El día 7 de enero, el prisionero número 905 de "la cárcel de máxima seguridad" de la base naval de Guantánamo -enclave de Cuba ocupado por Estados Unidos desde 1898- inició una huelga de hambre. Esta grave decisión es el último recurso del sudanés Sami al Haj como protesta por los cinco años que lleva detenido. Además, reclama: respeto al derecho de los presos para practicar su religión, aplicación a todos los reclusos de la Convención de Ginebra sobre prisioneros, fin del régimen de aislamiento total de varios presos, una investigación independiente, completa y pública sobre el fallecimiento de tres internos el 10 de junio de 2006, y su propia libertad o, en su defecto, la comparecencia ante un tribunal civil norteamericano.
Hasta el momento, la respuesta que ha obtenido de las autoridades militares ha sido una serie de confiscaciones: la alfombrilla para la oración, el colchón, el neceser de aseo, las gafas, la prótesis de la rodilla que llevaba acoplada, correspondencia, un bolígrafo... Todo ello, en función de una aleatoria "proporcionalidad" establecida por la administración del campo, a tenor del número de comidas rechazadas por el preso. Al Haj ha adelgazado 10 kilos, pérdida remarcable en un hombre de complexión delgada y que padece un cáncer de garganta para el que no hay constancia de que reciba tratamiento alguno.
Sami ha sido sometido en Guantánamo a interrogatorios con amenazas hasta 130 veces, ha sufrido torturas físicas y psicológicas como exposición prolongada a pleno sol, privación del sueño, suplicio de la bañera, etcétera, y se haya privado de cualquier contacto con su familia. Su suerte no es muy distinta de la de tantos otros compañeros de internamiento, considerados "enemigos combatientes" como él. Sólo en una cosa: es el único periodista -que se haya podido confirmar- de este verdadero gulag norteamericano.
Sami al Haj acababa de integrarse en el canal Al Yazira cuando le enviaron a Afganistán a cubrir la ofensiva estadounidense de octubre de 2001. Expulsado de Kandahar por los talibanes, junto a su equipo, se instaló en el vecino Pakistán. En diciembre regresó a Afganistán en donde sólo llegar las fuerzas de seguridad paquistaníes le detuvieron y le internaron durante 23 días en Chamán (Pakistán) para el 7 de enero de 2002 entregarlo a los militares norteamericanos que le trasladaron inmediatamente a la base de Bagram en Afganistán. Allí, fue acusado de haber grabado vídeos a Osama Bin Laden, hecho que negó en todo momento pese a los malos tratos, privación de alimentos y exposición a temperaturas invernales. El 23 de enero le llevaron a la prisión de Kandahar, en donde permaneció cinco meses antes de ser trasladado a Guantánamo, el 12 de junio de 2002.
Las autoridades norteamericanas consideran al cámara de la cadena qatarí un "enemigo combatiente" por hipotéticas sospechas de mantener una página web en la que apoyaba el terrorismo, entrar ilegalmente en Afganistán, traficar con armas por cuenta de los islamistas y haber entrevistado a Bin Laden. El Departamento de Estado norteamericano está convencido de que existen conexiones entre Al Yazira y Al Qaeda, hecho también por demostrar.
Organizaciones en defensa de la libertad de prensa y de los periodistas han denunciado repetidamente, desde entonces, la arbitrariedad de esta detención. Reporteros Sin Fronteras dirigió el 20 de septiembre de 2002 una carta al entonces secretario de Justicia John Ashcroft, para pedirle explicaciones sobre este caso y manifestarle sus recelos sobre la manifiesta persecución de Al Yazira por parte del Departamento de Estado. No hubo respuesta. En febrero de 2006, la ONG publicó un informe titulado Camp Bucca y Guantánamo: cuando América encarcela a periodistas en el que había un capítulo entero dedicado al caso de Sami al Haj. Repetidamente se ha pedido no sólo su libertad sino también el cierre de Guantánamo, en el que en la actualidad permanecen 395 prisioneros (de los cerca de un millar iniciales) privados de cualquier marco jurídico.
En el mismo sentido se ha manifestado recientemente la Federación Internacional de Periodistas al pedir la liberación del periodista sudanés por considerarlo "un caso escalofriante y vergonzoso que hace mofa de la democracia americana".
Según su abogado, el británico Clive Stafford Smith, que pudo verle brevemente a principios de febrero en la cárcel, la vida de Al Haj corre peligro real. Tanto es así que ha sido llevado varias veces al hospital para alimentarlo a la fuerza, mediante una sonda nasogástrica, antes de devolverle a la celda. El año pasado, Al Haj habló por primera vez de su intención de suicidarse durante una visita de su abogado. Según ha explicado a Reporteros Sin Fronteras, Stafford Smith, a quien el Naval Criminal Investigate Service de Guantánamo ha amenazado e intentado desacreditar con la tesis de que él mismo habría animado a tres internos (dos saudíes y un yemení) a terminar con su vida, "no se filtra ninguna información acerca del estado de los detenidos" y "no he podido hacer nada para verificar si tratan a Al Haj del cáncer de garganta tal como afirman las autoridades del campo".
Según pudo saber Reporteros Sin Fronteras de fuentes confidenciales, otros internos iniciaron huelgas de hambre el verano pasado. Como el saudí Shaker Aamer ("número 239"). O el chadiano Mohammed el Garran. Ambos fueron trasladados a Camp Echo (unidad de alta seguridad de Guantánamo) y "convencidos" para acabar con su protesta.
Una treintena de prisioneros salieron del gulag americano el último trimestre de 2006. Según la agencia France Presse, Washington tiene previsto juzgar a entre 60 y 80. Clive Stafford Smith no ha podido precisar si Sami al Haj se halla entre ellos. El abogado londinense ha dicho a la ONG que las condiciones de los reclusos, en contra de lo que pregonan las autoridades americanas "son peores que nunca. Peores que las de cualquier corredor de la muerte que yo haya visitado y he visto muchos en los 20 años que llevo defendiendo a condenados a muerte en Estados Unidos. A la mayoría de presos de Guantánamo les tienen ahora aislados y sin nada que hacer todo el día".
En febrero pasado los abogados de dos presos recurrieron de nuevo al Tribunal Supremo de EE UU (en dos ocasiones el alto tribunal ya había dictaminado que a los internos hay que aplicarles la Constitución) para que sean juzgados por la justicia civil. Washington afirma que la Constitución no se puede aplicar a individuos que se hallan fuera del territorio norteamericano. Pero el enclave de Guantánamo es de soberanía estadounidense. Cuba lo tiene muy claro.
María Dolores Masana, presidenta de Reporteros Sin Fronteras.