¿Igual para todos?

Cuando en Madrid, el 16 de abril la Policía de Aduanas llegaba a casa de Rodrigo Rato, RR, hacia las cinco de la tarde, catorce cámaras de televisión esperaban en la puerta. ¿Quién las había avisado? El artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «la detención y prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido… en su persona, reputación y patrimonio». La presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de Derecho. Marca una de las grandes diferencias entre democracias y regímenes totalitarios. La detención no debe hacerse «ante compañeros de trabajo» ni «ante los medios de comunicación». La primera anomalía fue la previa filtración de que RR se había acogido a la amnistía fiscal de 2012. La Hacienda pública tiene el deber de garantizar, también en estos casos, el secreto de sus actuaciones. De otra manera se produce lo inevitable: la filtración crea el caldo de cultivo en la opinión pública para la intervención posterior. Como escribió el sábado en ABC Ignacio Camacho, el espectáculo del 16 de abril «simbolizaba la abolición de la presunción de inocencia en España».

Así como el mantra Todos Somos Iguales Ante la Ley se repitió y repitió en las 79 horas que separan la tarde del jueves 16 de la noche del domingo 19, no vimos a ningún responsable mencionar el otro término, obligado y en esas horas desaparecido: el derecho del acusado a defenderse como inocente mientras no se le declare culpable. Hoy no conocemos los delitos de que se acusa a RR. También desconocemos por qué la Agencia Tributaria optó por este espectáculo. El paso de meses de investigación, quizá años, será inevitable. En esta nota nada se prejuzga. Dejemos todos actuar a la Justicia.

Nos hemos encontrado ante un espectáculo poco regular, promovido desde no sabemos dónde. Voltaire hubiera entendido estas dudas sin necesidad de volver sobre el proceso Calas, 1763. Nadie en 2015 ha dado explicaciones. ¿A quién? A algunos millares de ciudadanos españoles que se han sentido manipulados en estos tres días. Para los observadores atentos parecen haberse mezclado tres clases de informaciones: la actividad pública; el ámbito empresarial; y la actividad privada. Y así ha acabado por fabricarse el enemigo perfecto, proporcionando datos que sólo los poderes públicos pueden conocer y deben custodiar.

Quizá el Gobierno de la nación empiece a sospechar de su propio entorno. El mantra, repetido ad infinitum, «La Justicia es Igual para Todos», ha empezado a crear sospechas mientras unos y otros se miran de reojo. «La Justicia es Igual para Todos»… Quizá el lema pudiera repetirse en Guinea Ecuatorial. Pero es duro escucharlo en un viejo y respetado país europeo, salido hace ya cuarenta años de una mala dictadura. «La Justicia es Igual para Todos»… ¡faltaría más!

En medio de todo, algunos recordamos aquí que este Gobierno es uno de los que en los últimos cuarenta años más han luchado contra la corrupción, la evasión de capitales y el fraude fiscal. Lo ha hecho por convicción y por sus especiales circunstancias. Por eso sorprende su satisfacción durante tres días ante un espectáculo contemplado y no condenado, impropio de un país europeo. España no cruzará la raya roja que separa no ya a Dinamarca de Burkina-Faso, sino a Francia y Argelia, vecinos.

Los medios de comunicación cumplen con su deber al informar sobre el espectáculo al que han sido convocados. Esos medios completaron como pudieron las casi inexistentes noticias anejas al espectáculo. ¿Pero es admisible que la televisión pública, en su canal 24h, repitiera hasta cuarenta veces, durante horas, la entrada en el coche policial de alguien no esposado, tratado como si ya fuera un delincuente?

Dos líneas para un último punto: el golpe, muy duro, que el escándalo internacional representa para España. No para este o aquel partido, sino para España. El viernes hablábamos con un delegado de la Comisión Europea en Bruselas: tras la durísima batalla por la moneda común, recordaba, España no estaría hoy en el euro sin el trabajo de RR y su equipo. Fernando Díez Moreno, que conoce los movimientos de aquella negociación, lo escribía hace dos días en ABC: el empeño de RR, apoyado por su presidente, consiguió aquel triunfo. Sin esos años, añadía nuestro interlocutor, la España de hoy sería muy-muy distinta. Las condiciones para ingresar en el euro se cumplieron: cuatro años antes, ni una sola se podía cumplir. Pero RR y la generación de 1998, con Díez Moreno a su lado, consiguió controlar la deuda pública, la inflación y el déficit para mantenernos en los niveles exigidos por Bruselas. ¿Nos hemos preguntado, acababa Díez Moreno, qué sería hoy de España si la crisis pasada nos hubiera cogido fuera del euro?

Darío Valcárcel, periodista.

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