Incompleta, injusta, ineficaz

El espectacular aumento de la desigualdad en España en los últimos años ha revivido el debate sobre el grado de cohesión social al que aspiramos y los costes que ello conlleva. En esta cuestión, la fiscalidad ocupa un lugar destacado, pues además de un mecanismo recaudatorio es un instrumento central de redistribución y equidad. Esta semana se ha debatido en el Congreso la reforma fiscal del Gobierno del PP, lo que permitirá justamente contrastar visiones diferenciadas de modelo de sociedad, de los distintos planes para salir de la crisis y cómo repartir los costes para salir de esta.

El Gobierno, ante la incierta mejora en la recaudación, ha tomado una decisión irresponsable. Aprobar un regalo fiscal a las rentas más altas y a las grandes corporaciones es irresponsable porque pone en riesgo la cohesión social y la recuperación económica. La mejoría de la recaudación que anuncia el Gobierno se debería destinar a salvaguardar un bien tan preciado como la cohesión social, puesto que conocemos por experiencia que las crisis económicas conllevan caídas de la recaudación y mermas del Estado de bienestar. Por consiguiente, no nos podemos permitir ese regalo fiscal en términos de convivencia y de salida de la crisis, porque con más desigualdad no hay crecimiento económico sostenido.

Es sabido que nuestro sistema fiscal adolece de insuficiencia recaudatoria por la erosión de las bases imponibles y el enorme nivel de fraude fiscal. Uno de los problemas que explican, en parte, nuestro elevado déficit y deuda pública. Los ingresos públicos se han desplomado durante la crisis y apenas alcanzaron el 37,8% del PIB en 2013, pese a las extraordinarias subidas de impuestos, situándose nueve puntos porcentuales por debajo de la media europea.

Ahora bien, la política fiscal hay que analizarla como una unidad: ingresos y gastos. En España se confunde en muchas ocasiones política tributaria con política fiscal, pero la política impositiva forma parte de un concepto más amplio que llamamos política fiscal; pues bien, el Gobierno en “su” reforma fiscal realiza dos grandes cambios normativos: bajar el IRPF básicamente a las rentas altas y rebajar el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones. Todo ello lo acompaña con un recorte drástico del Estado de bienestar y con un incremento de la imposición indirecta como nunca se había producido en la historia de la hacienda pública.

En un país como España, con un serio problema de ingresos públicos, la reforma fiscal del Gobierno no va a generar recursos nuevos para recuperar los injustos recortes sociales de los últimos años. Muy al contrario, implicará una caída adicional de ingresos fiscales de unos 9.000 millones de euros, según estimaciones del propio Gobierno, lo que nos alejará aún más de los niveles de recaudación europeos, aumentará las desigualdades y cercenará el Estado de bienestar hasta dejarlo en mínimos históricos, pero a su vez no ayudará a sacar a España de la crisis económica, porque con más desigualdad no hay crecimiento económico sostenido.

Pero es que además la reforma fiscal del PP es tremendamente injusta, pues el 10% de los ciudadanos con más renta se benefician del casi 60% de la bajada de los impuestos y el 1% más rico se beneficia del 30% de dicha bajada; mientras tanto, el 30% de los ciudadanos con menos renta, alrededor de seis millones de españoles que ya no tenían que pagar prácticamente por IRPF, no solamente no se benefician de dicha reforma sino que serán los principales perjudicados por los recortes en el Estado de bienestar, por los copagos, aumentos de tasas, precios públicos y, en general, el incremento de la imposición indirecta.

Por ejemplo, las 4.600 personas que ganan más de 600.000 euros se van a beneficiar de la bajada de impuestos del IRPF más que el 40% de los contribuyentes que menos ganan, aproximadamente, ocho millones de personas, de forma que los primeros se ahorrarán de media casi 72.000 euros y los segundos 52 euros.

Por el lado del impuesto de sociedades, el Gobierno anunció una reforma estructural de este para reconstruir las bases imponibles, que se han desplomado desde el comienzo de la crisis. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que la reforma aprobada supone una caída de la recaudación de unos 3.000 millones de euros, es decir, un regalo fiscal en toda regla a las grandes corporaciones, mientras a los autónomos se les bajan parcialmente las retenciones que el propio Gobierno había subido. Pero en modo alguno se les reduce los impuestos. La consecuencia final será que el impuesto de sociedades en 2016 va a tener el menor peso en el PIB desde el comienzo de la crisis.

Si como decimos la reforma impositiva que propugna el Gobierno tiene un coste recaudatorio como el mencionado anteriormente, si la deuda pública sobrepasa el billón de euros y si se quiere cumplir con la reducción del déficit acordada con la UE, el Gobierno continuará haciendo dos cosas: seguir subiendo la imposición indirecta que pagan por igual todos los ciudadanos independientemente de su renta y, en segundo lugar, continuará recortando el Estado de bienestar del que son principales beneficiarias nuevamente las rentas medias y bajas.

Por consiguiente, una política fiscal tremendamente injusta que incrementa la brecha económica de nuestro país que ya, de por sí, es grande y creciente, por la vía de transferir renta y bienestar de los trabajadores y una parte importante de las rentas medias a las rentas altas y las grandes corporaciones.

La reforma del Gobierno se olvida de dos grandes elementos de progresividad: incluir la riqueza y la lucha contra el fraude. Las medidas contenidas en los anteproyectos de ley presentados por el Gobierno no contienen absolutamente nada sobre fiscalidad patrimonial (impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones, sicav, etcétera) y la progresividad del sistema tributario depende, en gran parte, de la combinación del IRPF, patrimonio y sucesiones. El otro de los grandes olvidados es la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, y ello es así porque durante toda la legislatura la lucha contra el fraude no ha sido una prioridad para el Gobierno.

Precisamente la propuesta de reforma fiscal que plantea el PSOE y aprobó en su Conferencia Política se asienta sobre dos grandes elementos: incluir la riqueza en el IRPF y una ambiciosa estrategia de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Con la idea de que los contribuyentes paguen en función de lo que poseen y que paguen los que no pagan. Ello podría aliviar la carga a muchas rentas medias y a muchas empresas, medianas y pequeñas.

España necesita una reforma tributaria en profundidad y un cambio de mentalidad que potencie el civismo fiscal. Los ciudadanos tienen que entender que los impuestos son el precio de la cohesión y financian los servicios públicos que demandan y disfrutan. No obstante, también tienen que percibir que el sistema fiscal es justo y transparente y que se les rinde cuentas para que sepan y controlen el destino de cada euro recaudado.

En definitiva, con su reforma fiscal, el Gobierno apuesta por una salida de la crisis que acentúa la desigualdad y rediseña a la baja nuestro Estado de bienestar. Pero esta vía tampoco nos sacará de la crisis. Los socialistas, en cambio, apostamos por un modelo que nos acerque a Europa, una sociedad mejor y más solidaria en la que todos debemos contribuir en la justa medida.

Manuel de la Rocha Vázquez es secretario de Economía del PSOE y Pedro Saura García portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista.

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