se dispararon las alarmas con la revelación de que Comey había incluido en el expediente de dicha investigación notas sobre todas las conversaciones con Trump.

Tal como acostumbra a hacer, el presidente empezó por desplegar sus tropas (incluido el consejero de seguridad nacional) para difundir noticias falsas. Luego soltó -de palabra y en Twitter- algo cercano a la verdad, pero dijo que no había que preocuparse: igual que presumió de tener toda la autoridad para sustituir a Comey en la investigación sobre su campaña, aseguró que, como presidente, tenía “derecho absoluto” a decidir qué informaciones secretas compartir con quién quisiera.

Cada vez da más la impresión de que, al final, se verá que detrás de los muchos ejemplos de sumisión de Trump, su familia y su equipo a Putin, está la pista rusa del dinero y las operaciones de blanqueo. Tanto si es la punta de un iceberg anticonstitucional como la serie de coincidencias más extraña de la historia, necesitamos llegar al fondo de este asunto.

Mientras tanto, la Cámara tiene la obligación de empezar a investigar lo que parecen motivos suficientes para la destitución, antes de que nuestra seguridad nacional sufra más daños irreparables. Estamos hablando quizá incluso de traición, si se demuestra que Trump llegó a la presidencia gracias a la colaboración de nuestros adversarios y que ahora, a cambio, está beneficiándolos, además de aumentar la fortuna familiar a expensas de la nación.

También parece claro que Trump está intercambiando favores con Rusia (y otros gobiernos no aliados), y que al principio retuvo al director del FBI a cambio de que le garantizara que la investigación sobre Russiagate le excluiría a él. Investigar estos asuntos pensando en el posible proceso de destitución del presidente no es algo opcional: el Artículo II, Sección 4 de la Constitución dice: “El presidente y el vicepresidente… serán apartados de su cargo si son procesados y condenados por traición, soborno u otros delitos y faltas”. “Serán”, no “pueden ser”.

A pesar de ese mandato, la idea de la destitución se ha convertido en algo tan emponzoñado y se ha utilizado de manera tan sórdida como arma política contra presidentes del partido rival, que hoy existe una resistencia palpable a invocarla. Sin embargo, dado que resulta todavía más difícil recurrir a la 25ª Enmienda para apartar a un presidente que desconoce los límites constitucionales y tiene ideas delirantes sobre sus obligaciones, tenemos que vencer esa alergia y dejar de considerar que es una forma de siniestra venganza.

Las respuestas de Trump cuando le acusan de abuso de poder están en la línea de la famosa frase de Nixon: “Si lo hace el presidente, es legal”. Lo hizo cuando le criticaron por prohibir la entrada en Estados Unidos a los musulmanes (los que proceden de países en los que Trump no tiene intereses económicos, no de otros de los que sí han salido terroristas); por sus numerosos negocios, que violan claramente la prohibición constitucional de recibir dinero tanto de grupos nacionales como de otros países; por el repentino despido de Comey; y por compartir con nuestros adversarios rusos unas informaciones demasiado delicadas para compartirlas incluso con nuestros aliados. Ante cada acusación, la respuesta infantil de Trump es: Soy el presidente, así que tengo que tener razón.

Emprendimos una revolución contra Jorge III de Inglaterra para huir del poder absoluto, el que se basa en la corrupción y el que se debe a la incompetencia. Luchamos en la Segunda Guerra Mundial contra una autoridad sin límites. Aunque, en ocasiones, hemos tolerado e incluso apoyado a dictadores porque podía beneficiar a nuestro país, esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos admira abiertamente a esos dictadores por lo que han podido hacer, no por sus ciudadanos, sino por sí mismos. Los casos mencionados tienen algo en común: demuestran que, para Trump, el poder que le hemos confiado es un instrumento que utiliza como le parece, no para mantener proteger la grandeza de nuestra nación, no para “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”, como juró solemnemente hacer, sino para satisfacer su ego inmaduro, su vanidad infinita y su codicia insaciable.

Por eso ha llegado la hora de actuar, y nuestro sistema constitucional nos proporciona las herramientas para empezar a hacerlo.

Laurence H. Tribe ocupa la Cátedra Carl M. Loeb y es profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de Harvard. Es fiscal general ciudadano en el Gobierno en la Sombra, @ShadowingTrump. Síganle en Twitter: @tribelaw.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

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