La presencia del Estado, vía impuestos y gasto público en la economía, ha venido aumentando a lo largo de la historia hasta llegar a constituir un freno al crecimiento en los países que más lejos llegaron. En España, por afortunadas circunstancias históricas, la carga fiscal en relación con nuestro nivel de riqueza se vino manteniendo a un nivel relativamente bajo, así como el volumen de deuda pública. Sin embargo, en los últimos años, entre 2003 y 2007, nuestro país registró el mayor aumento de la presión fiscal de la UE-15 y desde el año pasado el déficit público se ha desbordado junto con la deuda pública; que, si le sumamos la privada, sitúa a nuestro país como uno de los más endeudados del mundo.
La crisis económica, debido a su agudeza y posible larga duración, puede cuestionar el crecimiento económico español si las decisiones de política fiscal no son acertadas: y hay serios motivos de preocupación.
¿Cuánto tiempo pasará para que el PIB y, sobre todo, la renta per cápita -lo que más fielmente define la riqueza de las naciones- regresen a su mejor pasado? El PIB posiblemente necesitará tres o cuatro años, y la renta per cápita tal vez más de cinco; circunstancias, ambas, no acontecidas desde hace más de medio siglo.
En presencia de tan grandes desafíos históricos, la fiscalidad puede co ayudar a la salida de la crisis o acentuarla aún más por largo tiempo. En materia impositiva tanto importan su cuantía y peso relativo como su naturaleza. Así, la fiscalidad española es especialmente desfavorable para la actividad empresarial. Frente a otros sistemas fiscales que facilitan la creación de riqueza para después obtener ingresos de los impuestos sobre los beneficios, el español impone costes al ejercicio de la actividad empresarial que limitan seriamente su ejercicio, competitividad y expansión. Es el caso de los costes de la Seguridad Social que deben pagar las empresas, situados entre los más altos del mundo, que las discriminan negativamente para competir en los mercados.
Si al lastre de los costes de la Seguridad Social se le suman los impuestos sobre actividades económicas y beneficios, las empresas españolas se encuentran entre las más penalizadas fiscalmente del mundo. A estas circunstancias fiscales se le añade ahora la amenaza de un aumento muy considerable de las cargas impositivas que puede agravar aún más la competitividad de las empresas y las posibilidades de salida de la crisis.
La doctrina económica y el sentido común establecen que un aumento de impuestos lastra las posibilidades de crecimiento económico y muy especialmente si se trata de impuestos a la renta y en particular, al ahorro. Tan importante como los impuestos es el gasto público, pues si se está hablando de aumentar aquéllos es para financiar éste. Entre los gastos públicos se encuentran los llamados sociales, las inversiones, los costes de la función pública y las desgravaciones fiscales.
En tiempos de crisis, la teoría económica, las empresas, los individuos y las familias dicen y actúan «apretándose el cinturón». No hay ninguna razón para que el Estado no opere de igual manera. Los derechos a la asistencia social no pueden disociarse de la posibilidad de financiarlos a largo plazo; y los países que han ignorado tal equilibrio, han terminado retrocediendo en su capacidad económica, y por tanto, en sus prestaciones sociales. Las inversiones públicas son el gasto público más sano, con la condición de que contribuyan a la productividad de la economía y nada la mejora más que las tecnologías de la información y la comunicación, que permanecen ignoradas por la política de gasto público.
La descentralización administrativa de España, siendo muy positiva, ha arrastrado un incremento de funcionarios y de gasto público consecuente que exceden con mucho las necesidades reales; incluso la sensata y sana política de privatizaciones de los gobiernos que tan positivos efectos han tenido para las finanzas públicas y la economía, está siendo absurdamente rectificada con la creación de nuevas e injustificadas empresas públicas autonómicas y municipales que vuelven a acrecentar el gasto público.
Las desgravaciones fiscales sólo pueden tener como finalidad orientar la actividad económica hacia una mayor eficiencia y competitividad. Sin embargo, recientemente se eliminaron las relativas a la innovación tecnológica, la formación y la exportación. España tiene por delante tres desafíos tan incuestionables como interrelacionados: crecimiento del PIB, del empleo y de la renta per cápita. En los tres casos, la política fiscal juega un papel relevante. Para impulsar la actividad económica y generar empleo, el crecimiento anual del PIB debe superar el 2% y para aumentar la renta per cápita los puestos de trabajo han de tener un contenido tecnológico cada vez mayor.
El impulso de la actividad económica necesita inversiones procedentes del ahorro que será absurdo penalizar, además de condiciones fiscales previas -Impuesto sobre Actividades Económicas y costes de la Seguridad Social- que no penalicen a las empresas en relación con sus competidores europeos. La inversión extranjera, imprescindible para un país ayuno de ahorro como el nuestro, no debiera ser ahuyentada por la política fiscal. Es de sentido común, está teóricamente demostrado y empíricamente contrastado, que un exceso de presión fiscal desanima o sumerge -fiscalmente- la actividad económica, de modo que mayores tipos impositivos en vez de aumentar la recaudación fiscal, la reducen.
Pero, si además de perseguir crecimientos de PIB y de empleo, queremos aumentar la renta per cápita, es preceptivo que la inversión tecnológica y la innovación dispongan de facilidades, algo que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 pone en cuestión.
No estando en manos del Gobierno la posibilidad de devaluar nuestra moneda para ganar competitividad -sólo a corto plazo y con limitaciones - y en presencia de un crónico y muy grande déficit comercial que pone de relieve nuestras insuficiencias competitivas, la política fiscal ocupa un papel determinante del futuro económico de España.
Un futuro de esperanzas -incluso de mayor recaudación fiscal a medio y largo plazo- si se llevaran a cabo las siguientes medidas:
- Reducción selectiva y suficiente del Gasto Público para alcanzar el equilibrio presupuestario o al menos aminorarlo al 3 %.
- Eliminación del absurdo y contra natura Impuesto a las Actividades Económicas.
- Reducción del Impuesto de Sociedades por debajo de la media UE-15.
-Rebaja de los costes empresariales de Seguridad Social al nivel de la UE-15.
-Despenalización fiscal de la reinversión de beneficios
-Incentivación fiscal de las inversiones TIC.
-Libre amortización de las inversiones tecnológicas.
Al cabo de un tiempo no demasiado largo de tomar estas medidas -como ya experimentamos en el reciente pasado-, el crecimiento económico, del empleo y de la renta per cápita permitirían una mayor recaudación fiscal, que podría soportar a medio y largo plazo el Estado de Bienestar que todos anhelamos, esta vez sobre bases realistas y sostenibles.
Jesús Banegas Núñez, presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.