Por Alfredo Conde, escritor (EL PERIÓDICO, 11/01/06):
Hará ya un mes, quizá algo más, aparecieron en la prensa gallega, en el semanario A Nosa Terra, unos titulares que todavía nadie desmintió. Según ellos, Madrid acapara el 80% de los bienes del Estado y el 80% de las grandes empresas, al tiempo que se sitúa como la tercera región de la Unión Europea que más creció. Si quien firma los leyó bien, los datos que ahora se recuerdan indican que Madrid cuenta con el 13% de la población total española y que, en el espacio de tiempo que media entre los años 1980 y 2004, pasó de representar el 14% del PIB estatal al 17,35%, convirtiéndose, con notable diferencia sobre la que le sigue, Navarra, en la primera comunidad en PIB per cápita, con el 130% de la media estatal. Es innecesario añadir que el inútil literato que firma esto que ustedes están leyendo no tiene ni idea de economía y que, al relacionarles tales datos, no hace otra cosa sino hablar de memoria y copiar datos, amén de sorprenderse y manifestar el asombro que confiesa sin ambages.
¿QUÉ ESTADO de las autonomías es el que se está descentralizando y cómo? La pregunta se la hacía el semanario A Nosa Terra, es decir, nos la formulaba a sus lectores y se la traslado yo ahora a ustedes pues, lógicamente, no suelen leerlo. ¿Sabían que la Terminal T4 del aeropuerto de Barajas, por ejemplo, costará 6.200 millones de euros, y que eso constituye casi el 66% de los presupuestos del Gobierno gallego para el año 2006? ¿Serán estos datos y otros que se puedan aportar suficientes para que nos preguntemos la razón por la que determinados medios, me refiero a los grandes orquestadores de las campañas antiestatutos --porque por aquí, por Galicia, también andamos ya en ello-- organizan la que están montado y lo hagan hablando, impunemente, de la desmembración del Estado? Es posible que no, que no lo sean, que no sean suficientes; pero también lo es que lo que realmente estén defendiendo sea la prolongación en el tiempo de una situación que permite tamaños desequilibrios como los que se señalan. El pasado mes de diciembre, los mismos medios se inundaron con los "deseos anexionistas" contenidos en el proyecto de Estatuto para Galicia elaborado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Según Jomeini Losantos, este proyecto fue tácitamente aceptado por el presidente gallego, de forma que los deseos así calificados se convierten, desde ese mismo momento, en una nueva arma de manipulación de la opinión pública española, dirigida entre otros por el energúmeno verbal que se acaba de citar. Nadie, absolutamente nadie, hasta el momento de redactar estas líneas, se ha preocupado de recabar la opinión de los habitantes de los municipios fronterizos políticamente con Galicia que dependen, de forma cotidiana y a casi todos los efectos, de núcleos de población gallegos. O de los gallegos que lo hacen de entidades de población leonesa, para ser ecuánimes. Y lo que es peor, los epítetos, los insultos y las descalificaciones han surgido ya de las boquitas de piñón de los eufemismos galopantes: neoimperialismo fascistoide, por ejemplo, es uno de los que ya se usan provocando la respuesta airada de las gentes de orden; no de las de siempre, pero sí de las de antaño, que se rasgan las vestiduras o se mesan airadamente las barbas. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie de entre todas esas gentes proclama, o simplemente reconoce, que en más de un Estatuto de autonomía de las regiones de la España interior se contempla la capacidad legal de incorporación de realidades geográficas o políticas que cumplan con características como aquellas que se cuestionan tanto en el caso gallego como en el catalán en su momento.
Y MIENTRAS, la realidad es la que es, y no la que se nos presenta. Según datos de la Comunidad de Madrid, reproducidos por la prensa gallega y todavía no desmentidos, en la capital de España se recauda el 44% de los impuestos españoles, lo que quizá explique el hecho de que Madrid pasase de contar con 4,6 millones de habitantes en 1980 a hacerlo con los 5,8 con los que contaba en 2004. Y una tasa de paro del 6,5% que se corresponde con la de más del 11% que se padece en Galicia --no sé en Catalunya-- y así sucesivamente. La pregunta a formular es la de si todavía es posible empezar a corregir la airada reacción de los tertulianos centralistas cada vez que alguien decide cuestionar, siquiera sea mínimamente, no ya la hegemonía vigente, sino tan sólo enmendarla reclamando una transferencia equitativa y una rectificación de los agravios evidentes, partiendo de la consideración de que ese 80% de los bienes del Estado debiera ser mejor repartido, proponiendo para ello unos instrumentos legales, llamados estatutos, que potencien las propias realidades sin detrimento de las ajenas.