Igualdad de género y política exterior española

Tema: La igualdad de género se ha convertido, en los últimos años, en un objetivo básico del proyecto de país y, en consecuencia, debe también consolidarse como uno de los ejes centrales de la acción exterior española.

Resumen: Junto a la dimensión interna de las políticas de igualdad de género (importante paquete legislativo aprobado entre 2004 y 2007, y consolidado a lo largo de la última década) se suma, en distintos niveles, la dimensión de la acción exterior: (a) impulso a la creación de organismos internacionales dedicados a promocionar la igualdad de género y apoyo sustantivo a su labor (ONU Mujeres, en particular); (b) argumento con un peso específico para el logro de objetivos de política exterior (la candidatura al asiento en el consejo de seguridad de Naciones Unidas para el período 2015-2016 es el ejemplo más reciente); (c) consolidación de la igualdad como eje central y “seña de identidad” de la cooperación española; y (d) promoción de una mayor presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad política y en las jefaturas de misión y/o Embajadas. La igualdad de género, hoy elemento clave de promoción internacional de la democracia, se relaciona con la modernidad y la innovación, e impacta en la imagen internacional de país, contribuyendo a la dimensión de poder blando y, por tanto, al papel que puede jugar en el escenario internacional, y en la provisión de bienes públicos globales. Constituye, en sí mismo, un valor a preservar y fortalecer, que España puede situar como eje y objetivo estratégico de su acción exterior, y que podría proyectar como un rasgo relevante de la democracia avanzada que aspira a consolidar. Para ello, debe darse un nuevo impulso, recuperando el cierto retroceso que ha experimentado en los últimos años.

Análisis: El fomento de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación de las mujeres es un objetivo relativamente reciente para la comunidad internacional, que apenas comenzó a abordarlo en la década de los 70 del pasado siglo. La primera norma, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue ratificada en 1979. La II Conferencia tuvo lugar en Copenhague en 1980, seguida de la III Conferencia, en Nairobi, en 1985. Sin embargo, la igualdad entre hombres y mujeres no se situará en un lugar central de la agenda política internacional hasta la Cumbre de Beijing en 1995 –en la que todos los países firmantes, incluida España, asumieron el compromiso de alcanzar el 30% de mujeres en puestos de decisión– y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados en el año 2000 (Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer). En el ámbito de la UE, tras la primera referencia en el artículo 114 del Tratado de Roma (1957), relativa al principio de igualdad de retribución por igual trabajo, el Tratado de Ámsterdam (1997) introdujo la transversalidad de la perspectiva de género en el conjunto de políticas de la UE. El actual Tratado de Lisboa consagra la igualdad como valor y objetivo de la Unión (artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, y artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión).

La igualdad de género, elemento de importancia creciente para la sociedad española

En la última década, la igualdad entre hombres y mujeres se ha afianzado como un elemento central de la visión que la sociedad española tiene de sí misma.[1] Esta aspiración se compadece, según encuestas recientes, con una alta sensibilización ante las desigualdades de género, muy por encima de la media europea.[2]

En el ámbito de la participación política, España es, en el contexto de los países de su entorno, un ejemplo de incremental track hacia la igualdad (en buena parte debido a las cuotas establecidas por los partidos políticos, que se han extendido a paridades legales).[3] Hoy España tiene un alto grado de participación política de mujeres en el parlamento nacional, y en los parlamentos regionales, además de en las corporaciones locales.[4] Asimismo, en el Parlamento Europeo (donde la media de mujeres es del 37%), España se sitúa en la paridad, con un 41%, ligeramente por encima de Francia, los Países Bajos, Estonia, Italia, Austria y el Reino Unido, que están en torno al 40%, y muy por encima de países como la República Checa, Bulgaria, Grecia y Chipre, aún en porcentajes bajos, de en torno al 20%-25%. Dinamarca, Alemania, Letonia, Portugal y Eslovenia están más lejos, con una presencia de mujeres de alrededor del 35%. Como es habitual, Finlandia o Suecia (y en estas últimas elecciones también Irlanda) superan con creces al resto de Estados miembros y, en ambos casos, tienen más diputadas que diputados en el Parlamento Europeo. Lituania, con tan sólo una mujer de un total de 11 diputados, es el Estado miembro que arroja el peor equilibrio en términos de paridad.[5]

