Huelga general contra el giro antisocial

La huelga general convocada para el próximo día 29 de septiembre pretende expresar el rechazo de los trabajadores y ciudadanos al giro antisocial adoptado por el Gobierno. Tiene también por finalidad rectificar algunas de las medidas ya adoptadas y evitar otras anunciadas. Coincide, además, con una jornada de movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos que exige de la UE y de sus Estados miembros una política económica y social orientada al empleo y la cohesión social, así como otro tipo de construcción europea capaz de influir en el mundo, contrarrestar la actual mundialización neoliberal y preservar nuestro modelo social.

He aquí los motivos y objetivos más relevantes, a mi entender, de esta huelga.

La huelga tiene sentido porque las medidas que el Gobierno ha adoptado o ha anunciado no son, como se repite, inevitables. Frente a la indudable presión de los mercados -propiciada por la cerrazón de Alemania a asumir la lógica de una unión monetaria, es decir, sostener hasta el final a cualquier país de la eurozona atacado- cabían otro tipo de respuestas.

Primero, la exigencia de una posición coherente de la señora Merkel. Segundo, un ajuste interno más equilibrado que no recayera primordialmente sobre las clases populares y que no lastrara el crecimiento y el empleo. Y, tercero, no aceptar exigencias espurias de sectores económicos y financieros, como esta reforma laboral y la que viene de las pensiones.

Ha quedado meridianamente claro que cuando el Banco de España ha cumplido sus deberes de revelar la solvencia de nuestras entidades de crédito se ha desinflado aquel ataque de los mercados sobre la deuda soberana española, lo que para nada consiguió el real decreto ley de la reforma laboral.

En cuanto a la reforma de las pensiones, si el objetivo fuera de verdad asegurar su futuro, tampoco sería necesario hacerla así ni con estas prisas. Implementarla antes del final de año solo tiene dos objetivos clásicos: para el Gobierno, reducir el gasto; para el sistema financiero que lo presiona, abrir mercado a los fondos privados de pensiones.

La huelga general pretende exigir que se modifique una política de ajuste focalizada en las clases populares: congelación actual y previsión futura de recorte de las pensiones, reducción de retribuciones a los empleados públicos, profunda regresión de los derechos laborales. Estas medidas recaen sobre los que ninguna responsabilidad tuvieron en la crisis. Entretanto, sus causantes, las entidades financieras, vuelven a tener beneficios exorbitantes, no inyectan crédito en la economía, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo y dictan medidas de reducción del Estado social. Los ciudadanos son los perdedores y los bancos los ganadores de este tipo de respuesta a la crisis.

La huelga quiere mostrar el rechazo al giro copernicano de un Gobierno que de presentarse como el campeón de las políticas sociales ha pasado a ser el campeón de las más antisociales. Fue incapaz de aceptar -cuando bastantes expertos lo venían advirtiendo- las consecuencias del modelo de crecimiento basado en el ladrillo y el endeudamiento masivo del sector privado. Su política fiscal ha estado basada en la idea de que bajar impuestos, o adoptar medidas populistas como la deducción general de 400 euros en el IRPF, era de izquierdas. Tampoco ha hecho nada contra el fraude fiscal y ha terminado regalando las cajas de ahorros a los bancos. Ahora pretende hacernos creer que sus actuales medidas son las que siempre ha defendido y que el debilitamiento de los pilares del Estado de bienestar es la mejor manera de que la gente viva mejor en el futuro.

La huelga busca cambiar radicalmente una reforma laboral que se suma y es peor que todas las anteriores. Esta reforma no crea puestos de trabajo ni arregla la temporalidad del empleo. Despedir a los trabajadores será, eso sí, más fácil. Desde mediados de los noventa, y con esta reforma, se ha reducido entre un 48% y un 64% el coste del despido para las empresas (mucho más con la nueva redacción de las causas objetivas de despido, que llevará a los jueces a declarar despido justificado el que antes declaraban improcedente). Además, en 15 años la rebaja de la indemnización por despido de los trabajadores fijos alcanza entre un 30% y un 72%.

La reforma aumenta la arbitrariedad empresarial y debilita los derechos de los trabajadores. Para empeorar las cosas, legaliza las agencias privadas, introduciendo el ánimo de lucro en la intermediación laboral.

Nos enfrentamos, pues, a una reforma que trata de “arreglar” la precariedad haciendo a todos más precarios y que puede desencadenar un movimiento incontrolado de sustitución masiva de trabajadores antiguos por nuevos.

Se trata, por último, de una reforma que va a contracorriente de un cambio del modelo productivo orientado hacia la productividad, la calidad y la cohesión social.

La hulega quiere asimismo parar una reforma de la negociación colectiva, guardada en la recámara. Dando preeminencia a la negociación de empresa, busca acabar con la permanencia temporal de las disposiciones de los convenios colectivos y reducir al mínimo la negociación colectiva supraempresarial, con el inevitable debilitamiento de la parte laboral y pérdida de conquistas laborales.

La huelga trata de impedir la anunciada reforma de las pensiones. Ahora se niegan las afirmaciones, de no hace todavía un año, sobre la solidez del sistema. Afirmaciones realizadas por los mismos responsables gubernamentales que hoy defienden lo contrario con lenguaje de madera. La reforma de las pensiones va a perjudicar sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a los precarios, a los trabajadores mayores en paro y a los que tienen trabajos más penosos. Lo único que tal reforma nos asegura es que en el futuro las pensiones serán bastante inferiores que las actuales en relación con el último salario en activo.

La huelga defiende que a los trabajadores en paro que agoten la prestación -que pronto serán centenares de miles- no les falte protección por desempleo, evitando así que se deslicen hacia la pobreza y la exclusión social

La huelga demanda una profunda reforma fiscal que nos acerque a los parámetros de los países europeos más desarrollados y cohesionados, de los que nos separan más de 12 puntos de imposición fiscal.

Las reformas fiscales emprendidas por Zapatero han significado disminución del tipo del Impuesto de Sociedades y reforma del IRPF, reduciendo el número de tramos y el tipo marginal. Aún peor, consolidó la regresiva separación de las rentas del capital de las restantes, introducida por el PP, otorgándoles, además, un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional. Sin olvidarnos de la eliminación del Impuesto sobre los Patrimonios. Y cuando el Gobierno ha abordado una brutal política de reducción del déficit no ha pensado en subir los impuestos directos sino el IVA, que pagan por igual todos los ciudadanos.

Esta huelga reivindica los valores de la izquierda. Apoyarla es defender valores socialdemócratas. El accidentalismo, inventado por Gil Robles y convertido en arte por Guy Mollet, que ha impregnado la acción política gubernamental, y esa concepción ambidiestra -en expresión de un responsable de comunicación del Ejecutivo- según la cual el nuevo socialismo se caracteriza por ser de derechas en lo económico y de izquierdas en lo social, han quedado pronto desacreditados.

El 29 de septiembre es el comienzo de un proceso más largo. Especialmente porque la izquierda, española y europea, tendrá que responder, con una urgencia nunca evidenciada como ahora, con sus propias respuestas a la degradación social, a los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades y al futuro de la UE.

Los frutos de las huelgas generales no siempre se recogen al día siguiente: los de la huelga del 14-D se recogieron un año más tarde. Contrariamente a lo que dicen algunos, opino que la reforma laboral aprobada se modificará más bien pronto. Por la huelga y porque pronto se evidenciará que el modelo laboral que va a configurar es aún más insostenible que el que teníamos.

José María Zufiaur, miembro del Comité Económico y Social Europeo en representación de UGT