Las negociaciones para la formación de Gobierno resultan incomprensibles desde la lógica democrática. Siguiendo el curso de esas conversaciones no parece que este país tenga una tasa de paro del 21%; que nuestro sistema de pensiones tenga un gravísimo problema financiero; ni que cada día mueran dos personas en accidentes laborales. Es como si no hubiera gente esperando 10 meses o más para ser atendido por un traumatólogo o para que le hagan una prueba médica; como si hubieran desaparecido los bancos de alimentos; como si el coste de la educación no se hubiera convertido en un problema. La lista sería larga.
Se han impuesto las patologías de nuestro sistema político. Durante los dos últimos meses, el debate se ha centrado en los cálculos aritméticos y las maniobras sumatorias parlamentarias para poder conformar Gobierno, dejando de lado que uno de cada cinco españoles está en el paro, que la mitad de los desempleados no tiene ninguna cobertura, que más de 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, el abuso de la contratación temporal y a tiempo parcial, los salarios insuficientes, o que 380.000 dependientes reconocidos aún no tengan prestación o servicio, que son, entre otros, los problemas fundamentales de los españoles. El falso debate ha estado presidido por la descalificación y el menosprecio a la ciudadanía, el descrédito del Gobierno en funciones y del partido que lo sustenta, la falta de interlocutores y la soberbia de hacer recaer en los demás la responsabilidad de que el PP pueda conformar Gobierno sin moverse de sus posiciones. Una forma de hacer política que alguno incluso calificó como “partida de póquer”, ignorando los problemas de los ciudadanos.
Ahora, en tan solo una semana, Ciudadanos y el PP pretenden alcanzar un acuerdo de investidura sobre algunas de las materias que sí importan a la ciudadanía. Pero si finalmente lo lograran, supondría dar continuidad a la política que ha venido desarrollando Mariano Rajoy durante los últimos años. Aun en el supuesto de que Ciudadanos consiguiera sacar adelante algunas de sus propuestas, como el contrato único, o el complemento salarial anual, su repercusión sobre el mercado de trabajo solo actuaría en refuerzo de la precariedad ya existente. Ni siquiera por la introducción de mecanismos novedosos, como la “mochila indemnizatoria austriaca” (sistema que gestionan patronal y sindicatos en Austria, por cierto), ya que obvian el resto de los elementos del sistema de relaciones laborales de ese país. Sería como querer importar la flexiguridad danesa sin contar con su sistema de protección social, o copiar el sistema de formación dual alemán sin tener en cuenta la configuración de su tejido empresarial. No se están abordando, por tanto, los problemas fundamentales, y no estamos en la perspectiva de una nueva y renovada etapa política, sino ante un ejercicio de continuismo político.
Solo tres de cada diez españoles que votaron en las elecciones del 26 de junio lo hicieron al PP. No creo que eso pueda ser interpretado como un respaldo a las políticas que hemos padecido en los últimos años, más bien al contrario. No sé si podemos asumir que tener un Gobierno es prioritario frente al para qué. No sé si podemos asumir que sí, que facilitar la gobernabilidad requiere renunciar a tus planteamientos y a tu posición institucional para facilitar una gestión pública que consideras equivocada, nociva, y que tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida de quienes ya han pagado sobradamente el precio de una crisis en la que otros se han fortalecido.
La democracia tiene que funcionar, pero el para qué no es accesorio. Los problemas reales que afectan a la gente y las políticas deberían ser el eje de la actuación y la materia de negociación. Para ello es fundamental que el nuevo Gobierno ponga en marcha un plan de choque para el empleo, derogue las reformas laborales, refuerce la protección por desempleo, apruebe una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para dos millones de familias sin recursos, restaure el contrato relevo para los mayores de 60 años, ponga en marcha un puente a la jubilación para los parados de larga duración con más de 55 años, garantice el presente y el futuro de las pensiones y del Estado de bienestar, suba el SMI e impulse crecimientos reales de los salarios, así como otras medidas contempladas entre las “20 medidas urgentes para el bienestar social” que en UGT consideramos que necesita el país, medidas con las que se han comprometido la mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario.
Josep María Álvarez es secretario general de la UGT.