Impostura: Imputación falsa y maliciosa. Fingimiento o engaño con apariencia de verdad. La campaña organizada por el PP en relación con el 'caso De Juana' me parece exactamente eso, una gigantesca impostura. La primera falsedad surge de quienes relacionan la condición carcelaria actual de este preso con los asesinatos por los que fue condenado a finales de los años ochenta. Una vez más tenemos que recordar que por aquellos hechos ya cumplió condena y se le aplicó la ley penitenciaria que le habría llevado a la libertad a mediados del año 2005. Por cierto, fue el Gobierno del PP el que le aplicó beneficios penitenciarios de reducción de condena de casi un año, por escribir un libro muchísimo más agresivo, filoterrorista y amenazante que los famosos artículos de 'Gara'. De manera que todo el griterío organizado en torno a la decisión adoptada por el Ministerio de Interior es pura utilización de los sentimientos repulsivos que genera este preso en la población, asociados a sus crímenes, por los que, conviene repetirlo, ya cumplió su condena.
Fue el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero el que instó a la Fiscalía a investigar si este preso había cometido algún delito por los citados artículos. No fue el PP el que tomó esta iniciativa, sino el Ministerio de Justicia del Gobierno socialista el que buscó en el Código Penal, por sus actos como preso, la prolongación de una condena cuya brevedad escandalizó a la ciudadanía. Por cierto, si en 2005 hubieran estado gobernando los que en su día le concedieron a De Juana beneficios penitenciarios por su apología terrorista en sus panfletos, es decir Rajoy, Acebes y compañía, quizás habría sido puesto en libertad sin más escándalo. Entre otras razones porque el PSOE en la oposición no habría actuado tan demagógica e irresponsablemente como lo está haciendo el PP con la política penitenciaria.
Y es aquí donde se añade la malicia a la falsedad. Porque se oculta intencionada y reiteradamente que De Juana está cumpliendo una condena de tres años, después de que el Tribunal Supremo redujera la pena que le había impuesto la Audiencia Nacional de 12 a 3 años de prisión. De los cuales había cumplido más de la mitad. Es decir, este preso estaba a punto de cumplir una pena leve (tres años) y no tenía pendiente ninguna por sus crímenes anteriores.
El argumento más sólido contra la decisión del Gobierno es que había un chantaje al Estado por la huelga de hambre y que se ha cedido ante él. ¿Cedió también a ese chantaje el Tribunal Supremo, adelantando la vista para dictar rápidamente su sentencia, ante el peligro de su vida y ante la hipótesis -luego verificada- de una absolución o de una importante reducción de la pena? ¿Cedió también el Supremo, es decir, el Poder Judicial español en su máxima expresión a ese chantaje, reduciendo la pena de doce a tres años? Nadie dijo nada entonces. Bueno, sí. La AVT convocó una manifestación, otra más, contra el Tribunal Supremo, a la que se sumó el PP, aunque a última hora cambiaron el motivo oficial de la convocatoria.
La imputación falsa y engañosa vuelve aquí porque la protesta se lanza contra el Gobierno que decide cambiar el grado de un preso condenado a una pena leve que en su última fase de cumplimiento corre el riesgo de morir. Es verdad que la causa de su posible muerte se la produce él mismo voluntariamente, pero corresponde a la responsabilidad del Estado evitarlo, y es así que la decisión del Gobierno se inscribe en una legalidad impecable e incuestionable. Los informes médicos advierten de la posibilidad cierta de un fatal desenlace o de lesiones irreversibles. La Junta de Tratamiento de la cárcel aconseja su pase a segundo grado y el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional lo confirma plenamente.
De Juana no ha sido puesto en libertad. Tampoco ha obtenido el tercer grado, ni mucho menos la libertad condicional. Ha sido trasladado al Hospital de San Sebastián y si recibe el alta médica seguirá cumpliendo su pena en su domicilio bajo control permanente. Nadie discute que la decisión es de plena legalidad, pero se reclama al Gobierno que no la hubiera tomado, es decir, que le hubiera seguido alimentando a la fuerza, asumiendo los graves riesgos antes citados. Y yo pregunto: ¿Puede un Gobierno decidir, como ha decidido éste, que esos riesgos son profundamente inconvenientes para el Estado? ¿Que resulta no sólo más humanitario sino mucho más inteligente evitar un desenlace fatal que iba a retrotraer la lucha contra la violencia a años ya superados? ¿Puede el Gobierno inscribir esta decisión en una elemental y compartida inteligencia política sobre la necesidad de evitar la realimentación del victimismo fanático de ese mundo? Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo, sobre un preso que, repito, estaba a punto de cumplir una pena leve, amparándose para ello en la misma legalidad que utilizaron siempre todos los gobiernos de España.
Es éste uno de los casos en los que un gobierno tiene que tomar decisiones eligiendo entre lo malo y lo peor, y además tiene que explicarlo para que lo entienda una ciudadanía sometida a una enorme tensión sentimental.
Pero, digámoslo claramente, es una tensión creada y alimentada por el primer partido de la oposición. El PP ha hecho del 'caso De Juana' un símbolo de su oposición al Gobierno socialista porque desde el principio de la legislatura había decidido acosar y derribar a Rodríguez Zapatero, en una estrategia que incluía la lucha antiterrorista. Por eso, el atentado de Barajas no fue respondido por una gran protesta unitaria contra ETA, sino por una manifestación contra el Gobierno. Algo que nunca había ocurrido antes. Por eso han mantenido, desde el inicio mismo de la legislatura, una persistente deslegitimación sobre la victoria electoral del PSOE del 14 de marzo. El 'queremos saber' sobre el 11-M que se hacía presente en muchas manifestaciones contra el Gobierno de víctimas del terrorismo y que más elocuentemente que nadie, recordaba hace sólo unos días Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno Aznar: «Tenemos derecho a saber qué grupo terrorista puso a Zapatero en La Moncloa».
Por eso han hecho de la política antiterrorista el eje de su oposición, utilizando a las víctimas y manipulando la política penitenciaria como nunca se había hecho en treinta años de democracia. Por eso enarbolan indignados la bandera de la dignidad del Estado contra el Gobierno, en el 'caso De Juana', coincidiendo con el aniversario del 11-M, para correr un tupido y cínico velo sobre las víctimas de aquella masacre que no interesan en esta representación. La imagen del ex presidente Aznar poniendo flores en la plaza de las víctimas de De Juana me parece una de las cosas más repugnantes y demagógicas que he visto en mi vida. ¿Por qué no las pone en Atocha? ¿Por qué no las puso cuando, siendo presidente, liberó a Esteban Nieto, por enfermedad terminal, el compañero terrorista de De Juana que puso la bomba en la plaza?
Es demasiada la rabia y la intolerancia que acumulan Aznar y los suyos como para creer en sus gestos y en sus manifestaciones. Sólo espero que el pueblo hable en las urnas y les diga ¿basta ya de mentiras e imposturas!
Ramón Jáuregui Atondo