Hijos ilegítimos de la democracia

Por Joseba Arregui (EL CORREO DIGITAL, 12/03/07):

Me refiero, cuando hablo de hijos ilegítimos de la democracia, a los ciudadanos vascos. Aquéllos para los que su territorio político, su ámbito de decisión cercano, Euskadi como comunidad autónoma, no ha terminado de completar la transición democrática que en el conjunto de España sí ha sido completada, a pesar de quienes se esfuerzan en afirmar lo contrario. Decir que la transición no ha terminado en Euskadi significa lo mismo que decir que los ciudadanos vascos no han terminado de llegar del todo a la democracia como meta de esa transición. Pero como tampoco nos encontramos en tiempos de dictadura, en tiempos de la dictadura franquista, los ciudadanos vascos se encuentran en un limbo político y jurídico, sin saber si de verdad han llegado al estatus reconocido de ciudadanos de un Estado.

Muchos en Euskadi se han negado, nos hemos negado, a reconocer esta situación de incapacidad de cerrar la transición a la democracia. O hemos pensado que era peligroso describir la situación que vive la sociedad vasca en esos términos, pues por cierto que fuera, podía parecer que daba la razón a los que ponían en duda la legitimidad democrática de la situación estatutaria que caracterizaba, y caracteriza aún hoy, a Euskadi.

Porque el núcleo de la recusación violenta por parte de ETA de la situación estatutaria, de la solución estatutaria a los problemas heredados de la Historia por la sociedad vasca -problemas históricos que son de relación ‘ad extra’ porque lo son de integración ‘ad intra’-, consiste precisamente en afirmar que la situación estatutaria no supone una situación democrática. Sería precisamente la falta de suficiente democracia la que legitimaría el rechazo violento de ETA-Batasuna a las instituciones estatutarias y al corpus constitucional del que derivan. Tampoco para ETA-Batasuna ha habido transición democrática en Euskadi.

Pero superando el riesgo de ser malinterpretados si aceptamos hablar de que la transición democrática no se ha completado en Euskadi, superando el riesgo de que ETA-Batasuna crea que le damos la razón en su crítica de falta de legitimidad democrática de la Euskadi estatutaria, o precisamente por la existencia de ese riesgo, es preciso recurrir a esa forma de describir la realidad política vasca y hacerlo de forma analítica para que pueda ser claramente diferenciada del discurso de ETA-Batasuna. Afirmar que la transición a la democracia no se ha completado no implica asumir que la Euskadi estatutaria sufra un déficit democrático. Afirmar que la transición a la democracia no ha terminado en Euskadi no significa renegar de las instituciones estatutarias. Significa, por el contrario, reconocer la legitimidad de origen del pacto estatutario, y, por lo tanto, de las instituciones derivadas de dicho pacto. Y por eso afirmar la inconclusión de la transición democrática en Euskadi significa negar legitimidad alguna a la violencia y al terror de ETA, legitimidad reconocida por quienes escriben que el olvido de la transición española explica la reacción violenta de esa organización terrorista.

Lo que se quiere decir cuando se afirma que en Euskadi no ha acabado aún la transición a la democracia es que la legitimidad democrática inherente al pacto estatutario y por derivación a sus instituciones políticas no termina de consolidarse y de manifestarse en su plenitud legítima porque existen actores políticos, algunos de ellos asentados desde el inicio en el poder, que confieren esas instituciones estatutarias, que lo impiden.

Es evidente que ETA-Batasuna ha buscado minar la legitimidad del pacto estatutario y de las instituciones estatutarias desde el mismo comienzo. Procuraron que no se pusieran en marcha. Trataron de desestabilizarlas desde el inicio: parece que nos hemos olvidado ya de que el PNV pudo gobernar en Euskadi desde el principio porque la representación de la izquierda nacionalista radical, entonces Herri Batasuna, boicoteaba el Parlamento vasco. Trataron de dinamitar el desarrollo del Estatuto. Buscaron crear instituciones paralelas, un estatuto paralelo.