Sin embargo, y como señala el último Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, aprobado el 7 de marzo de 2014, la discriminación de las mujeres en España persiste en varios ámbitos –la tasa de actividad de las mujeres está 13 puntos por debajo de la de los hombres; las mujeres sufren en mayor medida el desempleo y tienen que trabajar más para ganar el mismo salario, percibiendo un 22,9% menos al año que los varones por trabajos de igual valor; en el ámbito familiar, la maternidad afecta a su entrada y permanencia en el mercado laboral, y su dedicación al hogar y a la familia es aún mucho mayor que la de los hombres– y sigue haciendo necesario continuar impulsando activamente medidas tendentes a cerrar la brecha de género.[6]

La legislación nacional, motor del liderazgo de España en materia de igualdad

Más allá del conjunto de leyes sobre la igualdad de trato que, fundamentalmente en los ámbitos civil, penal y laboral, se han venido aprobando desde la proclamación de la Constitución, cabe destacar, por su carácter integral y su ambición, dos leyes que pretenden dar una respuesta integral al problema de la violencia de género y a las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres:

  1. La Ley Orgánica, 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que constituye la primera norma aprobada en España en esta materia y un referente en la comunidad internacional por su carácter integral que abarca todo un conjunto de medidas jurídicas (que incluyen cambios relevantes en el Código Penal, con la tipificación de delitos y el agravamiento de penas) y policiales, así como políticas educativas, sanitarias y sociales, para luchar contra la violencia de género, creando la figura específica de los juzgados de violencia sobre la mujer y el Fiscal contra la violencia de género.
  1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIE), que consagra el principio de igualdad de trato y de oportunidades como eje transversal de todas las actuaciones de los Poderes Públicos. Esta ley llevó a la modificación de 27 leyes de todo orden (incluidas las Leyes Orgánicas del Régimen Electoral General; del Consejo General del Poder Judicial, y el Estatuto del Ministerio Fiscal; así como varias Leyes en materia de Sanidad, Educación, Asilo y Refugio, Consumidores y Usuarios, y varias leyes procesales –Enjuiciamiento Civil y Contencioso Administrativa, y de Procedimiento Laboral–). La LOIEextiende, además, la obligación de incorporar una valoración del impacto de género (recogida ya en la Ley 30/2003, de 13 de octubre) a los Planes de especial relevancia económica, social, cultural o artística que se presenten a aprobación del Consejo de Ministros.

Qué nos dicen los rankings internacionales en materia de igualdad sobre España

El ranking sobre brecha de género que, desde 2006, viene elaborando el Foro Económico Mundial[7] sitúa a España, en 2014, en el puesto 29, con una ligera mejora en comparación con la puntuación global del año pasado (que la colocaba en el puesto 30). Tras experimentar un incremento en su puntuación en 2010 y 2011, debido principalmente al aumento en el subíndice de empoderamiento político, en 2013 España sufrió la caída más significativa respecto a 2006, debido al descenso en la proporción de mujeres en cargos ministeriales. El índice cuantifica la magnitud de las disparidades basadas en el género en cuatro áreas clave –educación, salud, economía y política– y trabaja los datos en base a cuatro subíndices –salud y tasa de supervivencia, logros en educación, participación económica y oportunidades, y empoderamiento político–. En esta edición incluye a un total de 142 países. Si bien no incorpora variables importantes como el uso de los tiempos o las tasas de violencia de género, cubre a un porcentaje altísimo de la población mundial –un 93%–. En promedio, en el mundo se ha cerrado más del 96% de la brecha de género en salud, el 94% de la brecha en logros educativos, el 60% de la brecha en la participación económica y el 21% de la brecha en empoderamiento político. Sin embargo, estamos aún muy lejos de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De hecho, ningún país del mundo ha cerrado totalmente la brecha de género, aunque los cinco países nórdicos (Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca) lo han logrado en más del 80%.

