En coincidencia con la rentrée del nuevo curso político en Francia, acaban de cumplirse los cien primeros días del mandato presidencial de Nicolas Sarkozy, el sexto presidente -tras De Gaulle (1958-69), Pompidou (1969-74), Giscard (1974-81), Mitterrand (1981-1995) y Chirac (1995-2007)- de la V República. Normalmente, suele considerarse este periodo inicial, cifrado convencionalmente en los cien primeros días del nuevo cargo electo, como un periodo de calma, tras el fragor de la campaña electoral (que en esta ocasión, además, ha sido doble: presidencial y, seguidamente, a la Asamblea Nacional); de acuerdo con los usos más habituales en la vida política, la oposición concede al vencedor en las elecciones lo que en términos convencionales se conoce como 'un periodo de gracia', mientras que el recién electo presidente perfila su hoja de ruta para el próximo quinquenio. La coincidencia, además, con el periodo vacacional veraniego era un factor añadido que favorecía la tranquilidad hasta la reanudación de la vida política con el inicio del nuevo curso.
Este esquema, sin embargo, no se ha cumplido tras la reciente elección de Sarkozy. Desde el primer momento, el nuevo presidente de la República ha desplegado una inusitada, y a veces compulsiva, hiperactividad en los más variados asuntos, llegando incluso a eclipsar por completo a su propio Gobierno, incluido el primer ministro. Baste reseñar la intervención directa del presidente en todos los terrenos; entre otros, en materia penal propugnando la castración química de los pederastas, en materia laboral abogando por la modificación de la regulación sobre los servicios mínimos, en materia educativa introduciendo nuevos criterios sobre la autonomía universitaria, en materia de inmigración forzando la expulsión de cuotas fijas de inmigrantes, en materia fiscal impulsando una nueva normativa sobre desgravación con efectos retroactivos de los intereses de los préstamos por compra de vivienda; medida, esta última, declarada inconstitucional hace pocos días por el Consejo Constitucional.
Uno de los rasgos distintivos del modelo político de la V República francesa, caracterizado de forma unánime por todos los tratadistas como semipresidencial, es la peculiar distribución de poderes entre el presidente de la República y el primer ministro y su Gobierno. De forma expresiva, Charles de Gaulle, fundador de la V República, decía que él, como presidente, se ocupaba de Francia mientras que sus ministros se ocupaban de los asuntos de los franceses. De forma más precisa, A. Hauriou, uno de los mejores analistas del sistema político de la V República, la definía como «una diarquía desigual con incierta distribución de poderes y de responsabilidades» (entre el presidente y el jefe de gobierno). En esta diarquía desigual, es el presidente el que ocupa una clara posición de predominio; pero el jefe de gobierno (así como los ministros) mantienen un ámbito competencial propio que no puede ser ignorado sin riesgo de alterar el equilibrio de poderes en el sistema.
La actividad desplegada durante estos cien primeros días por el recién electo presidente, Nicolas Sarkozy, resulta completamente novedosa en relación con la experiencia de sus predecesores en la jefatura del Estado. No tanto por su constante hiperactividad y omnipresencia en todos los terrenos, que no deja de ser llamativa y, por ello, ha despertado la atención preferente de los medios de comunicación; sino, sobre todo, por la sistemática invasión del ámbito reservado a la acción del Gobierno, cuya dirección compete, según prevé de forma expresa la propia Constitución (artículo 21), al primer ministro. Cuestión esta última que sobrepasa el terreno de la actualidad mediática para incidir de lleno en el equilibrio de poderes del peculiar modelo político-institucional, de carácter semipresidencial, de la V República.
Una mención especial, dada su entidad y alcance, merece el anuncio efectuado por el propio Sarkozy en los primeros días de su mandato sobre la realización de importantes reformas en el terreno institucional, con la consiguiente revisión constitucional que ello comporta. En esta ocasión no se trata ya de discutibles medidas gubernamentales ni legislativas como las reseñadas anteriormente, sino de modificar la estructura institucional mediante la aprobación de las correspondientes leyes constitucionales. Llama la atención, en primer lugar, la celeridad en el anuncio de una propuesta de esta envergadura, realizada a los pocos días de la toma de posesión del cargo; y, asimismo, el cuidado escenario escogido para plantear esta iniciativa: la víspera de la fiesta nacional francesa, en la localidad emblemática de Bayeux, donde De Gaulle pronunció el discurso fundacional de lo que más tarde sería la V República.
A juzgar por los términos en los que el presidente Sarkozy ha anunciado su iniciativa de reformas institucionales, no cabe duda de que éstas van a proyectar sus efectos sobre el conjunto del sistema institucional. Aunque habrá que esperar a que la comisión creada al efecto, que realizará sus trabajos durante el próximo otoño, presente sus conclusiones, se puede avanzar, sin temor a equivocarse, que no va a tratarse de una revisión constitucional más como las que últimamente vienen sucediéndose reiteradamente (diecisiete leyes de revisión constitucional en los últimos quince años, a una media de más de una por año) sino probablemente de la más amplia de las realizadas hasta ahora; que previsiblemente acabará afectando al propio modelo institucional, hasta ahora de carácter semipresidencial, de la V República.
Es de subrayar el fuerte protagonismo que juega en este proceso en curso de reformas institucionales el nuevo presidente. Si bien la Constitución francesa reconoce expresamente al presidente de la República un protagonismo en el proceso de revisión constitucional que no se contempla en otros textos constitucionales, no resulta aconsejable que temas tan relevantes y sensibles como los de las reformas institucionales y la revisión constitucional sean acaparados por la iniciativa personal del presidente. Sobre todo cuando esa iniciativa presidencial se ejerce inmediatamente después de una (doble) campaña electoral en la que una cuestión de la trascendencia que tiene ésta podía, y debía, haberse planteado al electorado; y, sin embargo, no se hizo, salvo las consabidas referencias genéricas a la necesidad de modernizar las instituciones, adecuarlas a los nuevos tiempos, etcétera.
Tanto por la hiperactividad desplegada por el nuevo inquilino del Elíseo en sus primeros cien días como por el amplio repertorio de reformas institucionales proyectadas, puede preverse la entrada en un nuevo periodo de la vida política de la V República francesa. Hay que tener presente que Sarkozy, al igual que sus contrincantes en las recientes elecciones, Royal y Bayrou, y a diferencia de todos sus antecesores, representan una nueva generación que nace en los mismos años -la década de los cincuenta- en que nace la V República (1958). Aunque el factor generacional no sea, a nuestro juicio, el decisivo para determinar la orientación de los procesos políticos, no cabe duda de que sí tiene su incidencia en el estímulo de los cambios políticos.
Hace falta saber ahora, cuando está a punto de cumplirse (el próximo año) la fecha simbólica del cincuenta aniversario de la V República, la orientación de esos cambios. Y, más concretamente, si van a encaminarse en la dirección del reequilibrio institucional del semipresidencialismo característico de la V República o, como todo hace prever a la vista del activismo desarrollado por Sarkozy en sus primeros cien días, se impone la deriva hiperpresidencialista.
Andoni Pérez Ayala