En los últimos días las calles de las principales ciudades de Estados Unidos se han llenado de miles de manifestantes que, pacíficamente, han mostrado su indignación por los repetidos casos de exoneración de la policía en incidentes en que resultaron muertos ciudadanos, todos ellos negros y todos ellos desarmados, sin justificación aparente.
Primero fue en Ferguson, Misuri, a raíz de la muerte del joven Michael Brown durante su detención por haber robado un paquete de cigarrillos: seis balazos a quemarropa lo mataron. Días después en Saint Louis un enfermo mental brandió una navajita (de las de sacacorchos) ante una patrulla que disparó a matar. Más tarde, en Cleveland, un niño negro de 12 años jugaba en el césped de su casa con una pistola de agua. La policía, asustada, lo liquidó de dos tiros. Lejos de allí, en Phoenix, un negro que llevaba una pizza a su familia fue muerto en la escalera de su casa al proseguir su camino sin entender porqué le conminaba la policía.
No son casos aislados. Aunque no existen estadísticas fiables de los llamados “homicidios justificados”, se estiman en un mínimo de 400 por año, según datos policiales, mientras que las organizaciones de derechos civiles los evalúan en más del doble. De estos cientos de homicidios sólo en un caso se consideró responsable a la policía. Esta persistencia en la impunidad explica la explosión de rabia que se produjo en Nueva York, extendida a múltiples puntos del país, cuando el pasado día 3 de diciembre, un gran jurado declaró inocente al policía Daniel Pantaleo de la muerte de un ciudadano negro, Eric Garner, padre de seis hijos, en en el barrio neoyorquino de Staten Island.
Garner fue abordado en la calle por la policía el 17 de julio pasado bajo la sospecha de vender cigarrillos por unidad sin pagar el impuesto de tabaco. Garner, que ya estaba harto de este tipo de acoso, se negó a obedecerles y entonces Pantaleo, con ayuda de otros policías, le aplicó una llave mortal, técnica policiaca, que consiste en apretar el cuello para impedir el reflujo de sangre del cerebro. Garner gritó “¡No puedo respirar!” once veces. Y murió. Algunas interpretaciones apuntan al hecho de que la envergadura de Garner suscitó un espíritu competitivo en la policía para ver quién era el que lo derribaba.
En cualquier caso el vídeo grabado, y difundido viralmente, no deja lugar a dudas sobre la brutalidad del asalto. De ahí la indignación generalizada ante el veredicto de no responsabilidad. Sobre todo porque llueve sobre mojado, después de que apenas unos días antes otro gran jurado en Misuri exonerara a la policía de la ciudad de Ferguson por el homicidio de Michael Brown. Y es que en Estados Unidos el fiscal del distrito puede optar en algunos casos por nombrar un gran jurado antes de someter el caso al juez y al jurado popular.
Solamente si este llamado gran jurado encuentra indicios de culpabilidad se prosigue la vía judicial. Tal procedimiento permite al fiscal nombrar a las personas que él considera adecuadas, lo que sesga el procedimiento del caso. Esto fue particularmente evidente en Misuri, porque el fiscal que llevó la acusación era hijo de un oficial de la policía que resultó muerto en un enfrentamiento con un ciudadano negro. Pese a ello, no se aceptó la recusación y el resultado fue el que fue.
En el caso de Garner, el policía Pantaleo había sido objeto de dos querellas legales por ciudadanos sometidos a sus abusos, sin que fuese reprobado por ello. Y es que la policía, en Estados Unidos y en todos los países, hace piña entre ellos en cuanto se acusa a alguien. Y el que contribuye a denunciar la injusticia sufre el ostracismo y a veces la venganza de sus colegas.
Aprovechando la epidemia de miedo que sufre la sociedad estadounidense los policías se erigen en protectores a condición de que nadie cuestione su actuación. Se va formando así un microestado policiaco en que hay ciudadanos-policías de primera clase que se arrogan derechos sobre los ciudadanos de a pie, amparados en la impunidad administrativa que les cubre. De una u otra forma se trata de un fenómeno casi general en el mundo.
Hay casos extremos como el de México, en el que buena parte de la policía está a sueldo de los narcos y participan en sus asesinatos, como en el reciente episodio de la ciudad de Iguala contra el que se ha levantado la sociedad mexicana en 60 ciudades.
Pero hay indicios en ese sentido en muchos otros países, incluida España, en donde la “ley Mordaza” que acaba de aprobar el Partido Popular (que parece que quiere morir matando en sus agónicos estertores electorales) abre la vía a abusos legalizados contra los más vulnerables y contra la protesta social. Por eso es importante la reacción contraria a dicha legislación en nuestro país. Y por eso se ha producido un cambio cualitativo en Estados Unidos con un movimiento masivo, de negros y blancos, de todas las condiciones sociales, contra la injusticia institucionalizada.
Movimiento duramente reprimido, como ocurrió el miércoles de esta misma semana en Berkeley en donde policías de paisano esgrimieron sus pistolas ante los manifestantes. Pero las semillas del Occupy Wall Street han vuelto a reverdecer en cuanto surgió una nueva chispa de indignación. En ese contexto la revelación por el propio Senado de las torturas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el pretexto del terrorismo podría encender aún más la hoguera del “Ya basta” contra un sistema inicuo.
Del miedo a los criminales se está pasando al miedo a las fuerzas policiales. Y de ahí a la indignación y la protesta sólo hay un paso que están dando ya miles de jóvenes en las calles de Estados Unidos y del mundo.
Manuel Castells