Asimismo, según el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo para la Igualdad (que mide variables relativas a trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder, salud y violencia), España se sitúa en la media europea (en torno al 54%), por encima de Alemania, Luxemburgo, Italia y Portugal, aunque a bastante distancia de Finlandia, Suecia, los Países Bajos y Dinamarca (con valores en torno al 73%).[8]

El compromiso de España con la igualdad en el ámbito internacional

España ha suscrito todos los compromisos internacionales en esta materia: CEDAW en 1979; Conferencia de Viena en 1993; Conferencia de El Cairo en 1994; Conferencia de Beijing en 1995; Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000; revisión de los ODM en 2005; Cumbre ODM de 2010; y la Alianza de Busán para la cooperación eficaz al desarrollo de 2011.

Pero será en los últimos años, impulsada por los cambios sociales y legislativos aprobados por el Parlamento español y mencionados más arriba, cuando España sea reconocida como un país de referencia en la promoción y defensa de la igualdad de género, elevando su perfil internacional en la materia.[9]

Un buen ejemplo de este compromiso fue la aprobación, el 30 de noviembre de 2008 por Acuerdo del Consejo de Ministros, de un Plan de Acción Nacional para la aplicación de la Resolución 1325/2000 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad –una resolución histórica que, por primera vez, reconocía el particular impacto del conflicto armado en las mujeres, y su papel en la resolución y la consolidación de la paz–. En aquel momento, sólo el Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Suiza, Canadá, Austria y los Países Bajos, además de España, habían aprobado planes nacionales (nueve países en todo el mundo, seis de ellos miembros de la UE).

Más recientemente, en octubre de 2013, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó (por unanimidad y después de intensas negociaciones), una nueva resolución sobre el papel de las mujeres en procesos de paz, la Resolución 2122, que impulsa una mayor participación de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, y en la construcción y consolidación de la paz. Desde el final de la Guerra Fría las mujeres sólo han representado el 4% de las/os signatarios en los acuerdos de paz, menos del 3% de las/los mediadores de conversaciones de paz y menos del 10% de las personas sentadas en una mesa de negociación para negociar en nombre de una de las partes en conflicto. Según ONU Mujeres, en 1993 las mujeres representaban el 1% de las fuerzas de paz (cascos azules), mientras que en 2012, de los 125.000 soldados, el 3% del personal militar y el 10% del personal policial en las misiones de paz de la ONU son mujeres. La Resolución 2122, que contó con el apoyo de España, constituye un avance hacia la plena participación de las mujeres como líderes para la paz y la seguridad.

La particular contribución de España a la creación y consolidación de ONU Mujeres como órgano de Naciones Unidas especializado en la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, apoyando especialmente la lucha contra la violencia de género, constituye el principal ejemplo –y el más visible– de su compromiso internacional con la igualdad de género. A pesar del retroceso que supuso el cierre en 2012 de la Oficina en Madrid de ONU Mujeres, España es, en cifras acumuladas desde 2010, el primer donante a este organismo y es también el mayor contribuyente al Fondo de Igualdad de Género desde su creación en 2009, con una aportación de 65 millones de dólares. Como reconocía en marzo de 2012 la entonces directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, España lideró la creación de dicho Fondo, uno de los más importantes para hacer avanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y al que se sumaron otros contribuyentes como Noruega y México. Hasta la fecha, el Fondo ha puesto en marcha un total de 93 proyectos en 69 países, beneficiando a 8,5 millones de mujeres en todo el mundo.[10]

En el ámbito de la cooperación al desarrollo, desde la aprobación del Plan Director 2005-2008, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres adopta un enfoque de doble prioridad, tanto con carácter horizontal como sectorial, como queda también recogido en el IV Plan Director de la Cooperación 2013-2016. La transversalidad de género se aplica de manera prioritaria tanto en la acción bilateral como multilateral, promoviendo más actuaciones concretas dirigidas a reducir la discriminación contra las mujeres y para la igualdad de oportunidades, e incrementando considerablemente los fondos y contribuciones dirigidas a organismos internacionales especializados en temas de género (UNIFEM, INSTRAW, FNUAP, PNUD, GENDERNET del CAD/OCDE, etc).

