El anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 28 de enero sobre la imputación a miembros del Secretariado de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por miles de secuestros cometidos por esa organización, era esperado con ansiedad por quienes tienen que ver con el conflicto armado en Colombia. Amigos del acuerdo de reincorporación de las antiguas FARC a la vida civil, enemigos acérrimos de este proceso y víctimas de los secuestros, estaban atentos a la primera resolución de acusación que sería expedida por este tribunal especial, creado hace cuatro años para investigar y juzgar los delitos cometidos por esa organización guerrillera.
Al acusar a ochos miembros del Secretariado, tres de ellos congresistas —entre los que se encuentra el excomandante general y ahora senador Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”—, la JEP determinó varios elementos claves.
Por un lado, en lugar del genérico “secuestro” optó por “retención ilegal de personas”, acogiéndose al término que utiliza para calificarlo la Fiscalía General de la Nación. Este delito está enmarcado en el Caso 01: “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.
Por el otro, confirmó que la única manera de hacer justicia y encaminar al país hacia la verdad, la reparación y la no repetición de estos hechos victimizantes es castigando a los máximos responsables.
Aunque el país tenía pleno conocimiento de ello, es importante que la JEP determine que el Secretariado es el responsable jurídicamente de crímenes de lesa humanidad (privaciones graves de la libertad y, como consecuencia de ellas, homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado) y de crímenes de guerra (toma de rehenes).
La resolución del tribunal especial cayó como un balde de agua fría para los negacionistas del Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Estado, al mismo tiempo que se constituye en un alivio para sus defensores. Este acuerdo ha sido seriamente golpeado por el actual gobierno, el cual coincide con los argumentos de miembros del partido en el poder, el Centro Democrático, que siempre señaló que no quería “paz con impunidad” y se inclinó más por la sentencia de uno de sus líderes, Fernando Londoño Hoyos, de “hacer trizas la paz”.
Y aunque parezca increíble, los propios imputados creen que es una oportunidad para reivindicarse con el país. Uno de ellos, Jaime Alberto Parra —conocido en la época guerrillera como “Mauricio” o “El médico”—, me dijo en entrevista: “Considero importante que el país conozca los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado. Para nosotros, la verdad es imprescindible en el propósito de garantizar la estabilidad y durabilidad de la paz que estamos construyendo”.
Por eso, cuando declararon ante los magistrados investigadores, asegura Parra, lo hicieron “asumiendo que cometimos errores, reconociendo el dolor que determinadas acciones e incluso omisiones hayan podido causar”. Él y sus compañeros de lucha han pedido perdón a las víctimas, porque “solo así podremos cimentar una paz con proyección de futuro y garantizar la no repetición”.
Y el daño no ha sido poco: para la JEP, los antiguos comandantes tienen “responsabilidad de mando” en los 2,456 secuestros que afectaron a miembros de las fuerzas militares, funcionarios públicos, políticos y gente común entre 1993 y 2012, aunque reconoce que los casos pueden llegar a ser 20,000.
Solo han pasado tres años desde que la JEP comenzó en firme las investigaciones judiciales y ya ha logrado algo histórico, lo que no pudo hacer durante 60 años la paquidérmica justicia ordinaria colombiana: poner contra las cuerdas del ring de la justicia y la verdad a quienes dirigieron el aparato militar de esa organización subversiva y afectaron de manera tan cruel a sus compatriotas.
Es cierto que, si son condenados, las penas serán mucho más bajas que las que hubieran recibido de la justicia penal y también que, por la representación política derivada de los acuerdos, será difícil hacer que las cumplan quienes son congresistas actualmente. Pero para la sociedad colombiana es el comienzo de una sanción ejemplar que garantiza que, si algún día se logra sacarla del atolladero en el que se encuentra, Colombia derrotará el estigma de “paz con impunidad”.
De esta manera, en el peor momento de la implementación de lo convenido entre la antigua guerrilla y el gobierno, la JEP demuestra que cumplir con lo acordado no es solo necesario, sino también viable.
Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Durante más de tres décadas ha investigado sobre el conflicto armado y político de Colombia. Es autora de una veintena de libros, entre ellos novelas históricas, periodísticos y académicos.