Hora de especial recuperación

Cuando en 1976 se puso en marcha la nueva forma a la que España había llegado tras una lenta, prolongada y en gran medida pacífica Transición – habla incluso la esperanza de que también la ETA se detuviera en su violencia-, pocos españoles pensaban que podría alcanzarse un vacío como el que ahora vivimos. La Constitución que habla tenido en cuenta las variadas etapas que desde 1812 se sucedieran, recogía en sus páginas algunos de los cimientos sobre los que se levantó el gran edificio de la Monarquía. Recuerdo a este respecto una jornada que los historiadores vivimos en Valladolid el 18 de octubre de 1969, cuando conmemorábamos los quinientos años del matrimonio entre Isabel y Fernando, que en aquel mismo lugar se celebró. Pues en esa conmemoración estaba presente, como verdadero protagonista principal, el Príncipe Juan Carlos, al que pocas semanas antes las Cortes habían presentado juramento. Para muchos allí estaba la gran esperanza. Se habían superado los tremendos sufrimientos de la guerra, que es el peor de los males, y de nuevo se establecía lo que los viejos documentos catalanes llamaban «pactisme».

Término clave, como explicó mejor que nadie Jaime Vicensa Vives: entre monarca y súbditos -diríamos mejor entre el Estado y los ciudadanos-, se establecía un compromiso. Mediante juramento, ambos garantizaban el cumplimiento de esas leyes fundamentales que hoy llamamos Constitución, olvidando sin duda que esa palabra viene de la Edad Media para designar leyes supremas que no pueden ser olvidadas ni quebrantadas. Pues bien, ahí tenemos ahora el motivo principal de preocupación. No pretendo decir que la Constitución se haya quebrantado, pero sí que ha sido sumida en el silencio y entregada a la merced de los partidos. Politólogos de nuestros días -entre nosotros, Gonzalo Fernández de la Mora- emplean el término «partitocracia», que no significa otra cosa que modulación dentro del totalitarismo. Lenin, que inauguró este término, se refería a él como «sometimiento total» del Estado al partido, que consideraba como absoluto bien. No es necesario recordar ahora los daños que los totalitarismos provocan.

Los partidos, varios en lugar de uno solo, han tomado sobre sus hombros ese totalitarismo. No debe extrañarnos la frecuencia de los desvíos y corruptelas que cada día aparecen entre nosotros: si yo soy administrador absoluto dentro de un partido, lo primero que procuro es obtener mis propios beneficios. Y de ahí la corruptela que, curiosamente, alcanza también a quienes se vanaglorian de combatirla Por encima de todo, el mal de la carencia. Desde el 20 de diciembre, España vive en una vacía interinidad que nadie puede suponer que no vaya a repetirse. Los votos responden al sentimiento y no a la racionalidad, y por consiguiente deben repetirse cuando los trayectos son cortos.

Curiosamente, es la Monarquía, relevada desde 2014 en la persona del Rey, la que resulta mejor parada en este trámite. No cabe duda de que tanto Juan Carlos I como Felipe VI han cumplido el juramento que prestaron. A ellos se debe en gran medida la recuperación de un prestigio que los políticos parecen empeñados en sacrificar. Ello se debe precisamente a que al ser despojados del poder han podido conservar su autoridad. Los grandes pensadores españoles del final de la Edad Media nos lo explicaban así: la autoridad que nos indica lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, es un bien. Si cada uno de los ciudadanos cumpliera las leyes, no sería necesario recurrir a ese poder que se encarga de castigar. Una curiosa leyenda que muchas veces he repetido en mis artículos nos trazaba el modelo de un rey de Dinamarca cuya autoridad era tan escrupulosamente obedecida que podían colgarse monedas de oro de los árboles sin que nadie se sintiera tentado a robarlas.

Pues bien: ahí está la clave. Quiero ser libre, pero para ello necesito que todos los demás cumplan sus deberes respetándome. Algo que el populismo de nuestros días intenta precisamente negar y tal vez lo consiga. En los tiempos que vienen, acechados por amenazas que no proceden únicamente del terrorismo y su violencia, tendremos que insistir en este punto. La esencia de toda autoridad se basa en el orden moral, que no es otra cosa que la cuidadosa obediencia a la naturaleza. Echo precisamente en falta las referencias a él en los programas que los diversos partidos están comenzando a esquematizar. Políticamente, la Constitución, con algunos defectos, es una respuesta a ese orden moral. ¿Por qué no se obedece? Romper la unidad de España o llevar a un asesino a defender su doctrina ante el Parlamento europeo son males, y muy serios.

Los catalanes deberían recordar el episodio de Caspe. En 1412 murió Martín el Humano sin que se hubiera aclarado a quién correspondía la herencia. Entonces los reinos decidieron nombrar compromisarios que reunidos resolviesen la cuestión. Pues bien, la Diputación del General, que ya se llamaba así, instruyó de esta forma a sus representantes: lo que verdaderamente importa no es la persona que ha de ser reconocida, sino la unidad. Una gran lección para nosotros. Debemos tanto a esa unidad que no debemos tampoco perderla. Estamos viviendo términos invertidos.

Nos acercamos a fechas que reclaman de los ciudadanos especial atención. No pretendo aquí mostrar opción por un determinado partido político, aunque sí poner atención sobre lo que verdaderamente importa: reflexionar sobre aspectos esenciales antes de depositar el voto. Es bien cierto que la capacidad de opción se halla muy reducida. El ciudadano no decide acerca de las personas y sí únicamente entre las varias listas que otros han redactado. Ni siquiera le es lícito borrar un nombre o modificar el lugar en que ha sido colocado. A pesar de todo, hay que meditar sobre un punto: el cumplimiento de la Constitución, último baluarte de defensa que nos queda.

Luis Suárez, De la Real Academia de la Historia.

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