Iglesia y política: España, Suecia y el modelo Svenungsson

La investigación exhaustiva de la pederastia por parte de personas vinculadas a la Iglesia debe contar con el impulso de la propia jerarquía católica.

La pedofilia se cuenta entre los crímenes más horrendos; la policía debe perseguirla infatigablemente y los tribunales juzgarla rigurosamente. Urge un estudio que alumbre a los legisladores a reformular las leyes para su previsión y castigo. Además, esta ocasión brinda a la Iglesia la oportunidad de contribuir a la labor de las Cortes como, también, debiera hacer recapacitar a los diputados sobre las relaciones entre Estado e Iglesia.

En el actual clima de beligerante anticlericalismo, a las instituciones políticas es obligado atender a dos hechos incontestables: que la gestación de la democracia liberal se sustentó en los valores morales del cristianismo y, como consecuencia de ello, que a la Iglesia corresponde el papel de autoridad moral de primer orden en las sociedades democráticas.

La democracia no surgió en las polis helenas. Como advirtiese hace siglo y medio Fustel de Coulanges en La Cité antique (1864), la Antigüedad grecolatina jamás reconoció la igualdad de todos sus ciudadanos. La democracia griega era una tiranía oligárquica donde la élite de hombres libres oprimía al resto. Tras la Revolución Francesa, François Guizot -futuro presidente de Francia- insistía en que los principios revolucionarios derivaban del cristianismo. En su Histoire générale de la civilisation en Europe (1828), Guizot atribuía a la Iglesia la concepción moderna de una comunidad de individuos libres e iguales. En The Rule of Law (2010), Tom Bingham, que entre otros altos cargos ocupó la Presidencia del Consejo del Poder Judicial de Inglaterra, atribuye a la Iglesia la teorización del Estado de derecho fraguada cuando San Pablo declaró la igualdad de todas las personas en su condición de hijas de Dios.

La historiografía ha constatado que el derecho canónico medieval introdujo en Europa los principios jurídicos y políticos de igualdad y libertad. Brian Tierney, en The Idea of Natural Rights (1997), nos recuerda que las primeras comunidades regidas democráticamente conforme a un sistema de elecciones con sufragio universal se dieron en los conventos cristianos de la Edad Media. Los historiadores suelen atribuir el origen político de la igualdad al franciscano Guillermo de Ockham con el antecedente, entre otros, de San Agustín. Sin embargo, a los teólogos de la Escuela de Salamanca, y especialmente a fray Alonso de Veracruz, debemos la teorización política de la igualdad natural.

La Iglesia justificó el despotismo de la Primera Modernidad y, en ocasiones, lastró los avances científicos. Ello, empero, no niega el hecho de que las bases de nuestra civilización y de las democracias liberales las dispuso el cristianismo, como ha explicado solventemente Harry Siedentop en Inventing the Individual (2014). El comunismo es ateo porque el cristianismo representa y defiende la libertad y la igualdad verdaderas que los totalitarismos niegan. Reivindicando el legado liberal del cristianismo ante el actual anticlericalismo de barricada, Siedentop nos emplaza a «entender el valor moral de nuestra tradición cristiana» para conservar la democracia ante el redoble del populismo.

Precisamente porque la Iglesia dio forma a lo largo de los siglos a los fundamentos demoliberales, los sistemas políticos de otros países le conceden voz (a veces también voto) en los procesos políticos. En Gran Bretaña, los arzobispos y los 26 obispos de la Iglesia anglicana son miembros ex officio de la cámara alta, sin que ningún gobierno laborista haya interpuesto jamás objeción alguna al respecto. Inglaterra, cuna y paradigma del parlamentarismo, confía en la Iglesia como genuina y legítima valedora de la democracia.

En Public Faith and the Common Good (2013), la teóloga Jayne Svenungsson propone un modelo político que reconozca y otorgue a la Iglesia el papel de referente moral en el debate político. En la línea del mesianismo crítico de Jacques Derrida y Emmanuel Levinas, Svenungsson explica que las Iglesias cristianas han venido renunciado a exhortar al cumplimiento de su ideal de perfección moral para, de ese modo, acomodarse en lo posible a las actuales culturas seculares. En Suecia, ese movimiento aproximativo al laicismo propició la atracción de los partidos políticos más alejados del dogma cristiano hacia la Iglesia. De tal modo, el Estado laico y la Iglesia han confluido en un punto medio de entendimiento beneficioso para la dirección política del país.

Svenungsson recomienda la inclusión de la Iglesia en los procesos políticos como la mejor salvaguarda de los valores occidentales porque la Iglesia los gestó y los maduró. Ello importa sobremanera ahora que los populismos campan por sus fueros y, advierte Siedentop, la política carece de referentes morales. Las sociedades que se dejan embaucar por demagogos investidos en autoridades éticas se condenan a la involución democrática. Por eso, estados como Suecia confían en la Iglesia como faro moral.

El Democracy Index de 2022 ha certificado la degradación democrática de España calificándola de democracia defectuosa. Ante la constatación internacional del barrizal en que se ha convertido la política española, conviene escuchar el sabio parecer de Svenungsson. Insisto en la idea de que sea la propia Iglesia la que tome parte en la investigación que se realice sobre los abusos cometidos en su seno, sea cual sea la forma que finalmente se decida para hacerlo y a pesar del fuego a discreción que abrirán los populistas más desbocados y deslenguados.

En cuanto a las relaciones Estado-Iglesia, nadie esperará que ciertos diputados estudien a Guizot, Siedentop o Svenungsson, pero la mayoría sensata debiera volver la vista a estados de excelsa tradición democrática -cuales son el Reino Unido y Suecia- y reconocer la milenaria autoridad moral de la Iglesia, piedra fundacional de las democracias de Occidente. La degradación política de hoy proviene precisamente de la tergiversación demagoga de los principios democráticos.

J. A. Garrido Ardila es miembro numerario de la Royal Historical Society y catedrático del Consejo General de la University of Edinburgh.

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