La Comisión Europea ha publicado recientemente un eurobarómetro dedicado a la ayuda oficial al desarrollo; a pesar de las graves dificultades económicas que estamos atravesando, el 72% de la ciudadanía europea considera que debemos cumplir nuestros compromisos de ayuda con los países en desarrollo, o incluso incrementarlos.
Europa no es ya la primera economía del mundo, pero sí el primer donante y somos muchos los que deseamos mantenernos en vanguardia de la lucha contra la pobreza. A la vez, somos el continente de la cohesión social. En Europa, los impuestos y transferencias reducen las desigualdades más que en ninguna otra región del mundo. Pese a sus imperfecciones, nuestro sistema de seguridad social apuesta inequívocamente por una distribución de riqueza equitativa y sostenible. En los últimos meses hemos comprobado el reto que supone avanzar hacia un modelo similar, en el ámbito de la sanidad, para el nuevo Gobierno estadounidense.
Europa es la voz más autorizada para exigir un pacto mundial contra la evasión fiscal y a la vez promover un mejor diseño de los impuestos de los países en desarrollo. Por cada dólar dedicado a la cooperación internacional, entre 8 y 10 dólares salen ilícitamente de los países receptores de ayuda. No podemos evitar preguntarnos qué ocurriría si esos 800.000 millones de dólares (más de 585.000 millones de euros) anuales se invirtieran, de manera eficiente, en la provisión de bienes públicos. Estaríamos, qué duda cabe, ante un escenario de menor pobreza, mejor distribución de la renta y mayor dinamismo económico. El pasado junio, el Grupo de Trabajo noruego sobre Flujos Ilícitos de Capital publicó un informe muy claro sobre el impacto de los paraísos fiscales: cercenan la soberanía de los Estados, de cuyos recursos se nutren; aumentan los costes de imposición en los países sin secreto bancario; crean asimetrías de información en el mercado; dificultan la eficiencia en la asignación de recursos, y fomentan delitos económicos, a la vez que facilitan la comisión de otros, todavía más graves.
En los países en desarrollo, la evasión se combina con la escasa capacidad recaudatoria de los Estados para alimentar una espiral de pobreza y exclusión. El peso de los ingresos fiscales no alcanza a la mitad del que representan en los desarrollados (13% frente al 38% del PIB). El margen de maniobra para llevar a cabo políticas sociales es en general muy limitado, y más aún en tiempos de crisis. La recaudación de impuestos se corresponde, por otra parte, con la capacidad de los Estados para recabar una enorme cantidad de información, esencial a la hora de tomar decisiones políticas fundadas. Como escribió Joseph Schumpeter a principios del siglo XX, "los impuestos no sólo contribuyeron a crear el Estado, sino también a formarlo".
En las últimas décadas del siglo XX, buena parte de los trabajos sobre gobernabilidad económica en el Tercer Mundo fueron formulados en términos técnicos, apolíticos, dejando a un lado el necesario análisis sobre el modo en que los Estados pueden financiar sus funciones más básicas. Las cuestiones relativas a la democratización y la transparencia son, desde luego, importantes, pero también debemos preguntarnos dónde pueden hallarse los recursos locales que permitan financiar los bienes y servicios públicos, imprescindibles para consolidar la legitimidad del Estado, de tal manera que no se comprometa la solvencia fiscal ni la eficiencia económica. Al fin y al cabo, el sistema tributario viene a ser uno de los principales nexos de unión entre el Estado y la ciudadanía.
A raíz de la crisis que estamos atravesando, tanto la ONU como el G-20 han coincidido en la necesidad de mejorar la transparencia del sistema financiero internacional e incrementar los ingresos fiscales, mediante sistemas tributarios modernizados, como pasos indispensables para avanzar hacia una adecuada financiación del desarrollo.
La Unión Europea está capacitada para promover una adecuada gobernabilidad fiscal, mediante una posición común ambiciosa, basada en sus señas de identidad: la cohesión social y la solidaridad. El pasado diciembre, el Parlamento Europeo impulsó una conferencia de alto nivel sobre Fiscalidad y Desarrollo, que puso de manifiesto un alto grado de consenso entre las instituciones europeas competentes.
Durante la presidencia española, vamos a promover avances en este ámbito, impulsando un mejor diseño de los sistemas tributarios, así como una modernización administrativa capaz de mejorar la información fiscal y desincentivar la economía irregular, en los países en desarrollo.
Los avances no son fáciles, pero tampoco imposibles, como se ha demostrado en España. Los Pactos de la Moncloa, con su componente de reforma fiscal, fueron en su día esenciales para iniciar un proceso de recuperación económica -en un contexto de crisis mundial- sentando, a la vez, las bases para la construcción del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos actualmente. La mejora de la capacidad recaudatoria, unida al fortalecimiento de la eficacia y la rendición de cuentas -en definitiva, la legitimidad- de las instituciones, puede representar una verdadera liberación de la dependencia externa para los países receptores de ayuda oficial al desarrollo.
Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, y Eva Joly, presidenta de la Comisión de Cooperación del Parlamento Europeo.