Imperio y libertad

Por Josep M. Colomer, profesor de Investigación en Ciencia Política del CSIC y profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (EL PAÍS, 15/01/06):

El liberalismo español ha tendido a asociar estado, nación y democracia. Se ha sostenido tradicionalmente que hacía falta construir un robusto estado español para que desde éste se pudiera construir una consistente nación española y que sólo el estado nacional español crearía un sujeto soberano para la democracia. Pero esta visión no corresponde a la realidad. Estado, nación y democracia son tres conceptos distintos que no siempre van juntos. Como es bien sabido, hay estados robustos y bien asentados que no han construido una nación, sino que son estados multinacionales. Asimismo, la democracia existió antes y existe fuera del marco del estado nacional. El Parlamento Europeo, por ejemplo, es una institución democrática, pero no se basa en un estado. Por su parte, el Parlamento de Cataluña, como las asambleas de las otras comunidades autónomas y de varias docenas de territorios en Europa, son también democráticos, pero tampoco corresponden a estados.

En Europa, España es el caso más claro de intento fallido en la construcción de un estado nacional. El núcleo castellano fue históricamente demasiado pequeño y relativamente débil para construir un estado nacional bajo su patrón lingüístico y cultural, capaz de asimilar al conjunto de los pueblos en el territorio. El grado de unificación territorial de España quedó muy lejos del caso típico, el estado francés, pero también de la asimilación conseguida por otros grandes estados en Europa.

Durante mucho tiempo, la relación de Cataluña con España fue de “imperio y libertad”, como dijo el historiador Jaume Vicens-Vives; es decir, “imperio” en la obra colectiva en Europa y América, y “libertad” en los asuntos internos, regidos en Cataluña por instituciones representativas propias basadas en las Cortes y la Generalidad. Fue sobre todo la disolución del imperio español durante el siglo XIX lo que hizo que el proyecto de estado nacional español perdiera atractivo y apoyos. El catalanismo político surgió entonces como una búsqueda de alternativa ante la frustración y la percepción de fracaso en la construcción española y se orientó a la construcción de una nación catalana, un estado catalán e incluso un imperio catalán alternativos.

Quizá lo menos previsible fuera que ni siquiera con el establecimiento, por primera vez en la historia, de una democracia duradera en España se consolidara la construcción de un estado nacional. Posiblemente uno de los puntos álgidos en la construcción de un estado nacional español se alcanzara en el periodo de transición 1976-1980. En esos años coincidieron varios procesos:

– Un reforzamiento del aparato del estado central mediante la expansión del gasto público y del número de funcionarios de la administración, el cual continuó durante los años ochenta.

– Una homogeneidad lingüística y cultural en torno al castellano relativamente alta, como consecuencia de las imposiciones, prohibiciones y persecuciones de un largo periodo dictatorial.

– Una nueva legitimación democrática del estado, cristalizada en la Constitución de 1978.

– Un gran aislamiento internacional, acumulado desde mucho antes, fuera de la OTAN y de la Comunidad Europea, lo cual favorecía la introspección.

A principios del siglo XXI, estos procesos han cambiado sustancialmente. La democracia en España ha comportado la dispersión del estado por arriba y por abajo. Mediante la integración en diversas alianzas internacionales, incluidas la OTAN y la Unión Europea, el estado español ha cedido la mayor parte de los poderes con los que había fundamentado su soberanía: la defensa, las fronteras, las aduanas, la moneda y gran parte de la política económica y otras políticas públicas. Por otro lado, la democracia también ha comportado la afirmación y las demandas crecientes de autogobierno de naciones pequeñas como Cataluña y Euskadi y las demás comunidades, a las cuales el estado ha cedido competencias, entre otros temas, en seguridad, educación, sanidad, obras públicas y recaudación de impuestos. La diversidad cultural y lingüística de España se ha incrementado, mientras se han debilitado los sentimientos de formar parte de una nación española, en beneficio de las identidades autonómicas. Tras un largo periodo democrático, resulta, pues, que el estado español ya no es lo que era ni será lo que pudo haber sido y no fue: un estado nacional soberano según un modelo westfaliano y francés.

Lo que existe actualmente en la Europa de la que forma parte España es una democracia multinivel en la que los poderes están divididos y compartidos y ninguno de ellos tiene una soberanía real y efectiva. A los distintos niveles actúan y a menudo se superponen: la Unión Europea, que es una democracia de tamaño imperial; los estados, como el español, que es de hecho multinacional y tiende a organizarse al modo federal, y el autogobierno en libertad de las naciones, como Cataluña y tantas otras. No existe hoy, pues, una única fuente de soberanía efectiva que permita establecer una jerarquía lineal de poderes, sino una diversidad de jurisdicciones.

Cataluña se encuentra, pues, ante una nueva oportunidad de “imperio y libertad”. Es precisamente la pertenencia a la Unión Europea lo que ha abierto nuevas posibilidades y expectativas de autogobierno. Cataluña, como cualquier otra comunidad, puede desarrollar actualmente variadas relaciones multilaterales: no sólo con el gobierno central del estado español, sino con las otras comunidades autónomas, así como con las instituciones centrales de la Unión Europea en Bruselas y, en una Europa sin fronteras, también con los demás estados y regiones de la Unión. Para que estas relaciones multilaterales puedan florecer se requieren, sin embargo, reglas institucionales que sean aceptadas por todas las diversas unidades políticas implicadas. Sólo con unas reglas pactadas, los estados, las naciones y los imperios pueden cooperar y tomar decisiones colectivas en mutuo beneficio. Éste puede ser el mensaje de fondo del nuevo Estatuto catalán.