En Europa las noticias relacionadas con la inmigración ya son cosa habitual; desde la historia del inmigrante ilegal de Mali que trepó un edificio en París para rescatar a un niño a punto de caerse hasta la formación de un gobierno populista en Italia que quiere deportar a medio millón de inmigrantes. Sin embargo, pese a la cobertura constante del tema (o más probablemente, precisamente debido a ella), el debate sobre política migratoria sigue plagado de ideas erradas y politización.
En el Reino Unido, la votación favorable al Brexit se debió en parte a afirmaciones falsas y distorsionadas, por ejemplo que la inmigración irrestricta desde el resto de Europa presiona sobre los salarios a la baja. Pero después del referendo, el campo anti‑Brexit se dio a similares distorsiones, como alertar que en cuanto abandone la Unión Europea, el RU padecerá falta de personal cualificado. Sin embargo, muchos países (por ejemplo Australia, Canadá y Singapur) se las arreglan perfectamente sin libre movilidad de personas, apelando a entregar visas en función de las aptitudes profesionales.
Esas distorsiones de las fuerzas europeas favorables y contrarias a la inmigración han impedido sistemáticamente un debate sosegado sobre el tema. Incluso cuando parece que las partes hacen un análisis razonable de costos y beneficios en relación con el impacto económico de la inmigración, tienden a citar solamente aquellos estudios y datos que respaldan el punto de vista propio. Esto impide acordar soluciones creativas y eficaces.
Por los años que llevo estudiando la migración internacional de trabajadores altamente cualificados (además de mi experiencia de vivir como un inmigrante), puedo decir que un debate racional y equilibrado sobre la inmigración debe tomar como punto de partida la perspectiva de los inmigrantes mismos. ¿Qué lleva a una persona a trasladarse a un país nuevo y, por lo general, desconocido?
Al responder esa pregunta, enseguida se hace evidente que la inmigración es un fenómeno sumamente variado que depende de una diversidad de factores, por ejemplo la nacionalidad, el nivel de cualificación, el tiempo de estadía esperado en el extranjero y la motivación. La experiencia de un especialista en medicina indio que se radica en forma permanente en el RU es muy diferente a la de un trabajador de la construcción rumano que se traslada a Francia en busca de mejores salarios. Y las experiencias de ambos en cuestiones como la facilidad para hacer el viaje o las condiciones de vida al radicarse son muy diferentes a las de un refugiado sirio que busca quedarse en Alemania hasta que termine la guerra civil en su país.
Lo que estas experiencias sí tienen en común es que la motivación de los migrantes suele ser mejorar el nivel de vida mediante el acceso a un puesto más prestigioso, un salario más alto o más seguridad personal. En síntesis, los inmigrantes quieren una vida mejor, no una cultura o identidad nuevas.
Los migrantes económicos, en particular, sólo son buscadores de empleo venidos de otros países. Si en estos se pudieran crear empleos comparables, tal vez nunca emigrarían. En este sentido, el desafío de la migración económica se reduce a una cuestión de intermediación laboral.
Por eso, es necesario reunir a los migrantes económicos con empleos para los que sean necesarios, tal vez por medio de la creación de agencias de empleo para los principales países emisores de inmigrantes. También podría crearse un programa inspirado en el esquema de intercambio de refugiados entre la UE y Turquía, donde se pone una cantidad de visas laborales rotativas a disposición de cada país según la cantidad de inmigrantes económicos ilegales repatriados a ese país.
Por supuesto, en el país receptor los inmigrantes deben tener protección para sus derechos en cuanto trabajadores extranjeros. Pero no es necesario que tengan pleno acceso a los derechos políticos y beneficios sociales propios de los ciudadanos locales.
Este es, aproximadamente, el sistema que se aplica en los Emiratos Árabes Unidos, donde hay millones de trabajadores extranjeros que buscan empleo en forma voluntaria. Saben que sus derechos laborales y humanos estarán protegidos, y que la ley combate eventuales abusos, pero que más allá de eso no gozarán de privilegios adicionales. Este sistema permite a los EAU dar a casi ocho millones de personas la oportunidad de mejorar su nivel de vida, sin provocar rechazo de la población nativa.
Otra solución innovadora, que puede funcionar en algunos lugares, es el esquema suizo de “permisos G” para extranjeros residentes en una zona de frontera del país nativo que trabajan en una zona de frontera en Suiza (las zonas se establecen por tratado). Todos los trabajadores transfronterizos deben volver al país de origen al menos una vez a la semana. ¿Podría la UE crear su propia categoría de “zona de frontera” y así permitir un sistema de movilidad flexible para trabajadores no permanentes procedentes de África y el Cercano Oriente?
Negar a los migrantes los privilegios asociados con la residencia en el país receptor puede parecer incompatible con los valores de la tradición liberal e igualitaria de Europa. Por ser yo mismo un liberal comparto esos valores, pero reconozco que insistir en ellos al momento de definir políticas termina menoscabando los intereses de los migrantes. En momentos en que fuerzas políticas vehementemente xenófobas ganan terreno en toda Europa, debemos preguntarnos qué es mejor para los recién llegados que buscan desesperadamente empleo: ser aceptados con condiciones (incluida, tal vez, la limitación del período de permanencia) o ser rechazados de plano.
Un dilema similar se presenta en relación con la inmigración preferencial de trabajadores cualificados. Muchos en Europa sostienen que esta modalidad no sólo discrimina a los grupos más débiles de inmigrantes, sino que también produce fuga de cerebros desde países que necesitan conservar aquellos trabajadores.
Pero en esto también es preciso examinar los pros y los contras. A los inmigrantes cualificados les resultará más fácil integrarse en la sociedad receptora, a la que pueden aportar más valor. Esto permite el tendido de puentes culturales entre las sociedades receptoras y los países de origen. Más importante, esos inmigrantes pueden enviar más dinero al país de origen en la forma de remesas que lo que hubieran podido contribuir en la forma de impuestos si se hubieran quedado.
La cuestión de la inmigración es hace tiempo una espina clavada en el cuerpo de la UE, en particular porque la manipulación emocional y la apelación al miedo han impedido un debate constructivo. Puede que la clave para aliviar el dolor (e incluso quitar la espina) sea establecer, en el nivel nacional y el de la UE, un contrato social para los migrantes económicos: un “estatuto de derechos de los trabajadores extranjeros” que proteja los derechos de los inmigrantes con restricción de sus privilegios sociales.
Y cuando la inmigración ya no domine la agenda política, la UE tal vez podrá finalmente encarar los muchos otros desafíos que enfrenta; haciéndolo, idealmente, con una visión igualmente cooperativa, creativa y clara.
Sami Mahroum is Director of the Innovation & Policy Initiative at INSEAD, a member of the WEF Regional Strategy Group for the Middle East and North Africa, and Non-Resident Fellow at The Lisbon Council. He is the author of Black Swan Start-ups: Understanding the Rise of Successful Technology Business in Unlikely Places. Traducción: Esteban Flamini.