En muchos países en vías de desarrollo, la política sigue siendo un juego de suma cero, incluso en las democracias en curso. Es este espíritu el que llevó al presidente hondureño Manuel Zelaya a crear la crisis en su país, y también el que inspiró la reacción de la oposición. Allí donde se imponga tal planteamiento de la política, sólo pueden esperarse episodios similares en el futuro. De hecho, esta rigidez ha dominado las negociaciones en busca de un acuerdo patrocinadas por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y ahora continúa manifestándose a medida que la crisis sigue su curso y acecha la posibilidad de un estallido de violencia.
Para que prospere un gobierno libre, la cultura política debe comprender un nivel razonable de tolerancia, compromiso y buena fe. La corrupción rampante, la retórica militante y el populismo tosco no contribuirán de ningún modo a una evolución democrática. En un ambiente así, los contendientes reclamarán el papel de defensores de la Constitución. La mayor parte de las veces, esto conlleva un enfoque arbitrario del orden constitucional.
Ya sea por conveniencia o por convicción ideológica, los medios internacionales emplean repetidamente la palabra «golpe» para describir la situación en Honduras. La condena de la diplomacia internacional ha reforzado aún más esta percepción. Sin embargo, una mirada más próxima a los hechos y un análisis de los acontecimientos hacen que la situación se revele de tonos grises, más que de blancos y negros.
Al intentar cambiar el límite de un solo mandato presidencial vigente en Honduras, con una búsqueda constante de la confrontación y amenazando el orden constitucional que ha salvaguardado la democracia hondureña durante un largo periodo de tiempo, está claro que Zelaya se metió en un juego temerario de política suicida. Dicho llanamente: jugó con fuego y se quemó.
Ahora echa pestes y reclama la restauración del orden constitucional que de forma tan irresponsable trató de socavar. Incluso, está dispuesto a renunciar al referéndum que propuso y que fue el desencadenante inicial de la crisis, todo por volver a poder. También ha jurado que abandonará el Gobierno cuando su mandato expire en enero de 2010. Habría podido evitar la crisis simplemente con que se hubiera limitado a la única legislatura para la que fue elegido.
A pesar de que asegure que cuenta con el respaldo popular, la opinión pública se mostró claramente en contra del intento de Zelaya de cuestionar la Constitución, especialmente cuando le quedaba menos de un año en la presidencia. Ignorando las advertencias del poder legislativo y el judicial, Zelaya decidió seguir adelante y poner en peligro el frágil sistema de contrapesos que es fundamental para la estabilidad.
Aún más: cualquier impresión de que actualmente está controlando Honduras un ejército hambriento de poder es, simplemente, falsa. Los militares no han actuado de modo unilateral, sino a regañadientes y en coordinación con el Parlamento y los jueces. A medida que se ha desarrollado el sistema democrático, se han ido distanciando del proceso político. A diferencia de Venezuela o Cuba, el ejército de Honduras no es una institución politizada y sometida a los caprichos del Ejecutivo. En la crisis actual, se negó a ser utilizado por la manipulación populista de la Constitución.
Los acólitos de Zelaya en la región se subieron al tren desde el principio. El primero y principal fue el venezolano Hugo Chávez, líder de la legión de populistas de izquierda en la zona y maestro en la manipulación del orden constitucional. Como ex coronel que en 1992 lideró un alzamiento violento para derrocar un Gobierno elegido democráticamente y que se cobró varias vidas, Chávez es el menos cualificado para juzgar a nadie. De hecho, a los diplomáticos venezolanos, el Gobierno de facto les ordenó que abandonaran Honduras.
