Hay que tomar en serio al tribunal constitucional alemán

La sentencia del Tribunal Constitucional Federal (TCF) de Alemania contra el programa de compra de activos del Banco Central Europeo, anterior a la pandemia, dejó pasmados a funcionarios y otros observadores fuera de Alemania. Muchos se sentirán tentados a ignorar el fallo por completo, o a escalar la batalla legal con el TCF. Pero ambas respuestas serían contraproducentes. La situación exige un debate serio sobre el mandato del BCE y los tratados europeos actuales.

En concreto, el TCF acusó al BCE de incumplir el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no someter su programa de compra de activos públicos (PSPP) a una correcta «evaluación de proporcionalidad». El tribunal considera que el PSPP trasciende el marco de la política monetaria y es una política económica en sentido más amplio, que ha impuesto costos indebidos a los pequeños ahorristas, a los contribuyentes y a determinados sectores. Por ello, el TCF considera que el BCE se acercó a transgredir, o que transgredió, la prohibición de extender financiación a los gobiernos de los estados miembros por la vía monetaria.

No es la primera vez que el TCF cuestiona al BCE, pero la última sentencia es sin duda una intensificación del conflicto. Mientras falte una evaluación de proporcionalidad de parte del BCE, el Bundesbank no podrá participar en el PSPP, lo cual puede tener amplias derivaciones respecto de la Unión Económica y Monetaria europea (UEM).

El fallo contiene muchos elementos criticables, en particular una falta de comprensión de la política monetaria desde el punto de vista económico. Lo cierto es que el BCE hace una evaluación periódica amplia de las consecuencias de sus políticas con cada uno de los pronósticos trimestrales que publica. Además, sería imposible lograr la estabilidad de precios en una economía donde se abandona a los ahorristas, pululan las empresas zombi y el sistema bancario está destruido. La exigencia del TCF al BCE de presentar evaluaciones del tipo solicitado genera un peligroso conflicto entre los marcos jurídicos europeo y alemán. No sorprende que muchos economistas y juristas hayan descrito los argumentos del TCF como un total sinsentido.

Sin embargo, las instituciones europeas deben tomarse en serio los cuestionamientos del TCF, ya que no hacerlo puede tener consecuencias catastróficas. El TCF lleva mucho tiempo objetando las políticas del BCE, y no hay motivos para suponer que se detendrá después del último fallo. Y lo más importante, no se puede ignorar el hecho de que sus argumentos despiertan resonancias en muchos economistas, políticos y votantes alemanes. Hay en Alemania una profunda convicción, mayoritariamente aceptada, de que el BCE no tiene en cuenta los intereses del país. Sobre todo desde la crisis financiera global de 2008, son cada vez más las voces que critican no sólo los programas de compra de bonos del BCE, sino también sus políticas sobre tipos de interés y garantías, e incluso el sistema de pagos TARGET2.

Este sentimiento público, cada vez más intenso, le fue restando credibilidad al BCE en Alemania, y no se puede pasar por alto este problema. La confianza y la credibilidad son los activos más importantes de los bancos centrales, sin los cuales no pueden cumplir su mandato. De modo que la UE y los gobiernos de los otros estados miembros no pueden seguir ignorando al TCF y al electorado al que representa.

Lo primero que debe hacer el BCE es comprender el cambio que pide el TCF (y la opinión pública alemana). Cuando el tribunal denuncia que las políticas monetarias actuales imponen costos a grupos determinados, quiere decir que no considera que el BCE deba perseguir ante todo la estabilidad de precios. En esencia, el TCF está pidiendo que el BCE cumpla un mandato diferente.

Por supuesto que el TCF no tiene autoridad para exigir ese cambio. Pero para evitar una crisis más profunda, el BCE tiene que convencer a los alemanes de que el mandato de estabilidad de precios tiene un porqué, y que la institución no puede, así como así, dedicarse a imponer disciplina a ciertos gobiernos o preferir políticas que beneficien a los bancos y ahorristas alemanes. Es una cuestión que no puede resolverse a través del proceso habitual de revisión de estrategia del BCE.

El TCF también cuestiona el elemento de reparto de riesgos inherente a todas las decisiones del BCE. La política monetaria siempre tiene consecuencias distributivas dentro de las sociedades, y en la eurozona también entre países. Pero la opinión predominante en Alemania es que desde 2008 el BCE ha orientado sus políticas a beneficiar a países débiles del sur de Europa a costa de Alemania. Aquí también, habrá quien se sienta tentado a decir que este argumento es un sinsentido (que lo es) y señalar que en los últimos diez años, Alemania sacó tanto provecho de las políticas del BCE como el que más. Pero eso no resolverá el conflicto.

Al fin y al cabo, el BCE ha asumido una responsabilidad extraordinaria por mantener la estabilidad económica y financiera; primero durante la crisis de 2008, después durante la crisis de deuda europea que siguió, y ahora en respuesta a la COVID‑19. Un mejor reparto de riesgos a través de una adecuada unión fiscal y de mercados de capitales reduciría las divergencias dentro de la eurozona y permitiría así al BCE prescindir de compras de títulos públicos y otras intervenciones. Pero es una posibilidad lejana, así que lo mejor será que el BCE modifique su estrategia.

El BCE debe revisar la definición de estabilidad de precios y el método para el análisis de las consecuencias de la política monetaria; no para complacer al tribunal alemán, sino para aumentar la transparencia. Eso lo ayudará, al menos por ahora, a proteger su independencia operativa, institucional y legal. Pero a largo plazo, la UE y los gobiernos de los estados miembros no pueden desatender la posición alemana. Más allá de defectos graves y contradicciones en su razonamiento, el TCF ha planteado dudas legítimas e importantes en relación con el mandato de la política monetaria del BCE y su papel dentro de la UEM.

En el mejor de los casos, la UE se tomará el fallo del TCF como un llamado de atención sobre la necesidad de trabajar en dirección a una unión fiscal y de mercados de capitales viable, y aclarar el papel del BCE en dicha unión. Eso demandará un arduo proceso de introducción de modificaciones a los tratados europeos; pero la alternativa puede ser mucho peor.

Marcel Fratzscher, a former senior manager at the European Central Bank, is President of the think tank DIW Berlin and Professor of Macroeconomics and Finance at Humboldt University of Berlin. Traducción: Esteban Flamini.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *