Identidad y democracia

Por Juan Luis Cebrián (EL PAÍS, 04/10/05):

En la primera e histórica acepción de la palabra, nación significa nacimiento, el acto de nacer, y sólo a partir de esa descripción pudo después dar nombre al conjunto de individuos nacidos en un mismo territorio o pertenecientes a un grupo identificable por su lengua, su cultura, sus costumbres o su simple voluntad de estar unidos bajo un mismo gobierno. La nación no era, así, un término prioritariamente político, aunque a partir de él se hayan elaborado toda clase de teorías de ese género durante los últimos doscientos y pico de años. De modo que cuando un amigo mío catalán se ha puesto a explicarme por qué Cataluña es una nación he tenido que atajar su verborrea para aclararle que no necesito convencerme de lo que resulta obvio. Digo esto porque acabo de saber que el Gobierno de la Generalitat va a gastar más de un millón de euros de nuestros impuestos en explicar en el principado, y fuera de él, el significado profundo del Estatuto que acaba de aprobar su Parlamento. Espero que, al menos, los políticos nos hagan gracia de nuevas polémicas lingüísticas, so peligro de que acabe todo el país discutiendo acerca del sexo de los ángeles, sin entrar a debatir lo que definitivamente se ha puesto sobre la mesa: la oportunidad de reformar, mediante vías pacíficas y democráticas, la estructura del Estado español. Este reclamo resulta lacerante para algunos, y levanta no pocos temores respecto al futuro unitario de España. Pero la Constitución necesita ajustes y retoques que permitan renovar el pacto de convivencia entre los españoles que, en su día, no quedó suficientemente perfilado en torno a lo que eufemísticamente se llama la cuestión territorial. En mi opinión era, pues, la Constitución lo que había que reformar antes que los estatutos, y no a la inversa. El camino elegido ahora me parece más costoso que ningún otro, pero hay que reconocer también que las posturas cada vez más ultramontanas del Partido Popular hacían inviable un debate honesto y constructivo sobre la reforma del Estado.

La puesta al día del pacto constitucional demanda, en cualquier caso, un consenso generalizado. En el tema del Estatuto catalán, ha sido extraordinariamente amplio y representativo por lo que concierne a las fuerzas políticas locales, pero no en lo que se refiere a las del resto de España. La primera dificultad a vencer por los apologetas del documento es, por eso, garantizar que el hecho diferencial que reclaman para su país no ha de equivaler a la concesión de privilegios a sus habitantes, lo que acabaría por desfigurar el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos del Estado. (Por eso es de tan capital importancia el capítulo dedicado a la financiación). En una democracia, los titulares de los derechos y obligaciones son los individuos, no los territorios, y es en nombre de aquellos en el que se ejerce el poder político, a lo que se llama soberanía. Ahora pretendemos cambiar las reglas de juego del ejercicio de ese poder, pero será imposible abordar una tarea semejante sin la base del consenso al que me refería. Cataluña puede aprobar su Estatuto con el voto en contra de la derecha españolista, pero el Congreso de los Diputados no puede permitirse el lujo de refrendarlo en idénticas condiciones. Por lo mismo, la responsabilidad de que este proceso llegue a buen puerto es primordialmente del presidente del Gobierno, desde luego, pero el jefe de la oposición haría bien en tomar nota de que los intereses generales demandan más templanza y menos demagogia que la que habitualmente emplea. Le guste o no, andamos todos embarcados en un asunto que reclama un esfuerzo común. Los sarcasmos y las rabietas están de más.

Ello no quiere decir que a la derecha, y a no pocos representantes del partido socialista, no les asistan algunas buenas razones a la hora de señalar los excesos que la propuesta del Parlament encierra. El uso ambiguo del término nación; la forma de financiación de la autonomía, que equivale a un cupo encubierto; la total autonomía de la administración de justicia y un cierto peligro de discriminación de los castellanohablantes son cuestiones que ocuparán la atención del debate durante los próximos meses.

En lo que respecta al primer punto, convendría recordar que la nación, cualquier nación, es en muchos aspectos una invención cultural que sólo funciona verdaderamente cuando se ve potenciada desde las instancias de la autoridad, pues se trata de una creación en gran medida artificial. La nación y el poder se retroalimentan: aquella es una emanación de éste que, a su vez, tiende a buscar sus raíces en las esencias más o menos trascendentes de esa realidad abstracta que pretende encarnar. El papel de la cultura en la creación de esa misteriosa identidad colectiva de los pueblos sobre la que se edifica toda construcción nacionalista es, por ende, decisivo, y la lengua, instrumento primario de comunicación entre los hombres, juega un papel fundamental. En la versión de Pujol, “el catalán es el nervio de nuestra nación”.

La impostación nacionalista se recrea en la búsqueda y defensa de una identidad propia, diferente y reconocible respecto a la identidad del otro. De nada sirve que el presidente Maragall diga que “ya no hay nosotros y ellos, porque nosotros somos ellos”, si al mismo tiempo se esfuerza en promulgar un texto en el que el reconocimiento de la identidad propia de Cataluña se confunde y entremezcla con el establecimiento de derechos y deberes de todos los ciudadanos. La democracia atiende a estos últimos y no a la cuestión identitaria. Por eso el derecho de autodeterminación de los pueblos ha sido históricamente aplicado a las colonias, pero no a las potencias coloniales. Pero la necesidad de recrear ese mito una y otra vez por parte de las fuerzas políticas es tan grande, que acaba a veces desfigurando cuestiones aparentemente básicas en la ideología de muchos partidos. Sorprende que los representantes de la izquierda catalana se vean constreñidos a explicar que, efectivamente, defienden los principios de solidaridad, o que se hayan apeado con tanta facilidad del establecimiento de una enseñanza laica en la redacción final del documento. Es como si la identidad de esos partidos de izquierda residiera más en el hecho de ser catalanes que en su condición de progresistas.

Ésta es, a mi ver, una cuestión sobre la que tienen que discutir los socialistas españoles, los de Badajoz y los de Barcelona, a la hora de sacar el Estatuto adelante. De otro modo, me parece casi evidente que Cataluña no se separará de España, en contra de las apocalípticas predicciones de la bancada de la derecha en el Congreso, pero hay una seria probabilidad de escisión en las fuerzas del partido gobernante. Por lo demás, ningún estruendo: ni llantos de emoción de unos ni de desesperanza de otros. Aquí no hay un Moisés conduciendo al pueblo elegido frente a la irritación de los opresores. Necesitamos un debate sobre el Estado federal, no una reflexión sobre el destino histórico de las naciones. Porque se está hablando desde el poder, y entre sus representantes, sobre cuestiones que afectan a la identidad de los pueblos, pero también, y sobre todo, al ejercicio de la democracia.