No tan evidente, pero a la larga tan dramático, ha sido que el partido que ha gobernado ininterrumpidamente desde las instituciones estatutarias, que ha ejercido el poder que confieren esas instituciones estatutarias, nunca haya desarrollado un discurso de legitimación del poder que estaba ejerciendo, un discurso de legitimación de las instituciones que le conferían el poder, de las leyes constitucionales de las que derivaba el poder que ejercía. En lugar de ello fue creando una atmósfera de duda acerca de la validez de esas mismas instituciones, les fue dando un valor meramente transicional, hurtándoles el valor de definitividad que necesitan -especialmente si se ven rechazadas desde una violencia ilegítima-. La realidad, decía el partido gobernante, no era lo que realmente se quería, sino un remedo de lo perseguido. Un sustituto. En el mejor de los casos un peldaño en el camino a otra situación. Pero sin validez real.

La puesta en suspenso de la legitimidad de las instituciones desde las que se gobernaba y ejercía poder por parte del partido que las ocupaba, además de crear un vacío en el que fue tomando fuerza el huracán de su deslegitimación abierta por parte del nacionalismo radical antisistema, fue dando paso a un discurso de rechazo claro de la legitimidad del pacto estatutario: el Estatuto ha muerto, proclama el sindicato ELA en un acto con asistencia de miembros del Euskadi buru batzar del PNV, o el discurso reclamando un marco nuevo como única salida para alcanzar la paz, discurso que logra su culmen con la reclamación de la necesidad de la normalización, una normalización como parte necesaria del binomio pacificación-normalización, discurso que desemboca en el pacto de Estella.

Si esta andadura del PNV ha sido dramática en la medida en que ha contribuido a crear una atmósfera de legitimación indirecta del discurso deslegitimador violento del pacto estatutario, -aunque en los últimos tiempos su presidente se esmere en afirmar que el discurso de la necesaria normalización de la política vasca no implica negar la legitimidad y el valor del Estatuto de Gernika, no parece que ésa sea la doctrina consolidada del conjunto del partido-, algo más ha sucedido en los últimos tiempos que obliga a pensar que los ciudadanos vascos son hijos ilegítimos de la democracia española.

Porque es el mismo presidente de Gobierno el que asume el binomio normalización-pacificación. Porque asumiendo ese binomio -uno de los cinco principios proclamados por él en el acto del PSE en Vitoria en febrero-, asumiendo que se trata de llegar a un acuerdo plural para la definición del futuro político vasco, un acuerdo plural en el que participe Batasuna, la izquierda nacionalista radical antisistema, y asumiendo que mientras no se produzca ese acuerdo plural con inclusión de ETA-Batasuna, la sociedad vasca y su política no estarán normalizadas, de la misma forma que no contará con paz por la presencia violenta de ETA, proclama involuntariamente que los ciudadanos vascos somos hijos ilegítimos de la democracia española, porque todavía no hemos alcanzado la verdadera legitimidad, aquélla que existirá cuando se incorpore ETA-Batasuna.

He escrito que el presidente de Gobierno proclama involuntariamente que los ciudadanos vascos somos hijos ilegítimos de la democracia española porque estoy convencido de que no lo piensa. Pero, aunque involuntariamente, su discurso lleva a esa consecuencia. Por lo que es preciso llamar la atención sobre las consecuencias no queridas de una forma de buscar la desaparición de ETA perseguida con todo el derecho del mundo: siempre que la desaparición de ETA aparece vinculada a la normalización de Euskadi, siempre que el método de las dos mesas se imponga sin diferenciar radicalmente entre las dos, temporal y lógicamente, se está declarando que los vascos son hijos ilegítimos de la democracia.

Si la transición a la democracia es aún incompleta en Euskadi lo es a causa del terror de ETA, que deslegitima así su propia deslegitimación del pacto estatutario, y porque el nacionalismo democrático no acaba de extraer todas las consecuencias políticas del reconocimiento del pluralismo y de la complejidad vascos que obligan a reconocer el corpus constitucional. Es necesario que los esfuerzos por conseguir la desaparición de ETA vayan acompañados de un discurso que evidencie que la futura incorporación de ETA-Batasuna al juego político democrático no añade nada a la legitimidad de las instituciones estatutarias y constitucionales.