«Cuando se habla de una Constitución de concordia, de una Constitución de reconciliación, hay que añadir que la concordia y la reconciliación se fundamentan sobre todo en esa ruptura y en esa superación del pasado. Ruptura afortunadamente no traumática, porque nadie la pretendíamos traumática; ruptura en el contenido más profundo, en el contenido más noble de la palabra; ruptura con cualquier sistema que pueda suponer autoritarismo, y creación de unas bases de una convivencia democrática». —Discurso de Felipe González para anunciar el sí del Grupo Socialista a la Constitución, el 31 de octubre de 1978 ante el Congreso de los Diputados.
Este párrafo sintetiza la posición fundacional del PSOE hacia lo que representa la Constitución para la «superación del pasado», la «concordia» y la «reconciliación». Su aspiración, según la conferencia de González en el Club Siglo XXI en febrero de 1978, era ocupar el espacio mayoritario de la izquierda en un régimen de alternancia en el poder que ya calificaba como de «bipartidismo imperfecto», a través de un programa de «socialdemocracia moderada», tras reconocer el papel en la Transición de «aquellos que, teniendo su origen en el sistema anterior, pretenden una reforma en el modo y en el contenido» (el centro de UCD y la derecha de AP).
La ley de memoria que aprobarán Pedro Sánchez y sus socios esta semana rompe ese compromiso de superación del pasado, que no tendría por qué ser incompatible con el respeto y la reparación a las víctimas, pero sí lo es con su voluntad divisiva de constante revisionismo histórico: estigmatiza a la derecha, establece desde el poder una Verdad oficial e introduce medidas de persecución frente a quienes sostengan tesis alternativas.
La deslegitimación democrática del adversario político es el paso que antecede a la ausencia de contención institucional. No por casualidad el mismo día se vota la contrarreforma del Poder Judicial que pretende acelerar la toma del Constitucional. Parecería lo más cívico haber intentado el acuerdo con el PP: hay un espacio común en la comprensión de que muchas familias de represaliados quieran encontrar a sus seres queridos. Nunca se buscó. Sánchez sólo tiene un camino: sus expectativas están atadas a los extremismos. En esas circunstancias, la polarización de la sociedad es para él una herramienta necesaria. La marca es rehén de su personalismo, a su vez en manos del universo ideológico sectario de sus aliados, que erosiona el basamento histórico de nuestra convivencia.
El objetivo ahora es el proceso constituyente. Asistimos a una alteración decisiva de la naturaleza fundacional del PSOE pilar de la Transición, cuya consecuencia premeditada es que el oprobio de la sospecha haya alcanzado el legado de Felipe González. El pacto con Bildu que extiende el periodo de aplicación de la norma hasta 1983, cuando se crean los GAL durante el primer Gobierno de González, blanquea sus raíces orgullosamente vinculadas a ETA.
El programa del PSOE Por el cambio de 1982, el de la campaña victoriosa de los 202 diputados, era explícito al definir a ETA como un fenómeno de «violencia política» que buscaba «destruir la democracia» y alimentar los movimientos de «subversión anticonstitucional». Frente a la banda, decía, «el Estado no puede regatear medios humanos ni materiales para establecer su poder e imponer la ley y la voluntad popular». Semántica clara e inequívoca de defensa del sistema de libertades ante sus enemigos.
Este periódico tiene más credibilidad que ningún otro para denunciar la corrupción moral que representaron los GAL. Su historia está en la hemeroteca de EL MUNDO: las torturas a Lasa y Zabala y su enterramiento en cal viva se conocen gracias al valor de este diario. Pero al facilitar que Arnaldo Otegi los identifique como una continuación del franquismo, Sánchez le permite el cuestionamiento de la Transición en su conjunto y la persistencia en el relato inaceptable que iguala a todas las víctimas y justifica los crímenes terroristas como una lucha de liberación contra el Estado opresor.
Lo que provocará una quiebra emocional difícilmente superable es aceptar que Bildu se jacte de esta victoria coincidiendo con el 25º aniversario del más doloroso de los asesinatos del fanatismo ultranacionalista que está en su entraña: Miguel Ángel Blanco. El momento del recuerdo conmovedor de la convulsión popular contra la iniquidad.
Nadie olvida aquellos minutos tensos de espera el 12 de julio de 1997 tras cumplirse la hora convenida, a las cuatro de la tarde. Memoria, esta sí, de una emoción compartida en el preciso instante de la conmoción nacional. Un país en vilo. Angustiado y horrorizado. Vigilias callejeras, rezos y silencios. Las palmas blancas y el lazo azul, basta ya. «ETA, escucha, aquí tienes mi nuca». Un poco después de las cinco, el hallazgo del cuerpo maniatado con dos disparos en la cabeza. «Un asesinato a plazo fijo, un crimen a cámara lenta», dijimos entonces.
«Hoy no será un día más», advirtió Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior. Y no lo fue. La gente se echó al asfalto: «¡Asesinos!». Muchos lloraron. El pueblo maldijo a ETA. Medio millón de personas marcharon en Bilbao. Madrid convocó la mayor manifestación hasta entonces de su historia: «A por ellos con la paz y la palabra», pidió Victoria Prego. Nació el espíritu de Ermua. El torrente de conciencia social dio impulso a la acción policial contra el entorno civil que sostenía a la banda, condujo a la posterior expulsión de la vida democrática de la izquierda abertzale y favoreció la agonía operativa que más de una década después llevó a ETA a tener que deponer las armas.
Las necesidades del nacionalismo vasco y la dependencia estratégica de Sánchez han evitado que las bases sociales de la izquierda radical independentista hayan recibido de sus líderes de estirpe terrorista un mensaje político de desautorización de su pasado de violencia. Al contrario, su fortaleza e influencia crecientes les reafirma en que valió la pena: «Creó las condiciones necesarias». El virus del odio sigue inoculado: lo vimos en Alsasua y esta semana en los sanfermines. Pero nada podrá detener la convicción ciudadana de que la falta de escrúpulos por el poder tiene que tener un límite.
Hoy no será un día más.
Joaquín Manso, director de El Mundo.