Hora de hacer política en Kabul

A medida que los soldados de EE.UU. y la OTAN se preparan para su décima  Navidad en Afganistán, circula una nueva palabra de moda: “transición”, el proceso de transferir la responsabilidad desde las fuerzas seguridad internacionales a las afganas antes de la retirada de las tropas extranjeras, cuyo comienzo se ha fijado para la primavera de 2011. Pero, para hacer realidad la esperanza que los soldados recogen de la nueva jerga, los líderes occidentales deberán forjar una estrategia política clara para Afganistán, sin que el país siga en guerra.

Los líderes militares y civiles estadounidenses y europeos han dicho una y otra vez que no existe una solución puramente militar para poner fin a la guerra en Afganistán. Sin embargo, los países de la OTAN no tienen una respuesta a la pregunta que sigue lógicamente: ¿Qué implicaría una solución política? En su lugar, prefieren recurrir a planes dominados por el elemento militar para el fortalecimiento de la capacidad del ejército y la policía afganos, al tiempo que prestan atención a la presión que existe en sus respectivos países para demostrar que el de Afganistán no será un conflicto sin fin.

Los propios afganos apoyan por abrumadora mayoría la búsqueda de una solución política al conflicto, como lo confirma una reciente encuesta de la Fundación Asia sobre actitudes nacionales. Han soportado el peso de 40 años de guerra y son muy conscientes de que las fuerzas internacionales están planificando su salida. Los temores y preocupaciones de los afganos se centran en el legado que quedará atrás, y si el Estado afgano puede garantizar la seguridad, la justicia y el buen gobierno, que hasta ahora ha sido incapaz de proporcionar de cara a una insurgencia cuya fuerza no se ha debilitado significativamente.

Los socios internacionales de Afganistán no son sensibles a estas preocupaciones y demandas. A pesar de que su retórica habla de un compromiso de apoyo al Programa de Paz y Reintegración de Afganistán, los afganos están expresando su descontento y desconfianza ante un proceso que decididamente se ha dejado al margen de la “transición”.

La reintegración y la reconciliación, cuya intención es ofrecer incentivos a los insurgentes para que cambien de bando y tal vez se unan a las instituciones de seguridad afganas o a las milicias nominalmente pro-gubernamentales, son vistas como iniciativas impulsadas por la lógica militar, en lugar de representar un diálogo honesto entre el Estado, los insurgentes, y los afganos de a pie. La falta de transparencia está alimentando el temor de que el gobierno de Hamid Karzai esté negociando un acuerdo de poder compartido con los talibanes, lo que poco ayudaría al fomento de la estabilidad o un mejor gobierno.

Si los miembros de la OTAN, el gobierno y los ciudadanos de Afganistán  y, en muchos respectos, los insurgentes, se ponen todos de acuerdo en que no existe una solución militar para poner fin al conflicto, será el momento de considerar y apoyar un amplio proceso político, lo que implicaría una serie de medidas inmediatas y de largo plazo.

Como primer paso, los países con fuerzas en Afganistán deben aceptar que, como partes del conflicto, deben asimismo ser partes de la paz, y que cada operación militar tiene repercusiones políticas de gran alcance que a veces son irreversibles.

En segundo lugar, es importante reconocer la lógica y el impacto limitados de la “transición.” Dejando de lado las preguntas realistas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas, transferir al Estado afgano la responsabilidad por la seguridad no aborda las demandas y reclamos más generales que existen en Afganistán sobre el mal gobierno o el abuso de poder, ambos factores principales que alimentan el conflicto. Para los afganos es necesario encarar estos problemas a través de un proceso político serio y moderado por un tercero neutral, que la mayoría opina debe ser las Naciones Unidas.

En consecuencia, la comunidad internacional debería respaldar mecanismos que aborden los reclamos de todos los afganos, no sólo la élite política, y que intenten atender las preocupaciones e intereses regionales estratégicos, especialmente los de Pakistán e Irán. Un proceso genuino e incluyente debe contemplar la participación de todos los sectores de la sociedad civil afgana, incluidas las organizaciones de derechos humanos, grupos de mujeres, el clero, los intelectuales públicos y las redes tribales influyentes.

Los procesos de paz en Liberia, Nepal, Irlanda y otros países confirman la necesidad de este enfoque, si se considera el papel clave que tienen esos grupos en la configuración y el seguimiento del contenido de un proceso político, con consecuencias reales para quienes violen sus garantías de derechos de los ciudadanos. Por esta razón, es necesario hacer que los autores de graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas por sus actos, demanda que ha sido deliberadamente ignorada desde 2001.

El proceso también debe incluir un desarme real para evitar que los afganos caigan en un ciclo continuo de violencia, y que el Estado afgano establezca un verdadero control de la seguridad. El plan de reintegración en curso, al igual que los dos intentos anteriores de desarme, no contempla medidas realistas y creíbles tendientes a la desmovilización de los grupos armados y la regulación del comercio de armas.

La comunidad internacional todavía tiene la oportunidad de dejar atrás un mejor Afganistán del que los países de la OTAN intentar salir con su “transición”. Pero eso exige un compromiso con una visión real de lo que constituye un estado afgano con mínimas condiciones de funcionamiento, más allá de la evidente necesidad de que haya fuerzas de seguridad eficaces.

Los afganos están exigiendo una solución política al conflicto, que es la única manera de detener la violencia que perturba sus vidas, promover la inclusión y la responsabilidad políticas, y hacer posible un mejor gobierno. Al tiempo que preparan el final de sus operaciones militares, los miembros de la OTAN deben respaldar un proceso político si realmente desean estabilizar Afganistán.

Por Fatima Ayub, encargada senior de Políticas y Defensoría del Open Society Institute. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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