La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya es una ignominia histórica contra Catalunya y contra España, en el sentido de los efectos devastadores que pretende infligir en el presente y en el futuro de nuestra sociedad y nuestra historia. Pero esta sentencia es también una ignominia histórica en el sentido de desprecio e ignorancia de la historia colectiva que condujo a la Constitución y un escarnio a la política prudente que, en aquel periodo, desplegaron el rey Juan Carlos y el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para crear una democracia en la que cupieran todos los españoles y todas las culturas y naciones de España.
En el primer sentido de ignominia histórica, la sentencia mutila severamente los derechos políticos, económicos y lingüísticos de Catalunya reconocidos en el Estatut, y rompe el modelo de convivencia política entre Catalunya y España que los ciudadanos de Catalunya hemos respetado a pesar de muchos agravios. Pero, además, la sentencia impide cualquier progreso político y cierra España en la jaula de unas ideologías retrógradas inspiradas en los principios del Estado jacobino de principios del siglo XIX, en vez de abrirla a la mentalidad moderna que necesita.
Si en la Unión Europea llegan a predominar los estados jacobinos, no pasará de ser un ente político incompleto y miserable, pendiente solo de los poderes nacionales y sin ningún peso político, económico y cultural en el mundo. Si la sociedad global acaba dominada por este tipo de estados que imponen sobre los demás su pensamiento y su cultura única, mal llegará una convivencia entre los distintos pueblos. La mentalidad del Tribunal Constitucional y de las fuerzas políticas a las cuales sirve se opone a las tendencias intelectuales y morales del mundo contemporáneo civilizado, que avanzan hacia el diálogo, la comprensión de la alteridad y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Creo que la cerrazón e imprudencia del Tribunal Constitucional quedarán más claras en los argumentos siguientes.
La ignominia del Tribunal Constitucional al no reconocer e ignorar el valor de los hechos históricos de la transición política no por ser más sutil es menos grave. La sentencia y sus argumentos, al no admitir que Catalunya es una nación, reducen la Generalitat a un ente creado por el ordenamiento constitucional, sin ningún fundamento político.
Es en este punto donde la sentencia ignora o desprecia la política que el rey Juan Carlos y el presidente Suárez llevaron a cabo admitiendo el valor histórico del Gobierno de Catalunya. Creo que es importante recordar esta historia: el paso de la dictadura a la democracia, en forma de transición y no de ruptura, no fue fácil. El general Franco, en sus leyes de sucesión, lo había dejado todo «atado y bien atado». La prudencia, el coraje y el sentido político del Rey y del presidente Suárez, de sus colaboradores y de muchos políticos y ciudadanos encauzaron la transición. Suárez resolvió con astucia problemas tan importantes como el reconocimiento del Partido Comunista de España, por lo que fue tildado de traidor (algún magistrado impidió el reconocimiento de Esquerra Republicana de Catalunya antes de las elecciones al Parlamento catalán de 1980).
El restablecimiento de la Generalitat de Catalunya también implicó un enfrentamiento con los odios creados por el franquismo. Sin embargo, se realizó de tal manera que implicaba un reconocimiento de su legitimidad histórica. Las negociaciones de altos representantes del Estado con el president Josep Tarradellas, exiliado desde el final de la guerra civil en Francia, se iniciaron bajo la autoridad del Rey y prosiguieron a principios de julio de 1977, en Madrid, con el presidente Adolfo Suárez y el ministro Rodolfo Martín Villa.
El hecho de que Tarradellas volviera a Catalunya como presidente de la Generalitat provisional significaba el reconocimiento de la legitimidad histórica de la Generalitat. Así lo entendieron los catalanes y los españoles, y este reconocimiento supuso un gran paso en la gobernabilidad de España, tal como ha resaltado con otras palabras en un artículo reciente otro testigo histórico, Carles Sentís.
Este acuerdo importante, junto con muchos otros, que naturalmente no se recogieron en el texto constitucional, constituye lo que se ha llamado el pacto constitucional, que hizo posible la Carta Magna. Este pacto se ha roto con la presentación del recurso contra el Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional.
Creo que este tribunal no podía hacer un peor servicio a la monarquía, a la democracia, a España y a Catalunya. Los que luchamos por la histórica transición monárquica en cuanto implicaba el reconocimiento de la Generalitat y nos esforzamos en fomentar unas buenas relaciones entre Catalunya y España nos sentimos defraudados.
Ahora, la historia está abierta y no dejaremos de mantener nuestras fidelidades ni de esforzarnos para que nuestros sueños sean reales.
Eduard Bonet, profesor emérito de Esade.