Hoy en España existe una sensación generalizada de que políticos de todos los niveles, empresarios, jueces, miembros de la familia real, esposas, hijos, cuñados, yernos y primos segundos, y en general cualquiera con acceso la más mínima parcela de poder, hasta el pequeño Nicolás incluido, se consideran impunes a la hora de corromper y corromperse.
La ciudadanía clama contra tanto corrupto mangante con cuentas en Suiza y paraísos fiscales, fruto de comisiones y acuerdos inconfesables. No hay más que ver el barómetro de noviembre recién publicado del CIS en el que un 63,9% de los españoles consideran la corrupción el principal problema en España, frente al 42,7% del mes de octubre.
Al realizar el sondeo, había estallado la Operación Púnica, con más de 30 detenidos entre alcaldes y cargos públicos como lo fuera Francisco Granados, número dos de Esperanza Aguirre. Se conocieron también los gastos en viajes del presidente extremeño, José Antonio Monago, gastos que sugieren al menos una visión poco edificante sobre la utilización de los fondos públicos. También se obtuvo la impresión de que al presidente del Congreso no parecía importarle en exceso el control de los gastos oficiales de los diputados.
Fue en estas circunstancias, un día después del señalamiento de la ministra de Sanidad Ana Mato por el juez como partícipe lucrativa en el caso Gürtel y ante la proximidad de unas elecciones municipales, cuando Mariano Rajoy extrajo del baúl de los recuerdos 70 medidas de regeneración democrática, la mayor parte atascadas en el Congreso por voluntad de la mayoría absoluta de su partido, pero anunciadas ahora con alharacas en un vano intento de recuperar la confianza de los españoles en sus dirigentes.
Claro que el presidente no parece ahora el más indicado para adoctrinar sobre regeneración democrática, a la vista de las tramas que van aflorando en la mayoría de las cuales su partido no sale bien parado. La impunidad ha reinado durante demasiados años en este país. No se atajó en su momento; la Transición miró hacia otro lado, como en muchos otros aspectos, y la cultura de la corrupción se afianzó de manera “normal” a todos los niveles.
La sospecha de que hay todavía mucho más oculto que lo que ha salido a la luz hace más necesaria que nunca la investigación judicial y policial de las conductas sospechosas. Los jueces, por su parte, proponen medidas de alcance estructural, organizativo y de gestión para abordar de forma eficaz la lucha contra la corrupción. Frente a esto, la reforma anunciada por el Ejecutivo no pasa de ser pura cosmética. Medidas como la separación de procedimientos para evitar las macrocausas devienen una trampa y constatan el desconocimiento de cómo funciona el crimen organizado y de qué manera favorece a los corruptos; la limitación del tiempo de instrucción sin dotar de medios materiales y humanos es una quimera; la intervención de comunicaciones por el Ministerio de Interior resucita una práctica olvidada incluso en temas de terrorismo e introduce la sospecha y desconfianza en los jueces, sin explicar las razones de esa medida, de dudosa eficacia y alto contenido político.
En opinión de Transparencia Internacional, España no sufre una corrupción sistémica, sino una gran cantidad de escándalos de corrupción política de altos cargos en los partidos. La caída —no excesiva— producida en los últimos dos años en su puesto del ranking de países más o menos problemáticos, respondería, según TI al afloramiento de muchos de los casos de corrupción, la coyuntura económica y la conjugación paradójica de una mejora de los sistemas de control con la sensación social de impunidad. No comparto totalmente esta afirmación de TI, porque probablemente no toma en cuenta todos los antecedentes que en materia de corrupción se han vivido en España y que sugieren una tendencia permanente hacia la trampa y el aprovechamiento ilícito, desde hace muchos años.
Por mi trabajo como juez, no me resultan extrañas las formas en las que esta lacra se enmascara ni los múltiples tentáculos que desarrolla. Me entenderán bien jueces, fiscales, peritos, policías y guardias civiles si hablo de horas innumerables de trabajo ante una red de crimen organizado indagando desde el extremo del ovillo, tirando con delicadeza pero con mano firme para no alertar, pero a la vez cerrando el camino con la urgencia de no permitir que la pista se diluya en la ciénaga de los paraísos fiscales donde puede desaparecer para siempre.
En España la lucha contra la corrupción, o no ha existido o ha sido siempre artesanal, antes y ahora. Desde la política y las instituciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales no se palpa una voluntad diferente a la de la trampa y salir del paso, sin análisis ni propuestas, o con tantas que solo valen para justificar conciencias y parar imputaciones de inactividad. Falta un verdadero interés en profundizar en las causas de la corrupción que se ha llegado a aceptar como un hecho normal y algo a lo que se “tenía derecho” por el simple hecho de ocupar el cargo que, a partir de la toma de posesión, pasaba a ser “mi cargo”.
Las decisiones de combatir la corrupción duran en España el tiempo exacto para olvidarlas y seguir haciendo lo mismo. Mientras, la profunda desigualdad que la corrupción genera entre los ciudadanos y en el propio sistema productivo ni se tiene en cuenta.
En estos tiempos de pingües beneficios de los de siempre, tarjetas black, cuentas inconfesables, viajes de relax con cargo a lo público, resulta intolerable que el presidente del Gobierno se limite a “pedir perdón” por los casos que insistentemente señalan a su partido.
El ciudadano ha aprendido ya lo que es la corrupción y es por tanto el momento de tomar un papel mucho más activo para combatirla, a nivel nacional e internacional. Las tramas criminales de corrupción implican a sindicatos, saquean bancos o trucan concursos y colocan familiares, amigos o derivados en puestos de trabajo que carecen de explicación o fondo… ante la parálisis institucional.
Hay que actuar desde la sociedad civil. De lo contrario continuaremos en esta cultura sin escrúpulos y sin inteligencia que nos acosa. Recuerdo una anécdota de corruptos que contaba el juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia, sobre el interrogatorio del jefe mafioso Frank Coppola. El juez sintió curiosidad y le preguntó: “¿Qué es realmente la mafia?”. Coppola pensó unos momentos y respondió: “Señor juez: actualmente son tres los magistrados que desean convertirse en procuradores de la República. Uno de ellos es muy inteligente, otro está apoyado por los partidos que forman parte del Gobierno y el tercero es un imbécil. ¿Quién cree que será el elegido? Pues el imbécil. Esto es la mafia”, explicó Coppola.
Hoy, Día Internacional contra la Corrupción, apuesto por un futuro limpio con el esfuerzo de los ciudadanos, de los jueces y de los políticos honestos que se escandalizan con la acción de sus colegas. Y abogo por la educación. Definir una cultura de honestidad, de ética, de transparencia, de servicio público y derechos humanos es el desafío. Esa medida, señor Rajoy, sí es básica para la regeneración. Con ella, daremos respuesta a tantos ciudadanos honrados que aborrecen lo que ven y sufren todos los días por su país que los bandidos quieren repartirse.
Baltasar Garzón es presidente de FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón).