Al señor Puigdemont le gusta mucho votar, si hemos de atender a sus declaraciones. Pero le gusta muy poco que le voten, si hemos de atender a sus actos. De hecho, está donde está sin que mediara elección alguna, a través de lo que los mexicanos llaman el dedazo de su antecesor en el cargo, el señor Artur Mas. Un cargo que, por cierto, abandonará, según propia promesa, sin haber gozado nunca del menor respaldo popular en las urnas.
Tal vez contaminado por su propio origen, o porque le pareció que no era una mala manera de proceder políticamente, tomó a su vez la iniciativa de designar como su sucesor en el Ayuntamiento de Girona a Albert Ballesta, quien iba colocado ¡en el número 19! en la lista de CiU y ni siquiera había obtenido plaza en el Consistorio. Para que pudiera tomar posesión se requirió la insólita renuncia de los 18 anteriores.
Preguntado en cierta ocasión por todas estas circunstancias, bien poco habituales en democracia, el señor Puigdemont respondió que en circunstancias excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Probablemente un politólogo guasón y un punto malévolo diría que el señor Puigdemont ha decidido atribuirse el poder de declarar el estado de excepción, poder que, según autores de oscura memoria, corresponde al soberano.
Pero la perseverancia en este tipo de prácticas induce a pensar que no estamos ante meras anécdotas, sino que la cosa empieza a alcanzar el rango de categoría. Porque, en efecto, cuando el actual president ha sido invitado a intervenir en espacios institucionales como el Congreso de los Diputados, en el que sus propuestas serían debatidas y votadas, ha rechazado la invitación. No deja de ser llamativo que quien tanto reitera el volem votar tanto tema ser votado.
Aunque tal vez la cosa podría ir más allá, y estar revelando una resistencia mayor. Porque ni siquiera en el ámbito en el que, con toda seguridad, hubiera ganado la votación (el hemiciclo del Parlament de Cataluña), ha querido el president acudir a presentar su ley del referéndum de autodeterminación, prefiriendo hacerlo en una sala, rodeado de los incondicionales. Lo que induce a pensar que tal vez el temor es a debatir, a contrastar opiniones, y eso al president no se le termina de dar bien (como se pudo comprobar en aquel programa de TV3 con preguntas del público que costó la cabeza al director del ente), o se siente inseguro sin la sombra tutelar del vicepresident.
Ya no hace al caso reiterar los argumentos que han planteado numerosos analistas políticos y cualificados juristas en relación con la escasísima calidad democrática de los comportamientos del oficialismo independentista, especialmente en los últimos meses. Es incuestionada la habilidad de dicho sector para generar eslóganes de gran eficacia político-mediática (del inicial dret a decidir al más reciente “se trata de democracia”, pasando por el ya mencionado volem votar, volem ser un pais normal y tantos otros...). Pero, reconocido el mérito publicístico, algo habrá que decir respecto a ese sector de la ciudadanía catalana que no parece ofrecer gran resistencia crítica a los mismos, ni siquiera cuando entran en flagrante contradicción con prácticas tan escasamente democráticas como las señaladas.
Bien está preocuparse por la profunda decepción que sufrirán todos aquellos que han visto frustradas sus ilusionadas expectativas. Pero mejor está aún llamar la atención sobre la cuota de responsabilidad también de quienes han hecho uso de lo que, parafraseando a Ignacio Varela, podríamos llamar el apoyo impune. Tampoco en esto los catalanes somos muy diferentes al resto de ciudadanos de España y del mundo. ¿O es que nos viene de nuevas el espectáculo de grandes colectivos hechizados por la tentación de usar el voto como desahogo, sin reparar en lo que pasará después? Ya que tanto les agrada a algunos compararse con los primeros de la clase, ahí tenemos el ejemplo de EE UU o de Reino Unido, con un importante sector de la población horrorizada ante la decisión de sus propios conciudadanos y saliendo a la calle, en el preciso instante en que se conocieron los resultados, a protestar por los mismos. No pretendo decir, entiéndaseme bien, que lo peor de la presente situación sean unos ciudadanos tan predispuestos a lo que Timothy Snyder (Sobre la tiranía) ha denominado la obediencia por anticipado. Lo peor, sin duda, son los políticos que la jalean sistemáticamente, como si fuera una virtud.
Manuel Cruz es filósofo y portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.