Igualdad de sexo y matrimonio

En un referéndum de noviembre de 2008, 7 millones de electores californianos atrancaron las puertas de acceso al matrimonio a las parejas homosexuales (Proposición 8: «Solo el matrimonio entre un hombre y una mujer es válido y reconocido en California»). En contra votaron 6.400.000, y los partidarios del matrimonio homosexual llevaron la cuestión a los tribunales (Perry contra Schwarzenegger).

El pasado 8 de agosto, el juez federal Vaughn R. Walker ha resuelto a favor del matrimonio homosexual, pero inmediatamente su decisión ha sido suspendida por un tribunal superior. El pleito, que acabará en el Tribunal Supremo federal dentro de dos o tres años, opone la voluntad popular de la mayoría política a las razones sosegadas del juez Walker. Es la vieja querella, tan antigua como el Derecho mismo, entre quienes entienden las leyes como expresión de la voluntad y quienes ansían que lo sean de la razón.

En la actualidad, 30 de los Estados Unidos de América han aprobado enmiendas constitucionales contrarias al reconocimiento del matrimonio homosexual, cinco son meridianamente favorables a él y el resto navega, como lo hace el presidente Obama, en vísperas electorales complicadas.

Cinco Estados de la Unión Europea, entre ellos España, reconocen el matrimonio homosexual. Los partidarios del matrimonio exclusivamente heterosexual son cada vez menos, pero siguen siendo la mayoría.

Convencerles no es imposible. La primera regla es abstenerse de insultar a la mayoría misma, la cual aúna a los partidarios del matrimonio tradicional con los adversarios de que un juez enmiende la plana a millones de electores y a docenas de legisladores. Su corolario: en materias como el matrimonio homosexual, el aborto, la violencia doméstica o el nacionalismo, suspenda usted la lectura ante el primer improperio, que ya está bien.

Luego, la minoría es liberal, ilustrada y un poco autocomplaciente. En el caso norteamericano, los demandantes, dos parejas homosexuales, están representados por los dos abogados más cremosos del país, David Boies y Ted Olson. Ambos letrados, tras haberse enfrentado profesionalmente en el pasado, han unido sus talentos descomunales en favor del matrimonio homosexual, han convocado a la élite exquisita de la academia universitaria y se han arropado en la brumosa Enmienda XIV a la Constitución federal, que prohíbe a los Estados privar a las personas de su libertad o tratarlas desigualmente.

La mayoría se ha encerrado en sí misma. «No queremos reconocer el matrimonio homosexual porque no queremos», ha venido a decir. El juez Walker los ha borrado del mapa cultural, aunque no todavía de la agenda política.

Las mayorías políticas, escribe el juez, no siempre han estado a la altura del respeto a la libertad de contraer matrimonio, pero a la postre los obstáculos al matrimonio han sido derribados. Así, también los esclavos carecían de capacidad matrimonial antes de 1863 y muchas leyes estatales rechazaron los matrimonios racialmente mixtos hasta, pásmense, después de la II Guerra Mundial. Luego, ya en el matrimonio, la identidad de las mujeres casadas se ha diluido secularmente en la de sus maridos y el matrimonio mismo se ha definido a partir de la división sexual del trabajo y, por tanto, de la diversidad sexual. Ya no: hoy, los cónyuges son iguales ante la ley y esta ni les impone obligaciones ni les atribuye responsabilidades en función de su rol social como hombre o como mujer; los casados deciden libremente cómo organizar su vida en común. Así, los roles, antaño definidos por el género, son asunto de cada pareja, no del Estado. Este carece, por lo tanto, de un interés atendible en vetar el matrimonio por razones de género, en prohibir casarse a quien no lo está y elige compartir su vida con otra persona, sea hombre o mujer.

Nunca se ha condicionado el matrimonio a la procreación. El matrimonio homosexual no daña a terceros -las familias homosexuales no son, por ejemplo y estadísticamente, peores padres que las heterosexuales, las divorciadas o las monoparentales- y, en cambio, es individual y socialmente beneficioso -las personas casadas viven más y, según manifiestan ellas mismas, mejor que las que permanecen solas-. Tampoco las licencias matrimoniales constituyen ningún género de recurso escaso que deba racionarse.

Llama, envidiosa, la atención del lector profesional español el rigor del juez en la apreciación de las opiniones de los expertos convocados al juicio. Un Walker implacable les ha exigido coherencia con los modos de hacer de la comunidad científica y ha rechazado a quienes ha considerado poco o en absoluto cualificados. Ello le ha permitido partir de una base probatoria lo más racional posible según el estado actual de los conocimientos. Sobre los estilos de vida cabe el debate, pero los hechos son muy tozudos: los matrimonios homosexuales no hacen daño a nadie.

Pablo Salvador Coderch, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra.