Hegemonía en los medios venezolanos

Por Carlos Lauría (EL CORREO DIGITAL, 03/07/07):

La no renovación del permiso para emitir a Radio Caracas Televisión (RCTV, el canal de televisión más antiguo de Venezuela), después de 53 años de transmisiones ininterrumpidas, responde a una estrategia deliberada del Gobierno del presidente Hugo Chávez de reemplazar el dominio de los medios audiovisuales privados por un monopolio en manos del Estado. La amplia cobertura internacional que ha recibido el caso RCTV no debe ocultar que su cierre se enmarca en un plan gubernamental de mayor alcance en el sector de la comunicación, que dejará maltrecha la salud de la libertad de expresión en este país.

A pesar de ser elegido en 1998 con el apoyo de algunos medios de comunicación, Chávez pronto rompió relaciones con ellos. Tras el golpe de Estado que le derrocó por unos días en abril de 2002, el Gobierno de Venezuela llegó a la conclusión de que el aparato de comunicación del Estado estaba en desventaja en comparación con el poder de los medios privados. Hasta entonces, Radio Nacional de Venezuela, Venezolana de Televisión (VTV) y Venpres, la agencia oficial de noticias, eran los únicos medios en poder del Estado. Por eso, a partir de 2003, el Ejecutivo invirtió grandes sumas de dinero en nuevos medios de cable y señal abierta y financió la creación de medios alternativos y comunitarios.

Desde aquel momento, el Gobierno ha lanzado ViVe TV, una cadena de televisión cultural y educativa con cobertura nacional; ANTV, que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional en señal abierta y por cable; y Ávila TV, un canal regional dirigido por la Alcaldía metropolitana de Caracas. Pero acaso el proyecto más ambicioso de Chávez ha sido el lanzamiento de Telesur, un canal de noticias 24 horas considerado por funcionarios del Gobierno como una alternativa a la CNN y Fox. Venezuela es propietario del 51%, mientras que los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay y Bolivia controlan participaciones minoritarias.

Telesur cuenta con oficinas en América Latina, el Caribe y Washington, y tiene planes de lanzar una agencia de noticias y de abrir sedes en Madrid y Londres. En diciembre pasado, Telesur adquirió el canal en abierto CMT con la idea de ampliar su alcance más allá de los suscriptores de cable y satélite. El 9 de febrero, la cadena comenzó a transmitir su señal a todas las grandes ciudades de Venezuela. En el resto del país está disponible a través del sistema satelital de Direct TV, proveedores de servicio de cable y televisiones comunitarias. Es evidente que, con tamaña inversión en los medios estatales, la composición y estructura de la prensa venezolana ha cambiado radicalmente.

Con una fuerte inyección de fondos públicos, el Gobierno ha logrado equilibrar la influencia de la prensa privada y, al mismo tiempo, dotar a los medios estatales de tecnología avanzada. Sin embargo, el Ejecutivo sigue refiriéndose a la concentración monopolística privada y rehúsa reconocer el cambio notable en la relación de fuerzas que se ha producido desde 2003. Algunos portavoces gubernamentales han explicado abiertamente la estrategia del chavismo en referencia a los medios de comunicación. Andrés Izarra, presidente de Telesur y ex ministro de Comunicación e Información, afirmó en una entrevista concedida en enero a ‘El Nacional’ -uno de los matutinos de mayor circulación en Caracas- que la Administración Chávez está construyendo una «hegemonía informativa». Izarra aclaró que ésto no significaba el fin del disenso, y que los medios no alineados con el Gobierno seguirían existiendo. Pero un informe elaborado por el CPJ tras una misión a Venezuela concluye que la situación de la libertad de expresión se ha deteriorado. En 2005, la Asamblea Nacional incrementó drásticamente las sanciones penales por los delitos de difamación, calumnia e injuria, mientras amplió las categorías de funcionarios gubernamentales protegidos por las normas de desacato.

La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que entró en vigor ese año, ha sido fuertemente criticada por defensores de la libertad de prensa por sus amplias y vagas restricciones. El artículo 29, por ejemplo, prohíbe a los prestadores de servicios de radio y televisión difundir mensajes que «sean contrarios a la seguridad de la nación». Todos los periodistas y ejecutivos de medios que dialogaron con el CPJ coincidieron en que pueden expresar sus puntos de vista pero -según constata el informe- «se exponen a represalias en forma de acoso fiscal, inspecciones administrativas, silencio oficial a sus solicitudes y ataques verbales dirigidos a desacreditarlos».

Los medios impresos, que escapan al ámbito de la ley de responsabilidad social, son menos vulnerables a la presión directa del Gobierno. Según declararon editores de diarios al CPJ, el Ejecutivo suele retirar la publicidad oficial en los medios en represalia por la cobertura crítica. «En nuestro modelo de negocio, decidimos que la publicidad oficial no existe y punto», sostiene en el informe el director de ‘El Nacional’, Miguel Enrique Otero.

La no renovación el 27 de mayo de la concesión de RCTV encaja a la perfección en la lógica gubernamental sobre la hegemonía informativa del Estado. La decisión fue claramente diseñada para dejar fuera de juego al principal medio crítico, dueño de la mayor audiencia en televisión a nivel nacional. Dos de los tres restantes canales privados, Venevisión y Televén, han suavizado las críticas para no sufrir la misma suerte. Curiosamente, la licencia de la cadena Venevisión -propiedad de la familia Cisneros- sí fue renovada poco antes de su vencimiento el 27 de mayo. Globovisión, cuya concesión vence en 2015, no le quita el sueño al Gobierno porque no tiene alcance nacional sino que transmite por aire en Caracas y Valencia. La frecuencia de RCTV fue remplazada por un canal que el Gobierno denomina de servicio público, Televisora Venezolana Social (TVES). Mientras que el Ejecutivo asegura que no dicta su línea editorial, se teme que la emisora opere como un órgano gubernamental. Este avance de Chávez contra los medios privados representa un claro retroceso en materia de libertad de expresión, e implica un traspié evidente de Venezuela en su compromiso con los valores de la democracia.