Entre 2004 y 2011 España destinó más de 500 millones de dólares de AOD al sector género a través de organismos multilaterales de desarrollo.[11] Así, el Fondo Migración y Desarrollo España-Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), creado a raíz de los “Encuentros de Mujeres Españolas y Africanas”, incluye entre sus líneas de acción el componente de género en las políticas migratorias de África Occidental y el apoyo a las estructuras de empoderamiento de la mujer, tanto a nivel nacional como regional. España mantiene también una Alianza estratégica con la Dirección de Mujeres, Género y Desarrollo de la Unión Africana (UA).

El liderazgo español en la lucha contra la violencia y el asesinato de género se ha visibilizado recientemente en una nueva iniciativa, la elaboración de la “Guía de buenas prácticas para luchar contra el feminicidio”, presentada el pasado mes de mayo, y que formula recomendaciones para mejorar y perfeccionar las prácticas de la investigación técnico-científica del crimen de feminicidio.[12]

La igualdad de género, ¿objetivo prioritario de política exterior?

Como señala el Informe Elcano “Hacia una renovación estratégica de la política exterior española”, la igualdad de género es un excelente ejemplo de sinergia y retroalimentación entre las dimensiones interna y externa de las políticas, en particular aquellas que persiguen la consecución de objetivos estratégicos. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 estableció, por primera vez, un eje relativo a la Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo, con tres objetivos estratégicos: (1) garantizar la aplicación de la transversalidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres en la política exterior española; (2) promover y reforzar la integración del enfoque de género en la política de cooperación para el desarrollo; y (3) garantizar la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas sobre migraciones y desarrollo.

El actual Plan 2014-2016 recoge también, aunque no como un eje específico, la promoción y consolidación de la igualdad de oportunidades y los derechos humanos de las mujeres en la política exterior y de cooperación internacional, subrayando que “la inclusión de medidas específicas de política exterior y cooperación es fundamental para seguir manteniendo un liderazgo y un reconocimiento en el contexto internacional y también en el ámbito nacional, en cuanto a las políticas de cooperación y desarrollo e igualdad”, proponiendo como principales medidas, en el ámbito de la política exterior, las siguientes: (a) la consolidación de los principios de igualdad y no discriminación y del enfoque de Derechos Humanos en las relaciones exteriores de España, tanto bilaterales como multilaterales; (b) la consolidación de la imagen internacional de España como país líder en el desarrollo de políticas de igualdad; (c) el desempeño de un papel destacado en los foros internacionales de Naciones Unidas y la UE, así como en otros foros internacionales donde España participe; (d) el refuerzo de una política activa de igualdad en la promoción de la presencia de personas españolas en los organismos internacionales; y (e) el refuerzo del cumplimiento del Plan de Acción para el desarrollo de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre “Mujeres, paz y seguridad”, en coordinación con otros Ministerios.

La Ley 2/2014 de la Acción y Servicio Exterior del Estado no incluye entre los 10 objetivos de política exterior, de manera expresa, la igualdad de género –aunque podríamos considerar que sí lo hace cuando menciona “la promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas”– pero sí se refiere a ella como uno de los ámbitos de la Acción Exterior que, por su singular importancia, deben ser atendidos y tenidos en cuenta para “la formulación de una Política Exterior cuyo objetivo último es la defensa y promoción de los valores e intereses de España, el progreso y crecimiento sostenible y el bienestar de la población española, con especial énfasis en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género, destacando la protección de las mujeres españolas víctimas de violencia de géneros y de sus hijos e hijas en el exterior”. Asimismo, cuando la Ley se refiere a la Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género son considerados objetivos prioritarios.

La igualdad, al servicio de objetivos de política exterior

La promoción de la igualdad de género se ha demostrado como un elemento importante para el logro de objetivos de política exterior, al reconocerse su peso específico para incrementar la capacidad de España de jugar un papel en el escenario global, así como su contribución a la elevación del perfil de país en el seno de los organismos internacionales, en particular en el sistema de Naciones Unidas. La apuesta del gobierno de España para tener una presencia activa en los trabajos y en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el bienio 2015-2016 es un buen ejemplo. Definido en la candidatura como “uno de los objetivos principales de la política exterior y de la diplomacia española”, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación incluyó, entre las 10 razones que la avalaban, la de “dar a los derechos humanos y a la igualdad de género y a la plena participación de las mujeres en la construcción de la paz la dimensión que les corresponde para garantizar la seguridad y estabilidad”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayaba en su carta de presentación de la candidatura que España “ha demostrado a lo largo de estos últimos años que la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género forman conjuntamente uno de los grandes ejes de nuestra política exterior”.[13]

La igualdad de género y su impacto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Los cambios legislativos en materia de igualdad aspiran a fortalecer el gender mainstreaming en todas las políticas públicas, de manera que la defensa y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres marque cada una de las actuaciones, incluidas aquellas que tengan lugar en el ámbito de la acción exterior.

