El debate lingüístico tiene toda la pinta de convertirse en uno de los ejes que condicionarán la elección del próximo presidente del gobierno de España. Por eso no está de más comparar los programas electorales de las principales formaciones políticas para ver si nos brindan algunas pistas sobre este tema. El Partido Popular defiende un tratamiento equilibrado de las lenguas en el marco educativo de las comunidades bilingües y Vox considera que el castellano debe ser lengua vehicular en todo el sistema educativo y propugna atenuar los requisitos lingüísticos en las administraciones públicas. En el otro lado, Sumar entiende que la pluralidad lingüística no debe limitarse a las comunidades autónomas con lengua propia y postula que su promoción y uso se extienda al conjunto de España y de sus instituciones, y también a la Unión Europea. Menos explícito es el PSOE, que elude en su programa la controversia lingüística y reduce su oferta a impulsar el uso del español y del resto de las lenguas cooficiales en la inteligencia artificial. El minimalismo, en cambio, no cala en los partidos políticos nacionalistas e independentistas, que despliegan minuciosas propuestas en todos los campos destinadas a favorecer la preeminencia o exclusividad de las lenguas cooficiales de sus comunidades autónomas.
El análisis de los programas y, sobre todo, la práctica de los Gobiernos permite vislumbrar la existencia de dos modelos enfrentados: uno reivindica el equilibrio institucional de las lenguas oficiales y el otro, la supremacía de las lenguas minoritarias o regionales. El primero aboga por un régimen de igualdad entre el castellano (lengua oficial del Estado) y las otras lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. El segundo anhela que todas las lenguas oficiales sean lenguas del Estado y de las instituciones (plurilingüismo) y «la lengua propia» en el ámbito autonómico goce de un régimen preferencial. El tema no es menor. La elección de un modelo u otro tendrá unas trascendentales consecuencias en las vidas de los ciudadanos. El fracaso o el éxito escolar de muchos alumnos dependerán de si pueden estudiar en su lengua materna o no. Las relaciones de los ciudadanos con la administración se facilitarán o se complicarán si tienen libertad para elegir la lengua de comunicación. El nivel de exigencia del conocimiento de las lenguas propias condicionará la participación en las pruebas de acceso a la función pública o el ejercicio de la actividad profesional en los ámbitos públicos o privados en determinados territorios.
La regulación lingüística es la palanca que impulsa el debate territorial. Es lo nuclear. Existe una correa de transmisión ideológica entre el tratamiento de las lenguas, el ser de España, su encaje constitucional y la consideración de España como Estado-nación, como nación de regiones y nacionalidades, como nación de naciones o como conglomerado de naciones aspirantes a Estado.
No es casual que, en la fase previa de negociación de la investidura, los defensores del Estado plurinacional y los partidarios del derecho a la autodeterminación hayan priorizado la reforma del Reglamento del Congreso para permitir la utilización de las lenguas propias de las comunidades autónomas en la sede de la soberanía nacional. Acabar con la consideración del español como lengua común es uno de los pasos que facilita la transmutación del régimen constitucional vigente.
Con este panorama, el consenso en materia lingüística parece imposible. Sin embargo, es necesario articular un marco normativo que, asumiendo la realidad social de nuestro país, asegure los derechos lingüísticos de los hablantes de castellano y de los que también se expresan en otras lenguas españolas. El objetivo debe ser facilitar la simbiosis, esto es, la vida en común.
Para regular esta materia es imprescindible que el Instituto Nacional de Estadística elabore el mapa lingüístico de España con carácter censal a efectos de conocer el número de hablantes de cada una de las lenguas y su grado de identificación con ellas.
Estos datos permitirán a las administraciones públicas interrelacionar con los ciudadanos con carácter general en las lenguas oficiales correspondientes a sus ámbitos territoriales. La prelación en que se haga se determinará en función del número de hablantes de la zona, no por las preferencias ideológicas de las autoridades. Los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, no de la administración y en la interlocución particular entre las administraciones y los administrados son estos los que deben decidir la lengua de las comunicaciones. Los avances tecnológicos permiten que con un clic los ciudadanos expresen su voluntad lingüística sin trabas y vinculen a los poderes públicos.
El artículo 139 de la Constitución dispone que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Hemos concluido que la administración debe atender a los ciudadanos en la lengua de su preferencia, pero ello no debe conllevar que todos los empleados públicos tengan que conocer las lenguas cooficiales.
En el ingreso en la administración debe primar el mérito y la capacidad y los requisitos a exigir a los candidatos deben ser proporcionales a las características del puesto de trabajo. Carece de toda lógica reclamar conocimientos lingüísticos desmesurados para empleos públicos en los que son esenciales las cualidades técnicas o en los que la presencia de la lengua cooficial es residual en el entorno. Más cuando en estos momentos el desarrollo de la inteligencia artificial permite la traducción en tiempo real de las interlocuciones orales y escritas.
La modulación de los requisitos lingüísticos tiene que alcanzar también al sistema educativo español, que debe fundamentarse en un modelo que garantice la educación preferente en la lengua materna, sobre todo en la primera enseñanza, y asegure el derecho a conocer las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. El Estado tiene que procurar a los alumnos la enseñanza en las lenguas oficiales en las mejores condiciones, pero no imponer la obligación de usarlas. Es antipedagógica la inmersión de los alumnos en una lengua única de enseñanza sin tener en cuenta en el proceso educativo la trascendencia de la lengua familiar. La teoría de la esponja (el niño lo absorbe todo) ha resultado falsa. No todos los alumnos tienen las mismas capacidades. El argumento de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias que utilizan los políticos nacionalistas no vale. España, con la suscripción del tratado, se comprometió a asegurar la enseñanza a los hablantes de estas lenguas cuando son oficiales, pero no a obligar a los hablantes de la lengua mayoritaria a estudiar de forma integral en la lengua minoritaria o regional.
La fórmula idónea es la de la suma de derechos, no la de la prohibición. El artículo 3 de la Constitución dispone que el castellano es la lengua oficial del Estado y el artículo 137, que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Concatenando esas premisas no es admisible que no se consideren oficiales topónimos o epónimos en castellano que son fruto de la realidad histórica, jurídica y social.
El nuevo gobierno, sea el que sea, debe dar una oportunidad a la convivencia de las lenguas españolas y no dejarse llevar por imperativos o ultimatos excéntricos de partidos que no buscan la amalgama, sino que trabajan para la separación política a través del uso preeminente o excluyente de «las lenguas propias» en el ámbito de su comunidad autónoma. La carambola electoral no debe facilitar tan perversas intenciones.
José Domingo es presidente de Impulso Ciudadano.