Fernando Sánchez Dragó escribió hace años en EL MUNDO que "aprendemos a pensar y, por lo tanto, a ser, cuando aprendemos a hablar, a leer y a escribir". Para el nacionalismo catalán, el fundamento nuclear de su identidad es la lengua y esa convicción romántica de que a través de su aprendizaje se implanta una determinada forma de ver y de entender el mundo. Su componente xenófobo e intolerante, insolidario e incívico, se manifiesta en la exclusión visceral del castellano por odio o temor cerval a que fagocite o contamine el catalán. Esta negativa frontal a construir un acervo común ha sido asombrosamente respaldada por los sucesivos gobiernos españoles. Ninguna otra nación del mundo impide a sus jóvenes formarse en la lengua oficial y mayoritaria del Estado para vivir de espaldas a su realidad y su cultura. Estas políticas de discriminación vulneran los derechos individuales, acentúan la fractura social y favorecen el fracaso escolar entre los más vulnerables. Y desvertebran el país.
Las decenas de miles de personas que se manifiestan en Barcelona por la enseñanza bilingüe, cuantas más sean mejor pero sin duda serán menos de cuantas lo sienten, son héroes. Solos frente a todo el aparato de señalamiento y estigmatización del poder político nacionalista, han mantenido vivo el combate por el patriotismo constitucional. "Nadie de nuestro círculo cercano ha salido a defendernos, estamos instalados en el miedo", denunciaba el padre de Canet. Por defender un 25% de castellano en las aulas, ahora soportan que en TV3 les llamen "ñordos", trozos de mierda, haciendo hincapié con saña en la ñ que caracteriza a la lengua oficial del Estado. ¿Se puede ser más repugnante? ¿Es que en la Fiscalía no ven la televisión? ¿Y en el Defensor del Pueblo?
Esa minoría valiente a la que el PSC pone sordina es sin embargo el david contra goliat que protagoniza la más decisiva batalla por los poderes del Estado que se libra en estos momentos. Todos los presidentes de la Generalitat han aludido en sus discursos a la importancia de la lengua catalana, pero interesa detenerse ahora en el que hizo Pere Aragonès hace siete días en el Foro Romano de Ampurias, con motivo de la Diada: "Por primera vez en los últimos siete años, ningún centro educativo verá cómo le imponen el 25% de clases en castellano. Y esto, indudablemente, es una excelente noticia".
Es decir que, más allá de la habitual jactancia del incumplimiento de la ley, queda claro, por si alguien tenía alguna duda, que es la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el TSJ de Cataluña tras sucesivos recursos de los padres afectados la que motiva el cruento interés del Gobierno por hacerse con el control por la vía rápida del Tribunal Constitucional para dar satisfacción a sus socios de ERC y cumplir con los acuerdos alcanzados para excluir el castellano, entre otras cosas. Fueron de hecho los independentistas quienes votaron a favor de desbloquear la contrarreforma de la Ley del Poder Judicial que permite el asalto al tribunal de garantías. Su problema, ahora, es que la Comisión Europea ha dado respaldo al aldabonazo de Carlos Lesmes que ha paralizado esa operación.
Feijóo puede presumir de dos éxitos esta semana. El primero, la entrevista en La Sexta, donde apareció como un gestor competente ante una entrevistadora crítica frente a la inverosímil farfolla de cartón piedra de Pedro Sánchez el día anterior en el apacible escenario de Televisión Española. El otro, el respaldo de Ursula von der Leyen en Toledo del que damos cuenta hoy en nuestras páginas. Pero como muy bien señalaba ayer Jorge Bustos en la contraportada de este periódico, también tiene una oportunidad de aclarar "si aspira a la grandeza que pide el momento". No estará en Barcelona y por eso está emplazado a que su discurso de hoy despeje cualquier duda. Si se debilita la capacidad prescriptiva que puede y debe ejercer el PP desde la centralidad en esta causa justa -la más importante por su afectación a los derechos individuales, a la cohesión nacional, a la cultura común, al imperio de la ley y a la autoridad del Estado -, corre el riesgo de abandonarla en manos de opciones minoritarias o radicales y facilitar su devaluación o caricaturización.
El presidente del PP es un político con sentido del poder y esencialmente práctico, y pueden intuirse sus motivaciones. Evitar distracciones en su agenda económica, una vez que ha captado la emoción ciudadana, que sin duda está en esa preocupación. Eludir otra foto de Colón. También quizá no importunar a sus posibles acompañantes en ese incierto viaje al "constitucionalismo catalanista", aunque es muy difícil creer que ese pegamento antiguo sirva para reparar la desconfianza que inocularon los acontecimientos de 2017, y que movilizaron entonces a más de un millón de personas, éstas sí constitucionalistas, empujándolas después a castigar al PP por su estrategia contemplativa: precisamente por resignarse a la inevitabilidad de una hegemonía nacionalista. Ciertamente lo importante es que Feijóo cumpla con la promesa que hizo en EL MUNDO de restablecer el castellano como lengua vehicular y para eso lo primero es ganar las elecciones y gobernar. Pero después necesitará el liderazgo moral que sólo conceden la ambición de transformación social y un mandato ilusionante de los ciudadanos que vaya más allá de la confianza en su incuestionable capacidad de gestión. Y convencerse de que esa hegemonía no es inevitable, claro que no. Ésa es "la grandeza que pide el momento".
Joaquín Manso, director de El Mundo.