En marzo de 2007 el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación creó la figura de la embajadora en Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género, con el objetivo de “impulsar y dar mayor relevancia a la incorporación del enfoque de género en la política exterior española, sobre la base de que incrementar la presencia de mujeres en el ámbito de la política exterior y de cooperación es un paso más para alcanzar la igualdad efectiva”. Dos diplomáticas con dilatada experiencia, Aurora Mejía –actualmente embajadora en Bosnia-Herzegovina– y María Jesús Alonso –actual embajadora en Ghana–, ejercieron dicho puesto, sucesivamente, entre marzo de 2007 y julio de 2010, fecha en la que, tras el cese de la segunda, la figura desapareció. Aunque el ámbito de la representación exterior y la diplomacia no han sido, en términos generales, un terreno fácil para avanzar en materia de igualdad (durante un largo período las oposiciones al cuerpo diplomático estuvieron reservadas únicamente a los hombres) y hoy las mujeres constituyen sólo el 22% del total de los miembros del cuerpo diplomático (cifrado en torno a 950), en la última década se ha dado un impulso que conviene destacar. Así, si en 2004 España contaba con sólo un 1,16% de embajadoras (dos, frente a 170 embajadores), en 2014 ese porcentaje asciende al 11,29%, habiendo alcanzado, en 2011, la cifra más alta, con un total de 27 embajadoras (que representaban un 15,52% del total). Hoy, 14 mujeres (frente a 110 hombres) están al frente de una de las 124 jefaturas de misión y Embajadas con las que cuenta España.[14]

Así, tras un avance lento pero sostenido desde 2004 –que ha sufrido un cierto retroceso en los últimos años, quizá debido en parte a la disminución de legaciones diplomáticas que España mantiene en el exterior–, las mujeres diplomáticas (de incorporación más reciente que los hombres, y por tanto en lógica desventaja en términos de años acumulados de experiencia) tienen todavía un papel minoritario en puestos de responsabilidad y/o misiones en el exterior. Hoy hay embajadoras en Albania (Silvia Cortés), Angola (Julia Olmo), Bosnia (Aurora Mejía), Eslovenia (Anunciada Fernández de Córdoba), Finlandia (María Jesús Figa), Ghana (María Jesús Alonso), Letonia (Consuelo Femenía), Namibia (Carmen Díez Orejas), Qatar (Carmen de la Peña), Senegal (Cristina Díaz Fernández-Gil) y Líbano (Milagros Hernando), así como en la oficina de Naciones Unidas con sede en Ginebra (Ana María Menéndez).

Conclusiones: Como señala el Informe Elcano “Hacia una renovación estratégica de la política exterior”, la democracia avanzada (que implica la aspiración y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres) constituye un objetivo estratégico del proyecto de país. La igualdad entre hombres y mujeres se ha consolidado como un elemento central de la visión que la sociedad española tiene de sí misma, y que puede proyectar en el mundo.

Si bien en la última década la promoción de la igualdad ha sido definida como uno de los ejes centrales de la política exterior española –además de como un objetivo prioritario de la cooperación al desarrollo– se hace necesario otorgarle un nuevo impulso y resituarla en un lugar prioritario de la agenda, superando así el cierto retroceso –como reflejan los índices internacionales– que se ha producido en los últimos años. El reconocimiento internacional de España a su compromiso con la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género tiene un valor en sí mismo, que conviene preservar y consolidar, y que nos asocia con otros países modernos e innovadores, que han puesto en marcha políticas activas en la materia. Situar a la igualdad, de manera efectiva, como eje central de la acción exterior puede ayudar a fortalecer el posicionamiento de España y de su poder blando en el escenario internacional, así como a proyectar y defender mejor nuestros valores e intereses en un mundo globalizado.

