Durante la cumbre del G-20 de los días 26 al 29 de junio pasado, mi ciudad parecía una escena del crimen. Los delincuentes desaparecían en la noche huyendo del lugar. No estoy hablando de los chicos vestidos de negro que rompían ventanas o incendiaban coches de policía. Estoy hablando de los jefes de Estado que desgarraban las redes de la protección social y quemaban buenos puestos de trabajo en medio de una recesión. Frente a los efectos de una crisis creada por la capa de los más ricos y privilegiados del mundo, decidieron endosar la factura a la gente más vulnerable y pobre en sus propios países. ¿De que otra forma podemos interpretar el comunicado final del G-20, que ni siquiera incluye un mísero impuesto sobre los bancos y las transacciones financieras, y en cambio prescribe a los gobiernos una reducción del déficit a la mitad para el año 2013?
Se trata de un recorte imponente y enorme, por lo que debemos aclarar quién lo pagará: estudiantes que verán cómo se deteriora aún más su nivel educativo en la enseñanza pública mientras aumenta el importe de sus matrículas; jubilados que perderán sus beneficios sociales ganados a pulso; funcionarios públicos cuyos puestos de trabajo serán eliminados. Y la lista continúa. Este tipo de recortes ya han empezado a aplicarse en numerosos países del G-20 y serán aún mucho más duros. Por ejemplo, la reducción del déficit proyectado en el 2010 en Estados Unidos a la mitad, en ausencia de un notable incremento fiscal, representaría un recorte de 780 millardos de dólares. Los recortes se aplican por una sencilla razón. Cuando los países del G-20 se reunieron en Londres en el 2009, en el punto culminante de la crisis financiera, los líderes fracasaron a la hora de regular el sector financiero a fin de que no volviera a ocurrir nunca más tal tipo de crisis.
Sólo tuvimos una retórica hueca y un acuerdo para poner billones de dólares en dinero público sobre la mesa para apuntalar la banca en todo el mundo.
Entre tanto, poca cosa hizo el Gobierno estadounidense para apoyar las viviendas y puestos de trabajo de la gente, de modo que además de la hemorragia de dinero público para salvar a los bancos, cayó la base impositiva dando pie a una crisis de deuda y déficit totalmente predecible.
El primer ministro canadiense, Stephen Harper, convenció a sus homólogos de que no sería justo castigar a los bancos que actuaron bien y no crearon la crisis (a pesar de que los altamente protegidos bancos de Canadá son sólidamente rentables y fácilmente podrían absorber un impuesto). Sin embargo, estos líderes no pararon mientes en la exigencia de lo que es justo al decidir castigar a personas sin culpa por una crisis creada por inversionistas en derivados financieros y ausencia de reguladores.
La semana pasada, The Globe and Mail de Toronto publicó un fascinante artículo acerca de los orígenes del G-20. Resulta que el concepto se concibió en una reunión en 1999 entre el entonces ministro de Finanzas canadiense, Paul Martin, y su homólogo estadounidense, Lawrence Summers (algo interesante de por sí, ya que en ese momento este último desempeñaba un papel básico para crear las condiciones de esta crisis financiera al permitir una ola de consolidación bancaria y negarse a regular los derivados).
Ambos personajes querían ampliar el Grupo de los Siete, pero sólo a países que consideraran estratégicos y seguros. Necesitaban hacer una lista, pero según parece no tenían papel a la mano. Así que, según los periodistas John Ibbitson y Tara Perkins, "los dos hombres tomaron un sobre color manila, lo pusieron en la mesa entre los dos y empezaron a esbozar el croquis de un nuevo orden mundial". Así nació el G-20.
La anécdota es un buen recordatorio del hecho de que la historia se configura según las decisiones humanas, no según las leyes de la naturaleza. Summers y Martin cambiaron el mundo con las decisiones que garabatearon en una de las caras de ese sobre. Pero nada indica que los ciudadanos de los países del G-20 hayan de recibir órdenes de este selecto club.
En Italia, Alemania, Francia, España y Grecia, los trabajadores, los jubilados y los estudiantes ya han salido a la calle contra las medidas de austeridad y suelen manifestarse bajo el lema "No pagaremos por su crisis". Tienen muchas ideas y sugerencias sobre cómo obtener ingresos para hacer frente a sus respectivos déficits presupuestarios.
Muchos demandan un impuesto sobre las transacciones financieras que reduciría la rapidez de transferencia del dinero especulativo y obtendría nuevos fondos para apoyar programas sociales y luchar contra los efectos del cambio climático. Otros exigen imponer a los contaminadores elevados impuestos que financien el coste de hacer frente a los efectos del cambio climático para alejarse de los combustibles fósiles. Y, por cierto, poner fin a guerras que se están perdiendo siempre es una buena manera de ahorrar costes.
El G-20 es una institución ad hoc,sin la legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas. Ya que acaba de intentar endosarnos una enorme factura por una crisis que la mayoría de nosotros no contribuyó a crear, propongo que nos guiemos por el gesto de Martin y Summers. Tomen el sobre y escriban al dorso: "Devolver al remitente".
Naomi Klein, columnista de The Nation y The Guardian, autora de La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre.