El mundo está en estado de emergencia educativa. Todos los países han descubierto la ley de Revans, que dice: "Una persona, una institución o una sociedad deben aprender al menos a la misma velocidad con que cambia su entorno". Nuestro entorno cambia aceleradamente, lo que exige a todos un tenaz esfuerzo para no quedar marginados. Con razón se habla de que hemos entrado en la "sociedad del aprendizaje". Incluso sistemas educativos tan buenos como el finlandés están en periodo de reforma. Pero nosotros seguimos en plena pelea educativa. Tenemos una ley (la Lomce) que es rechazada por el resto de los demás partidos, que han prometido derogarla. La situación tiene una difícil salida. Si el PP siguiera en el Gobierno, intentaría mantener la ley, sufriendo una guerra de desgaste contra el resto de fuerzas políticas y muchos agentes sociales. Si gana cualquiera de los otros partidos, querrá derogar, paralizar, cambiar la ley, pero ése es un asunto más complejo de lo que parece. Tendría que volverse a la ley anterior (la LOE) mientras se redactase una nueva ley que ya comenzaría con la posición en contra del PP. El baile legislativo comenzaría de nuevo, prolongando una secular tradición española.
Ante esta situación, la necesidad de un pacto se hace más evidente que nunca. Lo necesitamos para dar estabilidad, coherencia y eficacia a nuestro sistema educativo. Cualquier ley necesita tiempo para producir efectos. Durante decenios hemos asistimos a un curioso espectáculo: todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de un pacto, pero no se ha conseguido firmarlo. ¿Por qué? Esto es lo que me gustaría explicar a la sociedad, para que sepa a qué atenerse y conozca lo que debe exigir a los políticos.
Desde finales del siglo XIX la educación española ha estado dividida, alternando posturas conservadoras y posturas progresistas. La Institución Libre de Enseñanza, por ejemplo, fue fundada por un grupo de catedráticos que abandonó la universidad como protesta ante la ley del ministro Orovio que eliminaba la libertad de cátedra y sometía la universidad a la supervisión eclesiástica. La Segunda República instauró una escuela universal, gratuita y laica. El franquismo, durante su primera etapa, entregó de nuevo el control educativo a la Iglesia, y afirmó que la sociedad debía gestionar la educación, y que la tarea del Estado era subsidiaria. En la segunda etapa, con la ley de 1970, se recuperó el protagonismo del Estado en temas educativos, pero continuó la influencia eclesiástica.
La Constitución española tuvo que llegar a un pacto educativo que acomodara ambas tradiciones; conservadora (ahora, neoliberal) y progresista (ahora, socialista). Los debates del artículo 27 fueron tan conflictivos que el Partido Socialista abandonó la comisión constitucional. Los principios de igualdad y libertad, el énfasis en la índole privada (familiar) de la educación, o en la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la educación se enfrentaban. Como ha escrito Manuel de Puelles "la educación fue en el pasado, y sigue siendo hoy, un terreno propicio para el enfrentamiento de discursos ideológicos que, muchas veces, se han presentado, y se presentan, como antagónicos, incompatibles y excluyentes". Se llegó a un consenso que, según Herrero de Miñón, era un acuerdo que no afectaba al fondo de la cuestión, sino que sólo "aplazaba la decisión mediante una aproximación meramente verbal de contenidos objetivos inconciliables". Óscar Alzaga, en nombre de UCD, afirmó en el Pleno del Congreso que, una vez aprobada la Constitución, su partido intentaría aplicar su programa, mediante leyes ordinarias. Desde el Partido Socialista, Gómez Llorente decía algo semejante: el artículo 27 "no recogía la filosofía socialista de la educación", pero podía ser utilizado de diferentes maneras según las mayorías parlamentarias de cada momento. Los cambios legislativos estaban servidos.
Durante los años que han pasado desde la Constitución, las dos filosofías educativas se han vuelto más rígidas, tal vez porque se han caricaturizado mutuamente de la siguiente manera:
Modelo neoliberal: individualista, privatizador, antepone la calidad a la equidad, desconfía del Estado y pone la libertad de enseñanza por encima del derecho a la educación. Insiste en que la educación moral debe ser decidida en exclusiva por los padres, confía en evaluaciones y reválidas, hace depender toda mejora del esfuerzo personal y piensa que la única forma de mejorar la educación es fomentando la competencia y sometiendo la escuela a la dinámica de la oferta y demanda propia del mercado. Es partidario, en general, del cheque escolar como modo de financiación. Piensa que la educación debe ser no confesional, pero que los padres tienen derecho a la educación religiosa. Tiene una visión catastrofista del actual sistema educativo y achaca todos los males a la Logse.
Modelo socialista: comunitario, defensa excluyente de la escuela pública, antepone la equidad a la calidad, y el derecho a la educación a la libertad de enseñanza. Confía en el Estado como garante de la educación, cree que una educación cívica universal debe estar garantizada por el Estado, desconfía de las evaluaciones y reválidas, piensa que la cultura del esfuerzo olvida la influencia socioeconómica en los resultados y considera que el mercado es un enemigo de la equidad educativa. Piensa que la escuela pública debe ser laica. Opina que la escuela ha progresado en la etapa democrática y que la Logse fue una buena ley.
Creo que este enfrentamiento es anacrónico y falso porque niega la posibilidad de integrar ambas concepciones. El maniqueísmo es un modo de simplificar la realidad que parece no dejar otra alternativa que la victoria absoluta de una posición sobre otra. Es fruto de una inteligencia perezosa y cuca. Un sistema educativo potente, eficaz, justo puede atender a todas esas justas expectativas. Ahora tenemos la ocasión de desmontar los prejuicios acumulados durante siglos y poner las bases para un consenso que no esté basado en la amalgama sino en la superación.
Pero en la coyuntura actual necesitamos una hoja de ruta que nos permita salir de la situación de impasse en que estamos y dirigirnos resueltamente hacia la transformación de la escuela. No tenemos tiempo de firmar un pacto educativo antes de las elecciones, pero creo que, como muestra de que han comprendido la nueva etapa política que vivimos, los partidos podrían al menos acordar una hoja de ruta para cuando tengamos Gobierno. Podría tener los siguientes apartados.
Punto primero: El partido que gobierne tras las elecciones se compromete, con la ayuda de la oposición, a mantener la Lomce en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación elaborada por consenso, con vocación de durar al menos una generación. Supondría, por tanto, convertir la Lomce en una ley de transición. Esto exige concesiones a todos los partidos. Al Partido Popular, porque supone renunciar a seguir defendiendo la Lomce aunque llegue al poder. A los demás partidos, porque deberán demorar su propósito de derogarla. Para el mantenimiento de la Lomce será necesario acordar medidas para paralizar o modificar algunas medidas, especialmente controvertidas, como ya se ha hecho en algunos casos.
Punto segundo: Los partidos firmantes se comprometen a lograr en un plazo máximo de seis meses un pacto por la educación que permita iniciar inmediatamente la redacción de una ley de educación elaborada por consenso, capaz de asegurar la estabilidad de nuestro sistema y la posibilidad de disponer del tiempo suficiente para llevar a la práctica proyectos educativos de calidad.
Es una solución que exige cesiones a todos, pero que resuelve problemas que afectan a todos también. Y, lo que es más importante, que respeta el más fundamental derecho a la educación: el que tienen nuestros niños y adolescentes a ser bien educados. Creo que los ciudadanos agradecerían a los políticos que demostraran su responsabilidad firmando una hoja de ruta para un pacto antes de las elecciones.
José Antonio Marina es filósofo y autor del Libro Blanco sobre la Profesión Docente.