Para que España siga siendo identificada como uno de los países más activos en la defensa de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género –manteniendo así su perfil internacional en la materia– debería impulsar y, en la medida en que sea posible, liderar, en los espacios internacionales en los que esté presente, iniciativas encaminadas a lograr la igualdad efectiva. La participación en el Consejo de Seguridad para el bienio 2015-2016 es una oportunidad excelente para poner en valor ese compromiso, y consolidar un liderazgo con vocación de permanencia. Para la promoción y defensa internacional de las libertades y los derechos humanos, y de la paz y la seguridad internacionales, la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres es esencial. Nadie duda hoy de que cerrar la brecha de género es, por motivos de equidad pero también económicos, una meta esencial.[15]

María Solanas, Coordinadora de Proyectos, Real Instituto Elcano.


[1] Según datos del CIS (Barómetro de noviembre de 2010), el 95% de los españoles están a favor de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Como también señala el Consejo Económico y Social (CES) en su Informe 01/2011 sobre la situación de las mujeres en la realidad socio-laboral española, la igualdad es “un valor incontrovertido y una aspiración que goza de toda la legitimidad en la sociedad española, cuyas aspiraciones igualitarias son un ideal que pocos se atreven a cuestionar”.

[2] Según una encuesta realizada por el Parlamento Europeo en enero de 2012 (a un total de 25.539 ciudadanos en 27 Estados miembros), en España un 32% de las personas preguntadas pensaba que las desigualdades de género era un problema “muy serio”, mientras que un 47% opinaba que era un problema “bastante serio”. Este porcentaje es muy superior al manifestado por la media de las personas europeas encuestadas (un 15% y un 37% respectivamente). Asimismo, en su estudio de noviembre de 2012 sobre percepción social de la violencia de género, el CIS constataba que un 48,1% de los encuestados considera que las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestro país son “bastante grandes” y un 12,5% las calificaba de “muy grandes”, frente a un 30,5% que las consideraba “pequeñas”.

[3] Tania Verge (2012), Institutionalising Gender Equality in Spain: incremental steps from party to electoral gender quotas. West European Politics.

[4] Según datos del Instituto de la Mujer, España tiene un 36% de mujeres en el Parlamento nacional (lo que nos sitúa entre los 11 países del mundo con mejor cifra según la Unión Interparlamentaria), un 43,8% en los parlamentos autonómicos y un 35% en las corporaciones locales.

[5] Parlamento Europeo, Resultado de las elecciones europeas 2014 (Distribución entre hombres y mujeres).

[6] Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.

[7] Informe Global sobre la Brecha de Género (The Global Gender Gap Report). Como señala el Informe, hay una fuerte correlación entre la igualdad de género, el PIB per cápita, el nivel de competitividad de un país y el de desarrollo humano. Así, España, que ocupa el puesto 29 en el índice de igualdad, ostenta el 31 en el de PIB per cápita; el 27 en el índice de desarrollo humano y el 35 en el índice de competitividad global.

[8] EIGE – Gender Equality Index.

[9] Recientemente, el pasado mes de octubre, España recibió la mención de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas que persigan el fin de la violencia ejercida contra las mujeres, considerando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 como una de las más importantes y eficaces a nivel mundial.

[10] Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

[11] Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

[12] Guía de recomendaciones para la investigación eficaz del crímen de feminicidio .

[13] 2015-2016 España miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[14] Datos elaborados por el Instituto de la Mujer a partir del Fichero de Altos Cargos, a fecha de junio de 2014 (“Embajadores/as acreditados/as ante gobiernos extranjeros”).

[15] Como señala el Informe Global sobre la Brecha de Género 2014 del Fondo Económico Mundial, hay una fuerte correlación entre la igualdad de género, el PIB per cápita, el nivel de competitividad y el de desarrollo humano. Así, España, que ocupa el puesto 29 en el mencionado índice de igualdad, está en el puesto 31 en el de PIB per cápita, el 27 en el de desarrollo humano y en el 35 en el índice de competitividad.

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