Otra es la presidenta argentina, Cristina Fernández, cuyo juego de las sillas presidenciales con su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, sufrió una derrota aplastante en las últimas elecciones legislativas. Fernández estuvo rápida a la hora de hacer público su apoyo a Zelaya, pero ni se planteará hablar de democracia y derechos humanos cuando visite Cuba o Venezuela. En un reciente viaje a Cuba, encontró tiempo para comprobar el estado de salud de Fidel Castro pero descuidó por completo a los presos de conciencia que languidecen en condiciones infrahumanas en las cárceles cubanas. También resultó bastante irónico ver cómo el nicaragüense Daniel Ortega hacía un firme llamamiento a la restauración del orden constitucional en Honduras. Después de todo, con la ayuda de algunos aliados corruptos de la derecha, manipuló la Constitución de su país para lograr la presidencia con sólo una tercera parte del voto popular.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sería en principio el candidato natural, con el liderazgo moral necesario, para resolver la crisis de Honduras. Sin embargo, le faltan peso y estatura. El presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, ha asumido el papel de facto de líder de la región. Insulza perdió toda credibilidad cuando se planteó seriamente presentarse a las elecciones de Chile y abandonar su cargo actual en la OEA. Cambió de postura cuando quedó claro que el popular ex presidente Eduardo Frei iba a concurrir también. Después de los escándalos que han asolado la OEA en los últimos años, la organización necesita desesperadamente un liderazgo serio, el de un individuo dedicado a los intereses a largo plazo de la institución y del continente y que no ambicione réditos políticos personales cortoplacistas.
Además, la memoria personal que tiene Insulza de la toma del poder por parte del general Pinochet se hace ciertamente muy presente en su forma de plantear la situación. Sin embargo, el Honduras de 2009 no es el Chile de 1973. El enfoque rotundo y categórico que tiene Insulza en relación a Honduras tendría mucha más credibilidad si se le oyeran críticas equivalentes a otros países de Latinoamérica, especialmente a aquéllos donde domina el populismo. Como el pequeño Honduras palidece si se le compara con la influencia que tiene en la zona la rica y petrolífera Venezuela, el que se abalance tan claramente sobre él se antoja una opción mucho más segura y cómoda por su parte.
MUCHA GENTE en Latinoamérica considera tibia la política que está desplegando Estados Unidos Unidos en relación a la crisis. Pese a la condena inicial que hizo el Gobierno de Obama de la destitución de Zelaya, a diferencia de otros países no retiró a su embajador en Honduras. No obstante, sigue presionando en pos de una solución negociada. El debate interno en EEUU ha provocado que los republicanos retrasen la designación de Arturo Valenzuela como diplomático de más alto rango del Departamento de Estado para América Latina, debido a que Valenzuela condenó el derrocamiento de Zelaya. Un sustituto más moderado y menos controvertido sería más que bienvenido. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, acusó públicamente a Zelaya de «imprudencia» tras su reciente intento de regresar a Honduras a través de la frontera nicaragüense.
La reacción por parte de la Unión Europea ha sido bastante unánime desde el comienzo de la crisis y ahora, tras la ruptura de las negociaciones, parece que va a suspender las ayudas. Aunque las ayudas directas de la UE desempeñan un papel importante en la economía y el desarrollo de Honduras, la oposición diplomática europea en foros multilaterales decisivos como las instituciones financieras internacionales (entre ellos el FMI y el Banco Mundial), va a ser todavía más crítica. Sin embargo, la toma de decisiones indispensable sobre el futuro de Honduras sigue teniendo lugar en Washington DC.
Idealmente, un compromiso como el perfilado por Óscar Arias en el Acuerdo de San José resolvería el statu quo: supondría que Zelaya ejercería lo que le queda de presidencia con estrictas limitaciones. No obstante, si sigue prevaleciendo el planteamiento intransigente de todo o nada, Zelaya puede terminar pasando el resto de su mandato en el exilio. Si no hay acuerdo, su retorno a Honduras desencadenará inevitablemente su arresto y la violencia generalizada.
Por fin, la continuidad de este punto muerto podría requerir la convocatoria de elecciones, para salir claramente de él y dar a los hondureños la oportunidad de resolver sus diferencias por medio de las papeletas y no de las metralletas. El nuevo presidente tiene que ser alguien que represente una ruptura con el estado actual y que actúe imbuido de un espíritu de reconciliación nacional. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible.
Marco Vicenzino, director del Global Estrategy Project, profesor de geopolítica. asesor del Banco Mundial y colaborador de la CNN, la BBC y The New York Times.